El Estado es el supremo ente regulador de la sociedad, y el funcionario público, un servidor rentado para ejecutar dicha regulación gubernamental en los diversos niveles de la administración pública desde alguno de los tres Poderes que lo componen. Sin embargo, los sindicatos de las instituciones públicas que surgieron con el advenimiento de la democracia y que se han multiplicado como hongos en los últimos tiempos, parecen no entender esta obligación de cumplir el servicio por el que el pueblo les está pagando. Invirtiendo roles, actúan como si fueran patrones de sus patrones, que son los contribuyentes que costean sus sueldos. Esta aberrante subversión de los valores sociales por parte de las asociaciones gremiales enquistadas en las reparticiones públicas se ha convertido en un peso muerto que lastra los intentos del Gobierno de navegar en procura del crecimiento económico indispensable para reducir los niveles de desigualdad y pobreza prevalecientes en el país.
Justamente, el pasado martes, y luego de que el Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (Sitrande) hiciera público el día 9 un virulento comunicado por el que rechazaba el proyecto de ley que establece el “Marco regulatorio del sector eléctrico del Paraguay”, se produjo un inusitado atentado contra una institución de la República, el Congreso Nacional, al que le fue cortado el suministro de energía eléctrica cuando se disponía a tratar la citada normativa que, aunque preserva íntegramente la propiedad del actual e ineficiente monopolio sectorial eléctrico de la ANDE, abre al menos la posibilidad de que el capital privado, nacional y/o extranjero, pueda invertir en la producción, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica en el país, ante la comprobada incapacidad financiera y administrativa del ente estatal para atender el acelerado crecimiento de la demanda del vital insumo doméstico, comercial e industrial de la Nación. Como es ya habitual en las organizaciones gremiales de los entes estatales, el comunicado de marras no contiene ningún argumento serio que sustente su oposición a este proyecto de ley. Solo fraseología de escaparate y los acostumbrados arrebatos de retórica patrocinadora de intereses sectarios, que poco o nada tienen que ver con lo que pudieran ser sus legítimos derechos corporativos.
En concreto, lo que el proyecto de ley en cuestión prevé es el establecimiento de un marco regulatorio del sector eléctrico nacional mediante la creación de la Agencia Nacional de Regulación de Energía Eléctrica (ANREE), que administraría las actividades de la industria eléctrica sujetas a concesión, licencia y permisos, así como la explotación de recursos hídricos para la generación de energía eléctrica. El proyecto de ley establece taxativamente que serán pasibles de concesión los servicios de transmisión y distribución de energía eléctrica, no así las fuentes de generación existentes operadas por la ANDE, como la represa de Acaray; menos aún las usinas binacionales, obviamente.
En otras palabras, contra lo sostenido por Sitrande, de aprobarse, la ley no le afectará absolutamente en nada a la propiedad del monopolio actualmente detentado por la ANDE. Lo que hará es habilitar el mercado eléctrico para atraer inversión privada directa que supla la total incapacidad financiera y administrativa del ente en el que trabajan los sindicalistas que redactaron el comunicado, para satisfacer la creciente demanda del servicio a nivel nacional. Algo que ya sucede en otros países, como Brasil, donde la filial de la empresa italiana ENI –por poner un ejemplo– es una de las mayores concesionarias de los servicios de transmisión de energía eléctrica, incluida la generada en la usina binacional de Itaipú. La ANREE cumpliría en nuestro país un rol en el área de la energía eléctrica equivalente al que cumple Conatel en la regulación del servicio de las comunicaciones, gracias al cual empresas transnacionales como Tigo, Personal, Claro y Vox han invertido cientos de millones de dólares –y creado decenas de miles de puestos de trabajo a lo largo y ancho del país– para que hoy 6 millones de habitantes del Paraguay tengan un teléfono celular, incluidos todos los sindicalistas de la ANDE. ¿Hubiera podido Antelco hacer lo mismo? Jamás.
Lo mismo sucede con la ANDE: ya no le da el cuero para atender la demanda nacional de electricidad. No tiene ni puede tener los US$ 2.500 millones que dice necesitar solo para repotenciar el sistema interconectado del país de cara al mero crecimiento vegetativo del consumo a nivel nacional. ¡Imagínense lo que requeriría para atender el crecimiento comercial e industrial impulsado por una política de Estado bien conducida! Pues bien, esto no lo menciona Sitrande en su comunicado. Es que, parafraseando al doctor Teodosio González, uno de los más duraderos infortunios del Paraguay ha sido la perversión de la clase política paraguaya en todos los tiempos, como las generaciones del presente han podido constatar dramáticamente tras la caída del hegemónico Partido Colorado y su reemplazo por el Partido Liberal. Y los sindicatos estatales no están exentos de contaminación en ese sentido.
Lamentablemente, el advenimiento de la democracia no ha sido muy pródigo en cuanto a la moralización de la administración pública.
No es de sorprender entonces que la libertad sindical tampoco haya dado mejor fruto que la libertad política. En vez de fortalecerse como movimiento social renovador y progresista para generar más puestos de trabajo, los sindicatos de las reparticiones públicas se han contaminado con los mismos vicios que la élite política nacional, lo que por otra parte torna difícil mantener la fe en una democracia a cuyo amparo los líderes políticos y gremiales parecieran estar mucho más interesados en el poder como un instrumento para su propio beneficio, antes que para servir a la Nación.
No podría ser de otra manera. En nuestro país los sindicalistas de los entes públicos fungen más como operadores políticos que como gremialistas dedicados a proyectos de interés corporativo. Es que la mayoría de ellos accede a los empleos públicos mediante padrinazgo y no por mérito. Por consiguiente, su lealtad queda hipotecada a favor de su padrino antes que de la institución que los acoge. A su vez, esto hace que se crean dueños de las instituciones de las que son empleados, y desde esta cínica posición pretenden erigirse en árbitros de su conducción institucional, defendiendo con uñas y dientes el statu quo a cuyo amparo medran cuando el Gobierno se propone introducir cambios para dinamizar la administración gerencial de las mismas, con miras a un mejor servicio para la sociedad.