Cargando...
Continuando con su política de expansión industrial, a mediados de 2007 Rio Tinto Alcan y el clúster malayo-chino Cahya Mata Sarawak firmaron un principio de acuerdo para el estudio de factibilidad destinado al desarrollo de una planta fundidora de aluminio primario de 550.000 toneladas/año –un poco menor de la que la multinacional pretende instalar en nuestro país– a un costo de US$ 2.300 millones, a ser localizada a 60 kilómetros de la ciudad de Bintulu, en Sarawak, Malasia del Este. El estudio del proyecto iba a demandar unos 18 meses para ser completado, aunque se estimaba que la primera producción de la planta saldría a finales del 2010. La electricidad sería proveída por una controvertida usina hidroeléctrica ubicada sobre el río Balui –entonces en construcción– con una potencia instalada de 2.400 MW, destinada, en principio, a abastecer la demanda de electricidad de la península de Malasia a través de una larga línea de transmisión que incluía un segmento de red submarino.
Con un consumo de alrededor de 1.000 MWh, la planta iba a insumir casi la mitad de la potencia total de la usina. El entonces CEO de Rio Tinto Alcan, Óscar Groeneveld, se jactó en la ocasión de que su empresa había obtenido “una de las pocas fuentes de energía hidroeléctrica disponibles para la industria del aluminio en cualquier lugar del mundo”. Admitió también que la totalidad de la producción de aluminio primario de la planta sería destinada al mercado chino, entonces ávido de materias primas y cuya economía se expandía rápidamente a razón de un crecimiento anual de dos dígitos de su PIB.
Ante consultas de por qué, entonces, Rio Tinto no se instalaba directamente en China, en vez de hacerlo en Malasia, Groeneveld respondió que en dicho país no había margen para la instalación de plantas reductoras de aluminio en razón de que la electricidad disponible era muy cara, pues provenía en su mayor parte de usinas térmicas a carbón, las que ya por entonces eran fuertemente cuestionadas por la emisión de gases de efecto invernadero.
El final de la historia es que, aunque la construcción de la usina hidroeléctrica de Bintulu fue completada el año pasado, el acuerdo con Rio Tinto no se concretó, por razones económicas, políticas y sociales, pues para la fecha de entrada en operación de la represa (2011) la demanda doméstica, comercial e industrial de la Península había ya sobrepasado la capacidad de la usina, y como la planta fundidora de aluminio de RTA consumiría el 42% de la electricidad generada, las autoridades nacionales determinaron que el consorcio malasio-chino, propietario de la usina hidroeléctrica, desestimara la propuesta de RTA.
Las consideraciones económicas se centraron en la escasa cantidad de puestos de trabajo que la fundidora iba a crear en relación a la cantidad de electricidad que iba a consumir, contribuyendo con menos del 5% con el PIB del país. En tanto que en las consideraciones sociales primó el severo impacto ambiental que la misma iba a producir en su área de influencia.
La ironía de esta historia es que casi seis años después de este fallido intento comercial al otro lado del mundo, la misma multinacional RTA desembarca en nuestro país para dar el zarpazo que no pudo concretar en Malasia, movida por el mismo mezquino interés de lucro maximizado a expensas de los intereses nacionales. En efecto, mediante la utilización de la energía eléctrica limpia y barata de nuestras usinas hidroeléctricas binacionales, RTA va a tener al Brasil como seguro mercado para las más de 670.000 toneladas anuales de lingotes de aluminio primario que su planta instalada en Paraguay va a producir en caso de que no se cancelen –como se debe– las actuales negociaciones con el gobierno liberal de Federico Franco.
En la cuestión de su fallido intento en Malasia, RTA contó con el encubierto apoyo del Gobierno chino a través del joint venture malasio-chino MCHJV, propietaria de la usina hidroeléctrica de Sarawak, habida cuenta de que la totalidad de su producción de aluminio estaba comprometida para el mercado de ese país. Aquí, de igual modo, todo indica que en el caso de sus tratativas con el gobierno liberal de Federico Franco, RTA cuenta con el oculto pero firme apoyo del Gobierno brasileño, con la finalidad de asegurarse de que su poderoso parque industrial en expansión cuente con una provisión segura de aluminio, a precio altamente competitivo mediante la instalación de una planta fundidora ubicada ahí nomás, al otro lado de su frontera, movida con electricidad paraguaya limpia obtenida a precio pichincha, vital insumo industrial que ellos, por razones obvias de interés nacional, le vienen negando a la corporación transnacional desde hace mucho tiempo, pese a tener esta sus minas de bauxita y plantas refinadoras de alúmina en ese país.
Sucede que el Gobierno brasileño, al igual que el de Malasia en el caso comentado, el de China y de otros países industrializados, tiene una política de fuerte restricción en cuanto a la venta de energía eléctrica limpia como insumo industrial para las electrointensivas, tanto por la gran cantidad que demandan y los pocos puestos de trabajo que generan concomitantemente, como por la severa contaminación ambiental que ocasionan y que es resistida en forma espontánea por la sociedad. Así se explica por qué, hasta ahora, pese a su insistencia, las autoridades brasileñas le han negado sistemáticamente a RTA instalar una megaplanta reductora de aluminio primario en los estados amazónicos del nordeste, cerca de sus plantas refinadoras de alúmina y donde, por coincidencia, se sitúan las mayores usinas hidroeléctricas brasileñas después de Itaipú.
Mientras allá son así las cosas, en el Paraguay su gobierno, paradójicamente, hace todo lo posible por desviar la atención de la opinión pública nacional en el caso de RTA, con falsas promesas de futuros espejitos y caramelitos en apoyo de la pretensión de la transnacional. No es casualidad que en su tiempo los negociadores paraguayos hayan hecho así mismo con el Tratado de Itaipú: para engañarnos, le pintaron al pueblo paraguayo el país de maravillas que supuestamente íbamos a tener con tanta energía hidroeléctrica, la cantidad de cosas y de plata que íbamos a conseguir si se hacía la represa en las condiciones que los brasileños –apoyados por nuestros negociadores traidores a la patria sobornados– proponían. Ahora sucede igual con RTA. Los negociadores paraguayos, evidentemente a favor de esa multinacional por como se comportan, nos prometen el oro y el moro, incremento del PIB, cantidad de puestos de trabajo, parque industrial, que pasaremos a estar en el plano internacional de los países con grandes empresas, etc., etc., etc. Todo eso con el objetivo de distraer la atención pública de la repudiable componenda que configura esta propuesta: la obtención de la electricidad paraguaya de Itaipú a un precio de ganga.
Los paraguayos de ninguna manera podemos permitir que este efímero gobierno de transición del Partido Liberal encabezado por Federico Franco entregue el patrimonio y la soberanía nacionales bajo su custodia, a una corporación multinacional con condenables antecedentes de actuar contra los intereses populares en diversas partes del mundo, y que en estos momentos sobrevuela como un ave de rapiña sobre el cielo del Paraguay.
Estamos enfrentando la misma artimaña con la que los brasileños nos jodieron en Itaipú. No permitamos que nos vuelvan a hacer con Rio Tinto.