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Al formular la acusación correspondiente, los fiscales Martín Cabrera y Josefina Aghemo hicieron lo que debían para que no queden impunes varios delitos cometidos por el exdecano y exrector Froilán Peralta, así como por funcionarios de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Estos sinvergüenzas le causaron un daño patrimonial de casi 4.000 millones de guaraníes y tienen que terminar en la cárcel, si es que aún hay justicia en este país.
Desde luego, el principal responsable del saqueo es quien, al asumir el Rectorado el 27 de mayo de 2014 para administrar un presupuesto equivalente a 270 millones de dólares, hizo la apología de su protector, el senador Juan Carlos Galaverna. Poco después se lució en un mitin partidario con el pañuelo colorado al cuello, demostrando así, de entrada, que la autonomía universitaria le importaba un bledo, lo mismo que la ética de la que habla el art. 2º del estatuto de la UNA.
No debió sorprender, entonces, que en septiembre de 2015 hayan salido a la luz sus fechorías administrativas y académicas, que generaron la indignada reacción de los estudiantes universitarios y condujeron a su renuncia irrevocable al cargo que había deshonrado.
Tal como ahora refieren los fiscales, el 2 de octubre de 2014 había firmado una resolución que equiparó a la docencia los cargos previstos en el anexo de personal del Rectorado, y estableció el perfil requerido para ocuparlos. Es decir, lo que hizo fue tratar de cohonestar los nombramientos irregulares que efectuó como rector y anteriormente como exdecano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, beneficiando, por ejemplo, a su secretaria privada, la maestra parvularia Tatiana Cogliolo, que también cobraba por el supuesto ejercicio de dos cátedras en la citada facultad, lo que la convertía en “colega” de su madre, de una prima y de una hermana, esta última estudiante secundaria.
La serie de delitos atribuidos a Peralta y sus compinches –lesión de confianza, inducción a un hecho punible, apropiación y estafa, producción de documentos no auténticos y cobro indebido de honorarios– demuestra cabalmente que en la UNA no solo se vulneraban las normas morales, como se lamentó el Consejo Nacional de Educación y Cultura (Conec) en su libro Situación de la Educación Paraguaya, publicado en vísperas del estallido del escándalo, al referirse a la educación terciaria. También se violaba tranquilamente el Código Penal, en la certeza de que los autores, cómplices y encubridores nunca serían ni siquiera imputados por el Ministerio Público. Por de pronto, ya se han equivocado. Confiamos en que su error resulte aún más evidente, y que la Fiscalía actúe con la diligencia necesaria para demostrar los ilícitos. Es hora de que los ladrones estén en la cárcel y reparen el perjuicio patrimonial ocasionado.
La ciudadanía no puede en modo alguno darse por satisfecha con que Froilán Peralta y sus acólitos ya no manejen el presupuesto de la UNA, así como no quedó satisfecha con el pedido de permiso que el primero presentó para aplacar la repulsa generalizada que provocaron sus desmanejos. Tampoco debe limitarse a aplaudir la acusación fiscal, sino que en adelante debe velar porque el juicio oral y público termine con una pronta sentencia condenatoria. No sería nada raro, como acostumbran los poderosos políticamente, que recurran a chicanas sistemáticas para dilatar el proceso, pero es de esperar que esas eventuales maniobras sean rechazadas sin dilación alguna, y que los abogados que las realicen sean escarmentados.
Como dijo el prestigioso jurista argentino Raúl Zaffaroni, en entrevista concedida a nuestro diario en octubre de 2015, “la corrupción se reduce aplicando el Código Penal. En el Código Penal está todo. No hay otra. No falta nada”. Y añadió: “Cuando me hablan de que hay que hacer un Código de Ética Judicial, yo respondo siempre: está en el Código Penal”.
Las sanciones también deben tener un efecto disuasivo, es decir, el de desalentar la comisión de hechos punibles por el temor de ir a parar en la cárcel. El condigno castigo que sufran Peralta y los demás acusados servirá para que quienes tengan ganas de enriquecerse ilícitamente en la función pública, lo piensen bien por lo menos dos veces. Desde 1990 hasta la fecha, solo han sido condenados a la pena privativa de libertad, por el delito de lesión de confianza, los expresidentes del Indi Valentín Gamarra y Rubén Quesnel, así como el exministro de Justicia y Trabajo Silvio Ferreira y la exministra de la Secretaría de Acción Social Judith Andraschko. Son muy pocos, considerando la terrible corrupción que carcome a nuestro país, de modo que urge que esta lista se extienda en defensa de la integridad moral y financiera de la República, y para que la corrupción sea reducida sustancialmente.
Siempre habrá delincuentes empotrados en el aparato estatal y en las universidades públicas, por lo que es necesario preocuparse de mandarlos a la cárcel cada vez que sean sorprendidos robando a sus conciudadanos. No nos deben seguir tomando por idiotas, metiendo descaradamente la mano en nuestros bolsillos.
Es preciso que el juicio oral y público solicitado por los fiscales, que confiamos no será desestimado por el juez de la causa, se convierta en el ejemplo a seguir en materia en casos similares, y que termine haciendo honor a la encomiable movilización estudiantil que hace un año dio inicio a un proceso de depuración de la UNA y de otras universidades nacionales, que debería continuar. El desenlace del juicio a Peralta y los 46 indiciados debe servir como lección para los corruptos, y para traer esperanza a los paraguayos de bien que están hartos de que el dinero público termine en los bolsillos de los jerarcas, de sus familiares y amigos, de sus correligionarios y hasta de sus amantes.