• 28-11-2014

    El Gobierno debe rectificar su rumbo populista

    Con enormes perjuicios para miles y miles de personas, grupos de campesinos están cerrando el tránsito en las Rutas III y X para lograr, según dicen, que el Estado subsidie el cultivo de chía y condone deudas contraídas con el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH). Estos reclamos pueden dar la impresión de que tienen fundamento dado el pésimo precedente sentado por el presidente Horacio Cartes cuando promovió la malhadada ley por la que los contribuyentes asumieron la deuda acumulada por la vaciada Azucarera Iturbe SA. El Estado no debe ser el gran salvavidas, y no debe correr con las pérdidas ni de los empresarios ni de los agricultores. Lo que está en juego es siempre el buen uso del dinero público. Cualquier grupo de presión tiende a buscar ventajas a costa de la generalidad, de modo que el Estado debe evitar convertirse en su instrumento, cuidando que el dinero público sea invertido a favor de todos. Debe desalentar a quienes traten de obtener provechos particulares mediante el patrocinio gubernativo.

  • 27-11-2014

    Pisotearán la Constitución para socorrer a la quebrada Petropar

    La Cámara de Senadores tratará hoy el proyecto de ley “de fomento del consumo del alcohol absoluto (etanol)...”, producto que se mezcla con las naftas. El título del documento oculta no solo la pretensión de que Petropar monopolice la importación y comercialización de la nafta inferior a 91 octanos, sino también la de que solo ella pueda mezclarla con el etanol para su ulterior venta a las firmas distribuidoras. Estas normas, que le permitirían copar el 85% del mercado de combustibles, violan el art. 107 de la Constitución, que garantiza la libre competencia en el mercado y prohíbe la creación de monopolios, así como el alza y la baja artificiales de precios que traben la libre concurrencia. Es necesario respetar la Constitución e impedir así que los consumidores se conviertan en rehenes de Petropar. El proyecto apunta a que esta empresa llegue a tener una posición dominante en el mercado, gracias a unas disposiciones inconstitucionales que tendrán consecuencias desastrosas para la economía nacional. El precedente que dejaría una ley como la proyectada sería francamente nefasto.

  • 26-11-2014

    Entreguista posición paraguaya sobre la planta nuclear en Formosa

    Según el canciller Loizaga, no se puede objetar que la firma Dioxitek argentina traslade a la vecina provincia de Formosa una planta de dióxido de uranio para centrales nucleares, clausurada previamente por la Municipalidad de Córdoba. Haciendo suya la opinión del Gobierno argentino, el canciller paraguayo sostiene que se trata de una simple instalación química, opinión compartida por nuestro embajador en Buenos Aires, Nicanor Duarte Frutos, que no es la primera vez que actúa como “lobbista” de los intereses argentinos en una cuestión que atañe al Paraguay. Estas opiniones surgen pese a que la propia Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) del vecino país ubica a la planta entre los “complejos minero-fabriles de uranio”. Estamos, pues, ante un proyecto de serio riesgo potencial para los formoseños y los paraguayos. Antes que una actitud complaciente de nuestros funcionarios, el Estado debe garantizar que la salud de la población no corra ningún riesgo, llevando a cabo desde ya todas las acciones apropiadas para precautelarla.

  • 25-11-2014

    Senadores traicionan el voto popular

    El Senado revocó una resolución de su presidente, Blas Llano, por la cual había anulado el pago de gratificaciones a funcionarios de ese cuerpo legislativo y del Congreso. La revocatoria en beneficio de los paniaguados de los legis- ladores y en perjuicio de la población fue dispuesta por unanimidad, a pedido de la senadora Desirée Masi, que se dice tan preocupada siempre por las carencias de la salud pública. Se ha visto una vez más que el dispendio tiene un carácter interpartidario; así que la pertinente repulsa ciudadana debe comprender a todos los colores. Se impone que la sociedad civil haga saber a esos desvergonzados que no deben seguir tomándole del pelo, y que si quieren favorecer a sus acólitos parásitos, que lo hagan con dinero sacado de sus bolsillos. El dinero público que hacen llover sobre los suyos debe servir para atender las necesidades del pueblo y no de un pequeño grupo de personas que actúan como vividores consentidos por quienes traicionan el voto popular.

  • 24-11-2014

    El populismo alienta demandas absurdas

    Tan solamente observando las clases de reclamaciones que en este momento están presentando algunas organizaciones campesinas o sindicales urbanas al Gobierno, cualquiera puede darse cuenta del nivel de populismo, de deshonestidad política y de conducta errática o especulativa que hemos alcanzado en nuestro país. Este es el resultado de la politiquería electoralista, de los gobiernos de pésima calidad ética que vinieron después del derrocamiento de la dictadura y que terminaron por imponerse como práctica común y corriente entre nuestros políticos. Llegadas las semanas del año en las que el Congreso debate sobre el Presupuesto General de la Nación, los oportunistas salen a las calles y caminos a reclamar a los gritos lo que definen como “derechos”, que son siempre los mismos zarpazos que desean arrancarles a los fondos públicos, utilizando su poder de chantaje sobre los gobernantes y dirigentes pusilánimes, quienes, con tal de no arriesgar sus chances electorales, comienzan a ceder en todas las demandas.

  • 23-11-2014

    Dar a conocer los nombres de los evasores del seguro social

    El presidente del IPS, Benigno López, ha revelado que los aportes obrero-patronales registran una evasión de cerca del 55%. Nada sorprendente, pues bien se sabe que el Estado es víctima no solo de la corrupción de sus funcionarios, sino también del fraude cometido por los particulares. En las últimas décadas, los representantes de los empleadores y de los trabajadores no han hecho nada memorable para combatir la enorme evasión denunciada. Han venido tolerando no solo que el IPS tenga mucho menos ingresos que lo que corresponde, sino también que los empleadores honrados sufran la competencia desleal de los defraudadores y que los trabajadores se vean privados del seguro obligatorio. A la opinión pública le gustaría saber ahora cuáles son las empresas implicadas en la masiva evasión referida. La policía no tiene inconvenientes en revelar los nombres de los presuntos rateros mayores de edad que ha capturado, así que el IPS tampoco debe tener reparos en revelar los de aquellos presuntos evasores del seguro social.

  • 22-11-2014

    Los concejales deben ponerse las pilas

    Solo después de que este diario denunció que entre los proveedores de los insumos irregularmente adquiridos por la Gobernación para el almuerzo escolar figuraban una de sus funcionarias y dirigentes de base colorados, los concejales departamentales de Misiones que pertenecen al PLRA pidieron informes al gobernador Derlis Maidana (ANR). El caso misionero no es ninguna excepción, ya que a lo largo y ancho del país puede observarse que los concejales departamentales ignoran su cometido de controlar la gestión del gobernador. En el mejor de los casos, dan la impresión de que no saben para qué fueron electos ni cuáles son sus responsabilidades, y eso que no debería costarles mucho velar por una buena gestión. En el caso de los concejales municipales, intentarán seguir ocupando sus bancas o la intendencia. Que por lo menos en el último año de su gestión traten de ponerse las pilas por el bien de sus conciudadanos. Es hora de que se dejen de holgazanear, y ni qué decir de encubrir o involucrarse en los desmanejos en sus instituciones.

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