02 de Enero de 2018

 

Año electoral

El año que se inicia estará signado por los comicios generales del 22 de abril, por la instalación del nuevo Congreso el 1 de julio y por la asunción del presidente y del vicepresidente de la República el 15 de agosto. La elección periódica de los gobernantes es propia de los regímenes democráticos, así que la ciudadanía puede congratularse de que los Poderes Legislativo y Ejecutivo vayan a ser renovados mediante el voto popular, dentro de los plazos previstos en la Constitución. Fracasado el infeliz intento de enmendarla para permitir la reelección presidencial, se ha vuelto a la normalidad institucional que implica ajustarse a las reglas del juego creadas en 1992. Cambiarán las autoridades electivas, pero no así un sistema que nos permite vivir en libertad. Confiamos, pues, en que de unas elecciones limpias surja un Poder Ejecutivo honesto y eficaz que tome las riendas del anterior luego de una transición ordenada, que este año electoral empiece y termine con la institucionalidad a salvo de las ambiciones y del sectarismo, y que el 15 de agosto el “nuevo rumbo” tenga un giro acorde al bien común.

El año que se inicia estará signado por los comicios generales del 22 de abril, por la instalación del nuevo Congreso el 1 de julio y por la asunción del presidente y del vicepresidente de la República el 15 de agosto.

La elección periódica de los gobernantes es propia de los regímenes democráticos, así que la ciudadanía puede congratularse de que los Poderes Legislativo y Ejecutivo vayan a ser renovados mediante el voto popular, dentro de los plazos previstos en la Constitución. Fracasado el infeliz intento de enmendarla para permitir la reelección presidencial, se ha vuelto a la normalidad institucional que implica ajustarse a las reglas del juego creadas en 1992. Cambiarán las autoridades electivas, pero no así un sistema que nos permite vivir en libertad.

Desde luego, no basta con sufragar cada cinco años, sino que también es preciso que las elecciones sean libres y transparentes. Los resultados deben reflejar de un modo indudable la voluntad ciudadana, lo que implica que el padrón electoral sea confiable, que los electores no sean coaccionados ni sobornados, y que haya un control recíproco en las mesas de votación. El fraude quedará excluido en la medida en que el Código Electoral sea respetado, incluyendo las normas relativas a la propaganda y al financiamiento de las campañas. En especial, habrá que evitar el empleo de recursos humanos y materiales del Estado en pro de ciertas candidaturas o la conversión de actos oficiales en mitines proselitistas.

Como el elector seguirá obligado, en el caso de los cargos plurinominales, a votar por unas listas sábana inalterables, podría hacerlo por candidatos con pésimos antecedentes, cuyos nombres no leerá en el boletín de voto. No leerá, por ejemplo, el del exsenador Óscar González Daher (ANR), imputado por los delitos de asociación criminal, tráfico de influencias y cohecho pasivo agravado (soborno), pero sí el de Jorge Oviedo Matto (Unace), imputado por los mismos delitos, pues encabezará la lista de su partido. Habrá que ver si, tras haber renunciado a sus bancas, también desisten de sus impresentables postulaciones. Es de esperar, por cierto, que ni el presidente Horacio Cartes ni su antecesor Nicanor Duarte Frutos sean candidatos, porque la Constitución ordena que sean senadores vitalicios.

De los resultados de los comicios internos se infiere que la calidad de la representación parlamentaria no mejorará mucho, pero los últimos acontecimientos acaecidos en ese ámbito hacen suponer que el nuevo Congreso será al menos más prudente en el ejercicio del tráfico de influencias, del prebendarismo y del nepotismo. Deberá controlar a los Poderes Ejecutivo y Judicial, pero a su vez será controlado por la gente, que no entregará un cheque en blanco para que los legisladores hagan lo que se les antoje. Del Parlasur no vale la pena ocuparse, por razones obvias.

En el caso de la elección del presidente y del vicepresidente de la República, la libertad del votante no está restringida por una lista sábana, cuyos integrantes ignora, de modo que puede optar a sabiendas por cierta fórmula o abstenerse de hacerlo si ninguna le satisface. Ojalá que no se deje engañar por los discursos emotivos, que rechace el soborno y que ningún color lo enceguezca.

El Gobierno es ejercido por los tres poderes del Estado, pero es indudable que el Ejecutivo tiene una singular relevancia en un sistema presidencial. Como dirige la administración general del país, se encarga de la mayor parte del aparato estatal. Puede presentar proyectos de ley, tiene la iniciativa con respecto al del Presupuesto General de la Nación y puede vetar una ley, pero su función principalísima es la de ejecutar las leyes. Hay leyes atinadas que no rigen de hecho porque la burocracia no solo es corrupta, sino también inepta y negligente. La Secretaría de la Función Pública debe mejorarla.

Más allá de sus planes gubernativos, el nuevo jefe de Estado tendrá que respetar la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, combatir el prebendarismo y la corrupción, distinguir muy bien entre los patrimonios privado y público, y guardar la compostura por la dignidad del cargo ejercido.

Será importante que sus relaciones con el Congreso sean bien coordinadas por el vicepresidente de la República, de acuerdo con el mandato constitucional. Su primer gran desafío será presentar un proyecto de ley sobre el presupuesto nacional que sea razonable y logre el apoyo del Congreso. Será la ocasión de juzgar sus prioridades, entre las cuales deberían figurar la salud y la educación públicas, así como las obras viales. También hará bien en prestar mucha atención a la seguridad interna, socavada por la mafia y por la banda criminal EPP, que sigue sin ser derrotada a causa de la ineficacia de la Fuerza de Tarea Conjunta, plagada de conflictos y hasta de presuntas corruptelas. Que los secuestrados vuelvan cuanto antes a sus hogares debe figurar en los primeros lugares de la agenda presidencial, si es que no lo hacen antes del 15 de agosto. Lo mismo cabe decir de la defensa de los intereses paraguayos en las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá.

También serán elegidos diecisiete gobernadores y juntas departamentales, cuyas irrelevantes funciones no exigen mayores comentarios, salvo que deben de tratar de justificarse actuando al menos como voceros de sus respectivas comunidades, sin desviar los recursos del Fonacide ni las demás transferencias del Ministerio de Hacienda, así como las de las Municipalidades.

Confiamos, pues, en que de unas elecciones limpias surja un Poder Ejecutivo honesto y eficaz que tome las riendas del anterior luego de una transición ordenada, que este año electoral empiece y termine con la institucionalidad a salvo de las ambiciones y del sectarismo, y que el 15 de agosto el “nuevo rumbo” tenga un giro acorde al bien común.

 
 

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