Vox se atrasa en el cumplimiento de millonarios contratos con la Conatel

A mediados del año pasado la empresa de telefonía móvil Vox (Hola Paraguay), propiedad del Estado, debía poner en funcionamiento un total de 84 radiobases y 1.715 kilómetros de fibra óptica de 24 pelos, según los contratos 75 y 76, firmados el 27 de diciembre de 2012 entre Francisco Galiano Morán, titular en ese entonces de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), y Carlos Gómez Zelada, presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

La telefónica estatal solicitó varias prórrogas al ente regulador para poder cumplir con los dos contratos de G. 20.000 millones cada uno, porque no contaba con recursos para la contrapartida.

Justamente Vox fue beneficiada con los dos contratos de G. 20.000 millones cada uno y venía registrando millonarias pérdidas económicas de G. 31.000 millones en 2012 y G. 73.000 millones en 2011.

Los G. 40.000 millones provienen del Fondo de Servicios Universales (FSU), que tiene Conatel para financiar servicios de telefonía e internet en comunidades declaradas de interés público.

Sobre las obras, en Conatel explicaron que las torres y el tendido de fibra óptica siguen en proceso de instalación, y en Vox informaron que “están concluyendo”. Ya solicitaron la inspección técnica de las obras, dijeron.

Para cumplir con los contratos de Conatel, Vox tenía que licitar la provisión de bienes y servicios. Como la empresa del Estado realiza sus compras fuera de la fiscalización de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), no se supo de la convocatoria de empresas para la licitación. En forma extraoficial se supo que la administración de Galiano Morán había adjudicado un contrato de US$ 10 millones a la empresa DC Ingeniería, propiedad de Luis Duarte Luraghi.

Para evitar el control de la DNCP, Vox se ampara en un cuestionado dictamen de 2011 del entonces procurador general de la República, Enrique García, que dice que Vox es “una empresa privada” porque su dueña es Copaco, una compañía telefónica cien por ciento propiedad del Estado.

En el contrato N° 75/2012 que Vox firmó con Conatel figura que debe instalar 40 radiobases (20 modificadas) y 944 kilómetros de fibra óptica de 24 pelos, que debe abarcar 40 municipios de seis departamentos (Misiones, Ñeembucú, Itapúa, Paraguarí, Cordillera y Caazapá). Solo seis sitios debía contratar la telefónica, porque para el resto utilizaría la infraestructura de Copaco, refiere el documento. A su vez, el contrato N° 76 establece la instalación de 44 radiobases (13 modificadas) y 771 kilómetros de red de fibra óptica, que deben abarcar 40 municipios de siete departamentos (Concepción, San Pedro, Amambay, Canindeyú, Caaguazú, Alto Paraná y Guairá). De acuerdo al documento, la mayoría de la infraestructura utilizada por Vox para cumplir con el contrato es de Copaco. Para cubrir 12 sitios debía contratar a otras empresas. En ambos casos Vox presentó convenio firmado con Copaco por el que establecen el uso compartido de la infraestructura.

La empresa había realizado los últimos años millonarias inversiones que solo eran en los papeles, por lo tanto nunca tuvieron el retorno económico que debían tener.