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El escándalo de corrupción desatado al interior de la Policía Nacional con la imputación fiscal por lesión de confianza por el negociado de combustible del propio comandante y ocho personas más –hasta ahora– ha puesto de nuevo sobre el tapete la corruptela que permea los estamentos de la institución responsable de velar por el orden y la seguridad públicos, y la necesidad de su completa transformación, funcional y orgánica.
Una vez más, ha quedado en evidencia que la institución policial se debate en una profunda crisis de descomposición moral de sus cuadros, de arriba abajo, que la convierte en parte del cotidiano drama de inseguridad que aqueja al país antes que en solución, porque va camino a perder su capacidad de combatir el crimen y garantizar seguridad a los ciudadanos. Está visto que con meros relevos de individuos en los altos y medianos niveles institucionales no se va a conseguir revertir la corrupción que la permea, por lo que se impone su completa reorganización. Aparte de la catarsis ética de sus cuadros mediante una profunda reestructuración orgánica y operacional, de arriba abajo, debería procederse a una adecuada reforma del sistema legal vigente para endurecer las penas carcelarias para los policías que cometen delitos en el ejercicio de sus funciones.
De la determinación que tome el Gobierno nacional –incluidos los tres Poderes del Estado– va a depender que el día de mañana se logre poner fin a la cultura de la impunidad que sustenta la putrefacción que existe actualmente en todos los estamentos de la institución policial. De eso va a depender también que en nuestro país prevalezcan las fuerzas del orden y la justicia, y no la mafia y la “narcopolítica”.
Más que la falta de liderazgo, la causa primaria de la corrupción en la Policía Nacional es la impunidad. Si hay corrupción en esa institución es porque hay corrupción en el Ministerio del Interior, siendo el ministro el primer responsable de esta situación. Pese a que durante el gobierno del presidente Fernando Lugo se procedió a una reestructuración de esta cartera de Estado, a fin de mejorar su desempeño jurisdiccional sobre la Policía Nacional y así garantizar la transparencia de su gestión, este propósito ha quedado en el olvido.
El ministro del Interior debiera haber tenido como norma institucional promover a los altos puestos policiales a aquellos jefes decididos a colocarse a la altura de la responsabilidad que sus jerarquías y cargos les imponen, y no a aquellos que quieren seguir sus propias preferencias o intereses. Los agentes del orden deben volver a convertirse en una fuerza disciplinada y unificada, con una mística de misión institucional para recuperar la confianza de la ciudadanía.
Dentro de esta política reivindicatoria del liderazgo institucional indispensable, el ministro Francisco de Vargas debiera haber desechado las fanfarronerías y excusas baladíes a que nos tiene acostumbrados para justificar su inoperancia, tanto con relación a la lucha contra las bandas criminales del EPP, ACA y otros, como con respecto a la seguridad ciudadana en general. En tal sentido, pareciera que con ello el ministro busca más bien la obsecuencia de sus subalternos y la abdicación de su propia responsabilidad ante las fallas de la institución de la que es el máximo responsable.
Lo que se espera de un ministro del Interior eficiente es que escoja con inteligencia y buen tino a los altos mandos policiales, y que castigue sin titubeos con baja deshonrosa al personal policial pillado en actos de corrupción u otros delitos, impulsando además las acciones penales correspondientes. Definitivamente, no debiera haber permitido que los policías incursos en delitos fueran simplemente trasladados de un cargo a otro, en vez de ser castigados como merecían.
Con lo ocurrido últimamente ha quedado de manifiesto, una vez más, que el ministro del Interior actual no está a la altura de la responsabilidad inherente al cargo que ocupa. Con razón la ciudadanía viene reclamando su salida desde hace mucho tiempo. Si no se siente capaz de garantizar seguridad a sus conciudadanos, ni honestidad en la administración del dinero de los contribuyentes puesto a disposición de la repartición a su cargo, lo que debería haber hecho hace rato es dimitir, aunque el Presidente de la República no se lo exigiera.
Ya han sido tantas las promesas de “tolerancia cero” a la delincuencia que nos hicieron los ministros y comandantes anteriores, o de “trabajar honestamente”, que vuelve a prometer ahora el nuevo jefe de Orden y Seguridad, comisario Luis Carlos Rojas, por lo que tales frases hechas ya no despiertan ninguna esperanza en la gente. En todo caso, lo que corresponde es que la “tolerancia cero” comience a ser aplicada en la propia institución policial, y que los bandidos que pululan en sus filas sean enviados a la cárcel.