• 23-11-2014

    Dar a conocer los nombres de los evasores del seguro social

    El presidente del IPS, Benigno López, ha revelado que los aportes obrero-patronales registran una evasión de cerca del 55%. Nada sorprendente, pues bien se sabe que el Estado es víctima no solo de la corrupción de sus funcionarios, sino también del fraude cometido por los particulares. En las últimas décadas, los representantes de los empleadores y de los trabajadores no han hecho nada memorable para combatir la enorme evasión denunciada. Han venido tolerando no solo que el IPS tenga mucho menos ingresos que lo que corresponde, sino también que los empleadores honrados sufran la competencia desleal de los defraudadores y que los trabajadores se vean privados del seguro obligatorio. A la opinión pública le gustaría saber ahora cuáles son las empresas implicadas en la masiva evasión referida. La policía no tiene inconvenientes en revelar los nombres de los presuntos rateros mayores de edad que ha capturado, así que el IPS tampoco debe tener reparos en revelar los de aquellos presuntos evasores del seguro social.

  • 22-11-2014

    Los concejales deben ponerse las pilas

    Solo después de que este diario denunció que entre los proveedores de los insumos irregularmente adquiridos por la Gobernación para el almuerzo escolar figuraban una de sus funcionarias y dirigentes de base colorados, los concejales departamentales de Misiones que pertenecen al PLRA pidieron informes al gobernador Derlis Maidana (ANR). El caso misionero no es ninguna excepción, ya que a lo largo y ancho del país puede observarse que los concejales departamentales ignoran su cometido de controlar la gestión del gobernador. En el mejor de los casos, dan la impresión de que no saben para qué fueron electos ni cuáles son sus responsabilidades, y eso que no debería costarles mucho velar por una buena gestión. En el caso de los concejales municipales, intentarán seguir ocupando sus bancas o la intendencia. Que por lo menos en el último año de su gestión traten de ponerse las pilas por el bien de sus conciudadanos. Es hora de que se dejen de holgazanear, y ni qué decir de encubrir o involucrarse en los desmanejos en sus instituciones.

  • 21-11-2014

    ¡Era hora!

    En un recinto como el Congreso, acostumbrado a abroquelarse como en un búnker cuando se trata de defender a uno de sus miembros ante la más mínima acusación, asistimos ayer a un hecho histórico: la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico del Senado denunció, con nombres y apellidos, a media docena de legisladores sobre quienes existen serios indicios de vinculación con el narcotráfico. Si bien los nombres y las circunstancias no son nuevos, pues ya fueron ventilados en la prensa, debe valorarse esta suerte de “oficialización” de los casos ante un Poder del Estado. Por alguna razón, el informe se limitó apenas a la punta del iceberg que se esconde bajo la superficie del submundo del narcotráfico. Por eso, no se explica, por ejemplo, la llamativa omisión del caso que involucra a la influyente diputada colorada Cristina Villalba, ligada al narcotraficante Vilmar Acosta, exintendente de Ypejhú y sindicado como autor moral del asesinato de nuestro periodista Pablo Medina y su acompañante. No obstante, es un auspicioso comienzo para hacer efectiva una profunda investigación sobre el mal de la “narcopolítica” en nuestro país.

  • 20-11-2014

    Gobernadores, intendentes y seccionaleros en el pillaje de la plata para los pobres

    Tanto el programa del gobierno de Fernando Lugo “Tekoporã” como el de Horacio Cartes “Sembrando Oportunidades”, dirigidos a asistir a familias rurales carenciadas y a aumentar el ingreso de los pequeños agricultores mediante la venta directa de sus productos para alimentación escolar, respectivamente, son iniciativas altamente loables. Lamentablemente, ambos programas –al igual que el Fonacide– no alcanzaron ni están alcanzando los objetivos propuestos debido a la corrupción inherente a la administración de los mismos por parte de gobernadores, intendentes y operadores políticos ladrones y a la absoluta impunidad con que estos malandrines actúan en el pillaje de la poca plata que el Gobierno canaliza para atenuar la pobreza que aflige a buena parte de la población de nuestro país, en particular en las áreas rurales. Para que estos programas rindan sus frutos. es necesario que el presidente Cartes moralice el gerenciamiento de los mismos mediante medidas correctivas enérgicas, castigando ejemplarmente a los administradores bandidos.

  • 19-11-2014

    Impresionante barbaridad jurídica

    La Cámara de Diputados aprobó en general un inconstitucional proyecto de ley de “extinción de dominio”, que no solo permite que el Ministerio Público bloquee cuentas y disponga de los bienes presuntamente adquiridos mediante el narcotráfico, sino también que esos bienes pasen al dominio del Estado sin que para ello sea necesaria una previa condena penal. Reforzar la legislación para combatir con más eficiencia ese delito no debe suponer violar la Constitución, que consagra la presunción de inocencia y que dispone que “quedan proscriptas la pena de confiscación de bienes y la de destierro”. Se trata, lisa y llanamente, de una barbaridad jurídica que el Congreso debe rechazar. Con otra iniciativa en estudio sobre expropiaciones genéricas, y las confiscaciones, estamos en presencia de dos proyectos de leyes totalmente inviables, por lo que los legisladores deben tener la sensatez de evitar un preocupante intento de avance del Estado –o del Gobierno actual– sobre la Constitución Nacional y los derechos fundamentales que consagra.

  • 18-11-2014

    Desfachatada repartija de la Justicia por los políticos

    Con base en el vaivén de negociaciones que vienen entablando la ANR y el PLRA con relación al juicio político a miembros de la Corte Suprema, la única certeza que tiene la ciudadanía es que la supuesta independencia y equilibrio de los Poderes del Estado es una miserable estafa intelectual al pueblo soberano. En estos momentos el horno azulgrana no está para bollos. Ante tan revuelto escenario político, la ciudadanía no puede menos que preguntarse: ¿qué significa esto? ¿Que el miembro en cuestión es parte de una gavilla? ¿Por qué razón diputados o senadores tendrían que “oponerse” a que se cambie a un miembro de la Corte Suprema de Justicia? Evidentemente, es porque esa persona es parte de una gavilla en forma de mafia que actúa en las catacumbas para comprar y vender intereses económicos que deban dirimirse en la justicia. Son unos desfachatados, ya que con su actitud están demostrando abiertamente que los parlamentarios tienen injerencia directa en los fallos judiciales.

  • 17-11-2014

    La planta de uranio de Formosa ya despide mal olor

    En un editorial que publicamos el 4 de julio del año pasado, afirmábamos que “Una nueva amenaza de grandes proporciones, proveniente de la Argentina, comienza a asomar en el horizonte del Paraguay”. Nos referíamos a la planta de fabricación de combustible nuclear que el Gobierno del vecino país planeaba instalar en la provincia de Formosa, a pocos kilómetros de la frontera con nuestro país, y que tal noticia resultó de una filtración porque, hasta entonces, no había información oficial alguna respecto a tan delicado asunto. Desde entonces, la Cancillería paraguaya hizo poco o nada respecto a este tema. Mientras tanto, son muchas las organizaciones ambientalistas y centros de estudios científicos argentinos que objetan el proyecto de la mencionada fábrica de dióxido de uranio. Si nuestros políticos, en sus discursos, declaraciones y campañas electorales se llenan la boca con la palabra “transparencia”, pero llegado el momento de hacer realidad esa cualidad prefieren el secretismo y el “ñembotavy”, entonces la gente tiene derecho a pensar que dentro de la olla se está cocinando algo podrido. Y este asunto de la planta nuclear de Formosa ya comienza a despedir un tufo nauseabundo.

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