• 29-09-2016

    Al Congreso por las armas, no por los votos

    El acuerdo de paz firmado por el Gobierno de Colombia con las FARC no asegura que la citada organización guerrillera y narcotraficante, que secuestró y mató a decenas de miles de colombianos, deponga definitivamente las armas al cabo de más de cincuenta años. En cambio, esta agrupación guerrillera, el tercer cartel mundial de la droga, que a la vez profesa el marxismo-leninismo, tendrá la seguridad, entre otras cosas, de contar con 26 bancas en el Congreso, cualquiera sea el resultado que logre en los próximos comicios como “partido político”. La moraleja de esta historia es que el crimen resulta políticamente rentable, siempre que se sostenga en el tiempo y aflore el cansancio moral en los demócratas. No es descabellado suponer que, en nuestro país, la banda criminal EPP haya observado con satisfacción y tomado buena nota de la ceremonia realizada en Cartagena ante 15 jefes de Estado, incluido el de nuestro país. Asesorado en sus inicios por las FARC y vinculado como ellas al narcotráfico, el EPP estaría siguiendo la estrategia de la “guerra popular prolongada” para terminar conquistando también algunos espacios de poder en el aparato estatal.

  • 28-09-2016

    Opaci, rápido; escuelas, que esperen

    El 12 de mayo, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que declara en emergencia la infraestructura de los centros educativos públicos y subvencionados, y permite que tanto el Ministerio del ramo como los gobiernos departamentales y municipales obvien el procedimiento licitatorio para construirlos, mantenerlos y equiparlos. Pasaron más de cinco meses, pero hasta la fecha no ha sido sancionada la ley, por razones que tienen que ver con la repugnante politiquería que contamina la tarea legislativa en perjuicio del interés general. “Aquí estamos entre políticos que no solo están pensando en el proyecto de ley en sí, sino en la próxima campaña electoral”, dijo al respecto impúdicamente el diputado liberal y rector de la Universidad Nacional de Pilar, Víctor Ríos, aludiendo al temor de que el actual ministro de Educación, Enrique Riera, sea candidato presidencial del “cartismo” en las próximas elecciones y que utilice el dinero de la emergencia educativa en las internas de su partido. En contrapartida, la ley que le concede a la ONG llamada Opaci la facultad de meter mano en los bolsillos de los contribuyentes, gracias a que en la Cámara Baja está representado el clan Núñez que maneja dicha entidad, fue tratada con mayor celeridad y sin inconveniente alguno.

  • 27-09-2016

    Inaceptables exigencias de los campesinos

    A estas alturas de la experiencia acumulada por nuestro país en las últimas dos décadas “democráticas” con relación a las movilizaciones protestatarias de varios grupos del interior, ya tendríamos que haber aprendido algunas cosas, como por ejemplo, que ciertas organizaciones de estas hace tiempo perdieron su carácter gremial para convertirse en políticas, “brazos” de partidos y movimientos con líneas de pensamiento y acción conocidas. En esta función, obviamente, no representan solo a la “clase campesina”, como alardean, sino a unos cuantos que están “adheridos”, y a los políticos que desde las sombras los alientan. En otras palabras, constituyen otro grupo ad hoc de presión frente al Gobierno y a la sociedad civil. Son actores con finalidades políticas. Además, los grupos beneficiados con el dinero público que consiguieron con sus manifestaciones, nunca realizaron una rendición de cuentas, para mostrar qué hicieron con los recursos y ventajas obtenidos. Ningún paraguayo de bien se puede oponer a que se solucionen los problemas de los campesinos. Pero es necesario que estos busquen líderes genuinos que los representen y promuevan demandas sensatas con soluciones asequibles.

  • 26-09-2016

    El Gobierno continúa hipotecando el futuro de nuestro país

    El proyecto de Ley del Presupuesto de la Nación 2017 incluye la emisión de bonos del Tesoro por valor de 600 millones de dólares, con lo que la deuda contraída de este modo en cinco años llegaría a 2.980 millones de dólares, elevando la deuda pública total a 6.700 millones, equivalente al 24% del PIB. Si ya resulta inquietante el acelerado ritmo de endeudamiento mediante la colocación de bonos soberanos iniciado por el Gobierno anterior y acentuado por el actual, la cuestión se agrava por el hecho de que la mayor parte de los fondos a obtener con la próxima emisión se destinará –como las anteriores– al pago de deudas vencidas y al aporte de capital a organismos internacionales, algo que ya ocurrió con unos 800 millones de dólares provenientes de las colocaciones de 2014, 2015 y 2016. El Estado debe recurrir al “bicicleteo” porque más del 70% de la recaudación tributaria termina en los bolsillos de sus casi 300.000 funcionarios y contratados. La política de abrir un agujero para tapar otro va a tener un desenlace aciago. Tanto la rapidez como la calidad de nuestro endeudamiento hacen pronosticar un drama similar al que sufrieron países vecinos.

  • 25-09-2016

    Los políticos tienen de rehén a la Justicia

    La convención del PLRA decidió que los senadores de ese partido se opongan a la destitución de los ministros de la Corte Suprema Blanco, Bajac y Garay, acusados por la Cámara Baja en diciembre del 2014 de mal desempeño de funciones. El motivo, a criterio de los liberales, es que la remoción favorecería para que el actual Presidente de la República cope la máxima autoridad judicial con los reemplazantes. Es notorio así que la decisión institucional del PLRA obedece más a motivos políticos que a un interés en sanear nuestra putrefacta Justicia. Pero la razón por la que hasta ahora no se ha tomado ninguna decisión sobre los tres ministros es que no se llegó a ningún acuerdo entre todos los partidos para la consabida repartija de cargos. El “cuoteo” tiene que ver con el control que los políticos ejercen sobre los magistrados, dado que ni la honorabilidad ni la idoneidad son los factores decisivos a la hora de que el Senado designe a los ministros de la Corte y a los miembros del TSJE. La “partidocracia” socava el Estado de derecho en la medida en que pervierte su funcionamiento de acuerdo a los intereses políticos.

  • 24-09-2016

    Opaci quiere seguir rapiñando a los contribuyentes

    La Cámara de Diputados, por una gran mayoría de sus miembros, se ratificó en que la Opaci, una corrupta persona jurídica de Derecho Privado creada en 1964 y controlada desde hace diez años por el clan Núñez, de Villa Hayes (uno de los cuales es asesor del presidente Cartes), siga percibiendo ilegalmente un arancel por la expedición o renovación de licencias para conducir vehículos en los municipios de la República. Una organización no gubernamental (ONG) no puede intervenir en el manejo de un registro público ni asumir una tarea propia del Estado, como lo es la de recaudar tributos. Se dirá que los escribanos cobran tributos, pero ellos actúan solo de agentes de retención, transfiriendo luego al Estado las sumas ingresadas. La Opaci, en cambio, es un parásito de las municipalidades, ya que se queda con todo el dinero que recibe, que el año pasado alcanzó la friolera de 17.000 millones de guaraníes solo en concepto de renovación de licencias, sin que las municipalidades que la conforman reciban ningún beneficio. Por razones jurídicas y morales, los senadores deben rechazar con firmeza este robo legalizado.

  • 23-09-2016

    No echar en gorra el proyecto de Presupuesto

    El proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación para el próximo año es de unos 12.574 millones de dólares, lo que implica un aumento del 3% con relación al vigente, pese a que el índice de inflación previsto es del 4,5% y a que la recaudación fiscal aumentará en un 9%, con una presión tributaria del 12,4%, muy similar a la de este año. Como no se prevé aumento salarial, el déficit fiscal no superará el límite del 1,5% del PIB fijado por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Estos datos, auspiciosos desde el punto de vista macroeconómico, ocultan que en la composición del gasto público los servicios personales seguirán absorbiendo más del 70% de la recaudación tributaria, dejando muy poco margen para las tan necesarias inversiones en salud, educación y obras públicas. No debe descartarse, sin embargo, que considerando las elecciones venideras, los legisladores concedan sin mayores inconvenientes una suba salarial del 10%, lo que llevará el déficit fiscal al 2,4% del PIB. El proyecto de presupuesto para el 2017 está muy lejos de ser excelente, por lo que los legisladores no lo deben empeorar echándolo en gorra para atender a su clientela.

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