El ciudadano común no sabe cómo se hacen las obras viales, pero sí tiene el sentido común suficiente para darse cuenta de la forma chapucera en que se han planificado los trabajos del metrobús en el trecho de San Lorenzo a Fernando de la Mora, y la inutilidad de los profesionales del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en cuanto al control de los mismos. Por ejemplo, nadie entiende por qué una obra pública que causa tanto impacto en los frentistas, en los automovilistas y en los peatones, como el metrobús, solo se puede hacer en horas del día y en horarios laborales, cuando en otros países se las ejecuta en jornadas de trabajo de 24 horas, incluidos domingos y feriados. En febrero, los responsables anunciaron que trabajarían en tres turnos y que también lo harían los días feriados, pero cumplieron muy poco con su promesa.
El viacrucis que está viviendo la ciudadanía en general, afectada de alguna manera por los trabajos de implantación del metrobús en la jurisdicción de Fernando de la Mora, constituye un flagrante abuso de poder de las autoridades del MOPC, ante quienes ella se encuentra en total indefensión. Lo cierto es que los únicos que se incomodan con los trabajos que ejecuta la constructora Mota Engil son los vecinos, pues a esta empresa pareciera importarle un comino el malestar que provoca. Hasta tal punto esto es así, que muchas de las restricciones que impone al comercio y a la circulación vehicular y peatonal terminan siendo innecesarias o exageradas, por lo que bien podría haber minimizado la incomodidad y el perjuicio ocasionados.
Los ciudadanos que actualmente están sufriendo en carne propia este abuso de poder del Gobierno hacia sus personas y sus bienes con toda razón consideran que no es mucho pedir a los supervisores del MOPC que obliguen a la empresa constructora a planificar más racionalmente sus tareas a fin de reducir la incomodidad y el perjuicio que se generan en los tramos intervenidos y no completados. De persistir este abuso contra la población por parte de la repartición pública responsable, acabará agotando su paciencia, generando intolerancias a granel, como ya lo han demostrado los “piquetes de resistencia” de Fernando de la Mora. Y ni pensar en lo que podría suceder cuando se empiece a trabajar en el tramo que atraviesa el casco histórico de la ciudad.
La situación que se va a crear en el tramo 1.1 (Eduardo Víctor Haedo-Luis Alberto de Herrera-Pettirossi) es impredecible, tanto por los perjuicios económicos y la inconformidad social que van a resultar de los trabajos de construcción, en una primera fase, como por el bloqueo posterior de dichas arterias al libre tránsito automotor. Para peor, el MOPC ha adjudicado la obra sin un proyecto constructivo que contemple todas las variables inherentes a la misma, tanto en lo referente al costo de la obra en sí, incluidas las indemnizaciones, como en lo relativo al impacto ambiental y social resultantes.
Lo peor es que el MOPC no tiene una previsión de recursos presupuestarios para hacer frente a las indemnizaciones que le reclamarán los frentistas perjudicados en plazo perentorio. Tal vez las irresponsables autoridades de esa cartera estatal estén confiadas en que también en este tramo lograrán dilatar el pago de las mismas, como lo están haciendo en el tramo 3. Artimaña administrativa para cuya consecución cuentan con un Gobierno irresponsable y una Justicia pervertida. Pero la paciencia ciudadana va agotándose a ojos vistas, situación que, unida a la frustración de los contribuyentes, podría derivar en un drama social de imprevisibles consecuencias para el Gobierno, aunque ya no le va a importar ni afectar demasiado porque dentro de poco sus autoridades van a estar en otra cosa, y el fardo deberán cargarlo las que surgirán de las elecciones del 22 de abril.
De hecho, el presidente Horacio Cartes, quien asumió la responsabilidad de implementar el controvertido proyecto, y su ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, fallaron en apreciar las falencias intrínsecas del mismo y la profunda desconfianza pública en cuanto a la transparencia con que se iría a implementar su ejecución.
Dos sucesos han dado al Gobierno la pauta de que la ciudadanía ya no está dispuesta a tolerar pasivamente sus desmanes. El primero, la decidida reacción popular en la noche del 31 de marzo del año pasado en contra del inconstitucional proyecto de enmienda de la Constitución para evitar el “rekutu” del presidente Horacio Cartes. El segundo, la conformación de los “piquetes de resistencia” contra el metrobús, articulados por los frentistas de Fernando de la Mora.
Ambos sucesos han demostrado algo nuevo en el Paraguay: una naciente sociedad civil de gente bien organizada que, en ambos casos, ha encontrado un interés común y que está dispuesta a luchar decididamente para defenderlo. La verdad es que nunca antes se dio en nuestro país un nivel tan intenso de comunicación por los medios sociales como el que está demostrando el pueblo paraguayo en la actualidad en defensa de sus derechos y de la Constitución nacional. Veintinueve años después del derrocamiento de la dictadura, la sociedad civil paraguaya está ciertamente lista para borrar la imagen de resignada pasividad política que le caracterizó durante ese fatídico régimen, mal que les pese a los nostálgicos que, de cara a los comicios del próximo 22 de abril, sueñan con un retorno del stronismo.
Ante la lamentable realidad de que el negociado del metrobús continuará por años y años, el MOPC por lo menos debería exigir a la empresa contratista que ponga más profesionalismo y respeto hacia la gente que perjudica con su construcción.