• 26-05-2016

    Descabellado proyecto de ley de tenencia de armas

    Acertadamente, la Cámara de Diputados resolvió postergar el estudio del proyecto de ley sobre armas de fuego presentado por el diputado Amado Florentín (PLRA). De convertirse en ley este desatinado proyecto, va a afectar a 7 millones de habitantes de la República. Una ley debe ser antes que nada útil para la sociedad; debe ser clara, fácil de cumplir y no onerosa. Todo lo contrario de esta que están por sancionar, que va a ser más bien una formidable mina de corrupción para las autoridades encargadas de hacerla cumplir: los policías y los militares. Por supuesto, los bandidos van a seguir teniendo sus armas tranquilamente; los contrabandistas, ídem. A los traficantes de armas les importa un bledo, porque simplemente les aumentará un poco la coima a las autoridades a las que hoy ya están coimeando. Es decir, esta ley de armas va a joder al ciudadano honesto que quiere estar en la legalidad y va a facilitar condiciones para que la corrupción tenga otra importante fuente para la coima y el soborno. De ser sancionada por el Congreso, el presidente Cartes debe vetarla.

  • 25-05-2016

    Ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda

    Un grupo de sus colegas proporcionó el blindaje correspondiente para impedir que el senador colorado Nelson Aguinagalde sea procesado para deslindar su responsabilidad en un proceso judicial sobre un delito de lesión de confianza que habría cometido cuando gobernó el departamento del Alto Paraná. La defensa del legislador es que la imputación formulada en su contra respondería a ¡una persecución de “fuerzas políticas” no identificadas! Si este legislador tuviera un mínimo sentido de lo que es el decoro evitaría escudarse en sus fueros para escapar a la acción de la Justicia. Se apresuraría, en cambio, a ponerse a disposición de ella, confiando en que la presunción de inocencia que le ampara, como a cualquier otra persona, prevalezca sobre la acusación del fiscal. Pero en nuestro país hay dos clases de ciudadanos: los que van a la cárcel por robar una gallina, y los políticos poderosos, como este, que tienen protección y encuentran todos los atajos para eludir la ley. La actitud de Aguinagalde hace presumir que se sabe culpable de haber desviado 3.000 millones de guaraníes destinados a construir aulas y baños escolares.

  • 24-05-2016

    El BID promueve la corrupción

    Pese a la cacareada política de transparencia que predica el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en cuanto al desempeño de sus representantes en los países prestatarios de sus créditos, la institución recibe cada año centenares de denuncias de corrupción y escaso control de las inversiones. Por ejemplo, en 2009 un informe de auditoría del banco que evaluó la situación en Haití, en cuya reconstrucción participó el BID tras el terremoto que devastó ese país, constató que los desembolsos realizados no estaban siendo supervisados de acuerdo a las normas de la institución. Una funcionaria del BID destacada en Haití denunció en la sede central que el entonces representante del banco en ese país, el brasileño Eduardo Almeida –¡oh sorpresa!, actualmente representante en Paraguay–, le solicitó adulterar los balances de una empresa que recibiría un préstamo. La funcionaria fue despedida meses después. En Paraguay tenemos el caso del anterior representante del BID, Álvaro Cubillos, de dudoso desempeño, y posteriormente despedido de la entidad. La ciudadanía paraguaya tiene así suficientes motivos para preocuparse ante préstamos aprobados por el BID para financiar proyectos en nuestro país.

  • 23-05-2016

    Desvergonzado nepotismo

    El ministro de la Corte Suprema Raúl Torres Kirmser se vale del dinero público para pagar salarios en el Poder Judicial a sus tres hijos y hasta a las esposas de sus custodios-choferes policiales, aparte de trasladar a su propio domicilio el puesto de “trabajo” de tres funcionarios allegados a él. A tales desmanejos contribuyó que en el Poder Judicial no rige la Ley de la Función Pública, debido a una acción de inconstitucionalidad promovida por la propia Corte. La citada ley tampoco vale para el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), que promovió una acción similar. No debe extrañar, entonces, que en ambas instituciones, que se supone están para velar por el estricto cumplimiento de las leyes, se sucedan los escándalos de nepotismo, “planillerismo” y empleo de personal en servicios particulares, tal como ocurre en el caso de Torres Kirmser. Cuando la Corte Suprema se enteró de la corruptela de su ministro, a través de la prensa, abrió una pesquisa contra los funcionarios involucrados, y la Fiscalía inició causa penal contra ellos. Es de esperar que la Fiscalía tenga también el coraje de abrir una investigación contra Torres Kirmser.

  • 22-05-2016

    ¿Socios o cómplices en las binacionales?

    Según publicaciones de la prensa del vecino país, el presidente interino del Brasil, Michel Temer, se propone hacer lo mismo que hizo su homólogo argentino Mauricio Macri en Yacyretá, que dispuso el relevo del director ejecutivo, Óscar Thomas, y ordenó de inmediato una auditoría administrativa y financiera de su gestión. Es decir, el presidente Temer estaría dispuesto a remover del cargo al director general de Itaipú, Jorge Samek, quien está desde hace más de una década al frente de Itaipú. Lo que patrióticamente podría esperarse del gobierno del presidente Horacio Cartes es que haga causa común con su homólogo brasileño, disponiendo igualmente una auditoría en el lado paraguayo, a fin de que la Contraloría General pueda colaborar con el Tribunal de Cuentas de la Unión, del Brasil, abriendo también la “Caja de Pandora” de Itaipú en la margen paraguaya. Pero lo más probable es que se haga el desentendido, rascándose la cabeza y mirando hacia cualquier parte, para no levantar la alfombra que cubre la enorme montaña de basura tóxica que se esconde debajo de ella en la binacional

  • 21-05-2016

    Transparencia derrotada por impunidad

    El proyecto “Gobierno Abierto 2014-2016”, impulsado por el Gobierno del presidente Horacio Cartes con la cooperación de Usaid, culmina el 30 de junio próximo. Sin duda, en un país donde la transparencia del Estado ha sido una rara mercancía, esta iniciativa es altamente auspiciosa, siendo su mayor logro la promulgación de la ley “De acceso a la información pública”, que garantiza a las personas acceder a la información sobre los asuntos públicos. En realidad, más que iniciativa gubernamental, esta ley es consecuencia lógica de las fuerzas de la tecnología que en todo el mundo han inaugurado una nueva era de apertura que hubiera sido imposible hace apenas unas décadas. Lamentablemente, hasta ahora en el Paraguay el auge de la transparencia, que ha servido muy bien para desnudar la corrupción que carcome los cimientos de las instituciones públicas, no ha conseguido traer consigo el fin de la impunidad. Ese oprobioso blindaje jurídico que nuestra renga Justicia proporciona a los delincuentes de cuello blanco, quienes están plenamente identificados mediante la transparencia al servicio de la ciudadanía, impide que sean castigados.

  • 20-05-2016

    Incontenible podredumbre política

    Los ministros de la Corte Suprema de Justicia Sindulfo Blanco, Miguel Bajac y César Garay tienen la espada de Damocles sobre la cabeza, ya que podrían ser destituidos mediante el juicio político promovido por los diputados en diciembre de 2014, siempre que los senadores, en grotesca componenda, acuerden a qué agrupaciones políticas van a corresponder las eventuales vacancias. Como aún no se ha afinado el contubernio, los tres miembros de la máxima instancia judicial seguirán sometidos a extorsión de ciertos políticos, en especial de senadores y diputados. No sería raro, por lo tanto, que el ministro Blanco –de cuyo caso el Senado recién empezó a ocuparse el 6 de abril, sin que hasta la fecha haya sido sentenciado porque en dos ocasiones “faltó” el quorum necesario– esté siendo sometido a serias exigencias. Nada importante es para muchos senadores que un ministro de la Corte ejerza bien o mal sus funciones: lo que les interesa es obtener una tajada en la repartija de altos cargos de origen constitucional. Urge poner fin a este espectáculo mafioso, que enloda aún más a nuestra ya desprestigiada Justicia, y convierte a ministros de la Corte Suprema en rehenes y monedas de cambio de las ambiciones políticas.

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