A esta altura de nuestro desarrollo como nación, reclamar la vuelta a una dictadura atroz como la de Alfredo Stroessner no se justifica de ninguna manera. La idea debe ser rechazada con la mayor firmeza. El último en proponer semejante desatino fue el senador colorado Carlos Núñez, el pasado lunes, en la sesión extraordinaria del Senado realizada tras la muerte de ocho militares de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). El legislador lamentó que “lastimosamente (Stroessner) ya no está sobre la tierra”, porque de lo contrario los paraguayos íbamos “a vivir en paz y tranquilidad y vamos a vivir con las puertas y ventanas abiertas”. El aludido incurría en esta estupidez apenas días antes de que organismos de derechos humanos informaran la identificación de dos restos más de los muchos desaparecidos durante el repudiable régimen de su ídolo Stroessner. Posiblemente, estos dos infortunados dormían con las puertas abiertas cuando fueron secuestrados y asesinados.
Puede pensarse, entonces, que este legislador desea que vuelvan el exilio, la prisión, la tortura, las desapariciones y las tumbas NN, además del conculcamiento de derechos fundamentales como el de expresión, de asociación o el de protesta, que bajo un régimen de ese tipo serían las primeras en caer por su base.
Hace poco, los socios cooperativistas del senador Núñez pudieron manifestarse libremente para protestar contra un proyecto de ley. ¿Se imagina el legislador que algo así sería posible bajo un sistema de gobierno como el que él admira? Sus expresiones resultan alarmantes también por otro motivo: porque probablemente reflejan la opinión de muchos de sus correligionarios que le votaron.
Abogar por el retorno a un sistema gubernamental autoritario, justamente en este momento en que el país se halla estremecido de emoción de haber visto asesinados a ocho militares a manos de una banda criminal, una organización que actúa bajo el estandarte de la violencia política, definiéndola como instrumento legítimo para conquistar el poder del Estado y asumir el control de la sociedad en su conjunto, constituye poco menos que adherirse a esa idea, aunque parezca que se la combate.
Es sumamente peligroso para el sistema democrático que estamos construyendo e intentando perfeccionar en nuestro país que un senador haga un discurso de ese tipo, aprovechando la indignación popular causada por un hecho trágico. Con las emociones alteradas de este modo, es fácil convencer a ingenuos y desmemoriados, a jóvenes sin experiencia, a ignorantes y a necios, que la democracia y la seguridad pública son incompatibles entre sí, cuando la experiencia histórica demuestra que ninguna suposición política como esta está muy lejos de la verdad.
La idea de la “mano dura” está vinculada a gobernantes duros, mas no en el sentido de rectitud en la aplicación de la ley justa y equitativa sino en el de la arbitrariedad. Combatir a las organizaciones violentas o delictivas en general para proteger la seguridad, los bienes, el honor, la integridad física de los habitantes del país, es un deber de todo gobierno, ciertamente, pero que debe ser cumplido bajo estrictas normas legales de procedimiento, civilizadas y éticamente fundamentadas. La “mano dura” que reclaman los autoritarios no cumple ninguno de esos requisitos.
Es paradójico e inadmisible que se proponga abolir las principales libertades y garantías de la ciudadanía con el argumento o pretexto de que es la mejor manera de salvaguardarlas de las amenazas que les enfrentan.
En resumen, es tan repugnante para un demócrata la opción a la violencia como herramienta ideológica y política de conquista del poder, cuanto la que promocionan los partidarios del retorno a la dictadura como forma de gobierno. A ambos extremos les conviene legitimar la supresión de los derechos individuales. A ambos les conviene que todo vaya peor en el país, para quedar como supuesta última alternativa de solución a los problemas.
Esta perversa estrategia extremista, que se resume en la cínica expresión de “cuanto peor, mejor”, se aplicó trágicamente en muchos países de América Latina durante la segunda mitad del siglo pasado y no es posible siquiera imaginar que retornar a ella podría resolvernos algunas dificultades. En el caso concreto de la banda criminal autodenominada EPP, puede y debe ser vencida en el marco del Estado de derecho. Y nada le daría más ventaja que el que las fuerzas gubernamentales se dedicaran a violar sistemáticamente los derechos fundamentales de los habitantes de la zona de operaciones.
Por lo demás, dichas fuerzas tienen todas las atribuciones legales, los recursos económicos y el apoyo de la opinión pública mayoritaria a su favor como para desempeñarse eficientemente sin salirse del carril de la legitimidad. Si hasta ahora no muestran resultados positivos, no es por culpa de la democracia, sino de fallas humanas.
Que no vengan pues a insinuar, como desfachatadamente hace el senador Núñez, que los fracasos de la FTC, por ejemplo, resultan de la ineptitud del sistema democrático, cuando que él, como los demás políticos, conocen perfectamente bien las causas de este fracaso actual, a saber: la inhabilidad profesional de algunos jefes militares y policiales, la corrupción que campea en el seno de sus instituciones y el dedicar sus máximos cuidados a preservar sus privilegios que a empeñarse en el cumplimiento de su deber.
La democracia dispone de todas las armas para defenderse de sus adversarios, por lo que resulta de mal gusto y fuera de lugar que se abogue por el retorno de una dictadura oprobiosa, como la que padeció el Paraguay con Alfredo Stroessner, como solución a los problemas coyunturales que padece el país. Los ciudadanos y las ciudadanas deben repudiar con firmeza esta clase de manifestaciones.