Atraco a la institucionalidad democrática

La convención del Partido Colorado realizada ayer acabó de la peor manera que podría preverse, con el retiro del sector opositor al oficialismo partidario y con la adopción de ciertas decisiones que constituyen verdaderos atentados a la institucionalidad democrática. Los colorados cartistas convirtieron un acto político que debió servir para debatir serena y razonablemente las alternativas propuestas, en una especie de mitin alborotado, con discutibles personajes dando alaridos y expresando airadamente que el Presidente asumiera ciertas decisiones indecorosas e ilegales, como por ejemplo la sustitución de ministros del Poder Ejecutivo por no estar afiliados al coloradismo, a lo que el Primer Mandatario accedió. Con su ambición desmedida, el presidente Cartes está llevando al país al abismo, tanto por descuidar sus obligaciones fundamentales de atender las necesidades de la población en materia de salud, educación y seguridad, como por cargar sobre la cabeza de la ciudadanía una monstruosa deuda, y ahora por dividir al país en dos bandos, haciendo recordar la nefasta frase del dictador Stroessner: “quienes no están con nosotros, están contra nosotros”.

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La convención del Partido Colorado realizada ayer acabó de la peor manera que podría preverse, con el retiro del sector opositor al oficialismo partidario y con la adopción de ciertas decisiones que constituyen verdaderos atentados a la institucionalidad democrática.

Los disidentes alegaron dos motivos principales para justificar su retiro: que su presencia sea empleada para legitimar oprobiosos proyectos de resolución, arbitrarios, dictatoriales y con notables vicios de inconstitucionalidad y, lo segundo, que les estaba siendo negado sistemáticamente el uso de la palabra, privilegiando abiertamente a los convencionales identificados con el oficialismo partidario.

En resumen, los colorados cartistas convirtieron un acto político que debió servir para debatir serena y razonablemente las alternativas propuestas, en una especie de mitin alborotado, con discutibles personajes dando alaridos y expresando airadamente que el Presidente asumiera ciertas decisiones indecorosas e ilegales, como por ejemplo la sustitución de dos ministros del Poder Ejecutivo por no estar afiliados al coloradismo, con lo que dejaban bien en claro que, en su estrecha y rústica mentalidad, la prescripción constitucional que establece que “Todos los paraguayos tienen derecho a ocupar funciones y empleos públicos” es una frase que debe ser complementada con esta otra: “siempre que estén afiliados al partido en el Gobierno”, cuando que la exigencia de la Constitución es simplemente la idoneidad.

Mucho más ridículo resultó que el mismo presidente Cartes se haya dejado presionar tan fácilmente por esos exaltados oradores sectarios y anunciara públicamente, eligiendo un mal momento y un peor lugar para hacerlo, que los complacería de inmediato reemplazando al ministro del Interior, Francisco de Vargas, mientras que se ocupaba de afiliar al otro ministro no colorado, Santiago Peña, quien abdicó así su brillante trayectoria ante un efímero poder en el Gobierno.

Hubo mucho que objetar a lo actuado en esta convención, tanto en el ámbito de lo moral como de lo legal. Mas lo que debe comprenderse cabalmente es que, en los hechos que estamos comentando, lo que estuvo en juego no era meramente la posibilidad de que un presidente continúe en el cargo, cueste lo que costare, y que para esta finalidad se sirva de un partido político; había algo más importante que eso: que en ese juego de ambiciones y pretensiones individuales y grupales era la institucionalidad republicana misma a la que se hacía vacilar en sus fundamentos. Todas las transgresiones que los colorados oficialistas intenten o cometan para que Cartes consiga su reelección podrán truncarse y quedar reducidas a la mera anécdota, pero sentarán un precedente nefasto para que, en el futuro, otros ambiciosos intenten hacer lo mismo.

El intento de avasallar varias prescripciones constitucionales, como por ejemplo obligar a los legisladores a someterse a dictados externos imperativos, es quizás el principal desvarío propuesto en la convención comentada. Tal disposición debilita las bases del sistema político democrático, al reducir al indigno papel de títeres a quienes tendrían que ser los representantes del pueblo. Si algunos de ellos optaran voluntariamente por someterse al Poder Ejecutivo o a otros, es algo que ocurriría de modo inevitable y la ciudadanía sabría cómo responder a esa indigna conducta, pero pretender convertir eso en regla es ya demasiado indecente.

Francamente, va a ser difícil superar la torpeza y la insensatez con que ayer se condujo el sector oficialista, o “cartista”, del Partido Colorado, o sea el conjunto de delegados que circunstancialmente responde al liderazgo del presidente Cartes. Pero este mismo defeccionó de su papel al apartar a un ministro de su cargo por no ser colorado, y al obligar a otro a afiliarse para continuar en el Gabinete.

El tema político a debatir que, con anterioridad a esta asamblea, se consideraba el principal, cual era la propuesta de enmendar la Constitución para reelegir al presidente Cartes, resultó siendo transferido a segundo plano, cuando se llegó a la semicerteza de que el cartismo está tomando un “nuevo rumbo” en ese objetivo reeleccionista, renunciando a la posibilidad de ir en este periodo por la enmienda constitucional, e intentar la alternativa de la reforma.

Hasta aquí nada de esto era desconocido ni podía causar sorpresa. Lo que pocos previeron es que la reunión de los colorados acabaría convertida en un circo de gladiadores en el que el sector oficialista iba a recurrir a todo lo que le fue posible para aplastar, silenciar y finalmente impulsar a irse al sector opositor, aprovechando el manejo de la mesa.

Finalmente, el discurso de Horacio Cartes fue una pieza que expresó cabalmente cuál era el espíritu dominante en esa convención, ya constituida exclusivamente por sus partidarios. Habló de sus obras de gobierno, hizo promesas para el futuro, las que suelen ser propias de campañas electorales, y, lo más paradójico de todo, centró su mayor énfasis en la “unión” partidaria, en la solidificación de sus líneas y en la confraternidad interna, vale decir, simulando ignorar que precisamente en ese momento se estaba produciendo una profunda división en su partido, provocada por la inconducta, la intolerancia y la falta de civilidad de quienes manejaban el acto con su complacencia.

Recordando aquella famosa convención colorada del año 1987, que fuera atracada por los “militantes” stronistas para apartar violentamente a los “tradicionalistas” de la participación en ese acto, es posible predecir que mucho de lo que sucedió después de aquello podría volver a repetirse, en especial lo que se refiere a la división partidaria, iniciada con el retiro de los convencionales opositores, que no parece ser superficial ni responder solamente a un estado emocional pasajero sino que podría sostenerse mucho tiempo, e incluso profundizarse, lo que significaría, sin duda alguna, un gran problema para el Partido Colorado y, eventualmente, si se agravara y derivara hacia situaciones de violencia, expandiría sus efectos negativos al país todo.

En resumen, con su ambición desmedida, el presidente Cartes está llevando al país al abismo, tanto por descuidar sus obligaciones fundamentales de atender las necesidades de la población en materia de salud, educación y seguridad, por cargar sobre la cabeza de la ciudadanía una monstruosa deuda, y ahora por dividir al país en bandos, haciendo recordar la nefasta frase del dictador Stroessner: “quienes no están con nosotros, están contra nosotros”.

Los ciudadanos y las ciudadanas deben manifestarse y hacer oír su voz contra estas barbaridades que pretenden retrotraer al país hacia un oscuro pasado.

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