“Bicicleteo”

Como resultado de las últimas colocaciones de bonos, la deuda pública subió hoy a 5.689 millones de dólares. Este año se pagarán más de 160 millones de dólares solo en concepto de intereses. El proceso –iniciado bajo el gobierno anterior y acelerado bajo el actual– es preocupante tanto por su rapidez como por la calidad del endeudamiento y la incertidumbre de su pago. Si es imprudente caer en la tentación de emitir bonos soberanos solo porque las tasas de interés serían hoy favorables, resulta absurdo endeudarse sin considerar la capacidad de gestión del aparato estatal. Pero lo más inquietante es que gran parte de las nuevas deudas son contraídas no precisamente para realizar obras de infraestructura, sino para cubrir las anteriores. Es irresponsable hacer que los paraguayos de mañana paguen los platos rotos por los de hoy o de ayer. La cautela en esta delicada cuestión tiene que ver mucho con el respeto a las futuras generaciones.

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Desde 2013, en poco más de dos años, el Estado ha emitido tres partidas de bonos soberanos en el mercado internacional, por un valor total de 1.780 millones de dólares; la tasa de interés semestral oscila entre el 4,62 y el 6,10%, y el vencimiento, entre diez y ocho años. Ya se han colocado todos los bonos autorizados por la ley de presupuesto vigente, cuyo valor asciende a 403 millones de dólares. Se trata de un raudo endeudamiento, al que debe agregarse el provocado por la reciente operación en el mercado local por un valor total de casi diez millones de dólares, a un plazo de cuatro años y a un interés semestral de entre el 8,10% y el 8,70%, para que el Ministerio de Educación y Cultura pague al Instituto de Previsión Social lo que le debe en concepto de aporte del seguro de los docentes; seguirán otras emisiones hasta cubrir los 47,3 millones de dólares autorizados por una ley especial para que el Estado cancele su deuda con la entidad previsional. Como resultado de las últimas colocaciones de bonos, la deuda pública subió hoy a 5.689 millones de dólares. Este año se pagarán más de 160 millones de dólares solo en concepto de intereses.

El proceso –iniciado bajo el gobierno anterior y acelerado bajo el actual– es preocupante tanto por su rapidez como por la calidad del endeudamiento y la incertidumbre de su pago. El monto global de la deuda pública no supera el 20% del producto interno bruto (PIB), lo que aún resulta tolerable. Sin embargo, es inquietante que se haya disparado en solo dos años, debido –paradójicamente– a que los buenos datos macroeconómicos han permitido obtener bajas tasas de interés. El Ministerio de Hacienda quiso aprovechar la coyuntura favorable y se embarcó –autorizado sin mayores estudios por el Congreso– en una política de endeudamiento peligrosamente riesgosa, dado que hay factores –como el de la cotización del dólar– que pueden escapar al control gubernativo.

Si es imprudente caer en la tentación de emitir bonos soberanos solo porque las tasas de interés serían hoy favorables, resulta absurdo endeudarse sin considerar la capacidad de gestión del aparato estatal: 503 millones de dólares provenientes de los fondos soberanos –por los que ya se están pagando intereses– siguen depositados en el Banco Central porque la paquidérmica burocracia estatal anquilosada –sobre todo la del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones– no puede ejecutarlos.

Pero lo más inquietante es que gran parte de las nuevas deudas son contraídas no precisamente para realizar obras de infraestructura, sino para cubrir las anteriores, tal como lo reconoció el propio ministro de Hacienda, Santiago Peña. Según datos oficiales, el 60% de los recursos captados con la colocación de bonos en el mercado local y el 30% de los obtenidos con la segunda emisión de bonos soberanos, bajo el actual gobierno, han sido destinados al pago de la deuda pública. Este recurso –llamado “bicicleteo” en el lenguaje popular– viene siendo empleado sobre todo con respecto a la deuda interna, que equivale al 32% de la pública: el Ministerio de Hacienda se quedará con el 60,4% de la suma recaudada mediante los bonos autorizados por la Ley del Presupuesto de este año, lo que revela que ellos servirán para pagar bonos anteriores. Una cosa es tomar prestado dinero para construir rutas, hospitales, escuelas o aeropuertos, y otra muy distinta es captarlo para pagar una deuda. Es de pésima administración abrir un agujero para tapar otro, e ir dilatando así el saneamiento de las cuentas públicas.

Sin dudas, alguna vez, los intereses y el capital deberán ser pagados y devueltos con el dinero que deberá ser aportado por los contribuyentes. Cuando llegue ese día, el gobierno de turno, al paso que vienen siguiendo desde hace 25 años, preferirá aumentar la carga tributaria sobre el pueblo antes que combatir las sobrefacturaciones, eliminar los gastos superfluos, limpiar las entidades públicas de parásitos y congelar las altas remuneraciones de los funcionarios. De hecho, si no hubiese habido tanta corrupción, tanto clientelismo ni tanto derroche, habría sido innecesario endeudarse tanto y a un ritmo tan acelerado. Los contribuyentes de hoy y de mañana cargarán con las consecuencias de los desmanejos y corrupción de este y los anteriores gobiernos, sin que exista la certidumbre de que las deudas asumidas vayan a tener un gran impacto económico.

Los “bonos chinos” –colocados en 1999 por un valor de 400 millones de dólares– no sirvieron para impulsar el desarrollo, sino para llenar los bolsillos de los ladrones de la época del gobierno argañista de Luis González Macchi: terminaremos de pagarlos recién dentro de cuatro años, sin que hayan beneficiado en nada al país. ¿Hay motivos ahora para suponer que no se repetirá la triste historia? ¿Acaso el Gobierno puede asegurar que el aparato estatal ya está libre de los delincuentes de guante blanco, y que su gestión, a diferencia de las anteriores, está signada por la mayor escrupulosidad?

Los mil millones de dólares obtenidos en 2014 gracias a los bonos soberanos II deberán ser devueltos en 2044. Ni el Presidente de la República ni los legisladores que autorizaron su emisión pueden asegurar que viviremos mejor gracias a este endeudamiento. Es irresponsable hacer que los paraguayos de mañana paguen los platos rotos por los de hoy o de ayer. La cautela en esta delicada cuestión tiene que ver mucho con el respeto a las futuras generaciones.

Habrá que ver si la recaudación de este año podrá impedir que el servicio de la deuda generada por las emisiones de bonos cause un déficit superior al 1,5% del PIB, barrera establecida por la ley de responsabilidad fiscal. Por de pronto, cabe constatar que el Estado está huyendo hacia adelante, como si alguna vez no hubiera que pagar estas deudas alegremente hoy contraídas y como si ellas no pudieran descontrolarse. El endeudamiento solo debe apuntar a financiar inversiones públicas bien concretas y estudiadas, y las obligaciones monetarias que se asuman deben ser amortizadas con los recursos derivados de una administración honesta y austera.

Hace algunos años, la deuda externa de varios países latinoamericanos alcanzó niveles e inflaciones extraordinarios, debido a la irresponsabilidad de sus gobiernos. El Paraguay no debe repetir esa lamentable experiencia.

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