Cada vez más cerca

Últimamente, una parte importante de la maquinaria de corrupción e impunidad que los políticos montaron en nuestro país funciona de la siguiente manera: después de haber ocupado algún cargo en la función pública administrativa donde se maneja dinero y haberse enriquecido descaradamente, invierten una fracción de sus fortunas en la financiación de su campaña electoral, al abrigo de algunos de los partidos con más votantes. De este modo, las Cámaras legislativas están convertidas, por causa de algunos de sus miembros, en una especie de cuevas protectoras de malhechores que buscan escapar del alcance de la justicia. Los agentes fiscales no pueden lograr el procesamiento de los corruptos que devinieron senadores y diputados porque se ven impedidos de ir más allá de la acusación judicial. Si bien es cierto que, hasta ahora, los fiscales anticorrupción no han logrado ganar más que dos o tres batallas, puede afirmarse que estamos cada vez más cerca de que cualquier bandido que pretenda usar el Parlamento como escondite protector acabe en el banquillo de los acusados como cualquier hijo de vecino.

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Es preciso que la ciudadanía y la prensa presten su decidido apoyo y aliento a los agentes del Ministerio Público que muestran coraje y determinación en su tarea de enfrentar a los políticos viciados por la corrupción que ilegalmente tratan de protegerse con los fueros parlamentarios para eludir la acción de la justicia. Y si por tener una actitud viril y profesionalmente honesta los fiscales son manoseados por los afectados, que no se arredren, porque, cada vez más, la ciudadanía va conociendo mejor quién es quién en esta batalla entre justos y malhechores de la política.

Porque, últimamente, una parte importante de la maquinaria de corrupción e impunidad que los políticos montaron en nuestro país funciona de la siguiente manera: después de haber ocupado algún cargo en la función pública administrativa donde se maneja dinero y haberse enriquecido descaradamente, invierten una fracción de sus fortunas en la financiación de su campaña electoral, al abrigo de algunos de los partidos con más votantes.

De este modo, las Cámaras legislativas están convertidas, por causa de algunos de sus miembros, en una especie de cuevas protectoras de malhechores que buscan escapar del alcance de la justicia. Los agentes fiscales no pueden lograr el procesamiento de los corruptos que devinieron senadores y diputados porque se ven impedidos de ir más allá de la acusación judicial. Los culpables de desfalcos, desvíos, malversaciones, cohecho y de mil trapisondas más cometidos cuando eran administradores del Estado, convertidos en multimillonarios, quedan así protegidos con una capa de ciudadanos privilegiados, exentos de la obligación legal de poder ser eventualmente investigados por la justicia o a comparecer ante los jueces.

Este manto de impunidad que senadores y diputados corruptos obtienen para sus anteriores actos de latrocinio, malversación y toda la variada gama de ilícitos que se suelen englobar bajo el término jurídico de “lesión de confianza”, no es un beneficio legítimamente incluido en el acto de haber resultado preferidos electoralmente, ni es un mérito reconocido en las leyes y en las normas institucionales que rigen la sociedad democrática, sino una prerrogativa excepcional inventada por ellos mismos, bajo la figura de la “interpretación jurídica”.

En efecto, esos personajes obtienen la anhelada impunidad merced a un antojadizo modo de entender la institución de los fueros parlamentarios, creados para proteger la libertad de los legisladores en el cumplimiento de sus funciones políticas, pero no para exonerarlos de rendir cuentas ante los tribunales de actos ilícitos que cometan como personas. De cualquier manera, entretanto sean investigados y juzgados, los senadores y diputados procesados pueden continuar participando de las sesiones de sus Cámaras y sus comisiones sin ningún impedimento, con voz y voto, como también pueden continuar disfrutando de sus demás privilegios especiales.

A pesar de eso, los legisladores interpretan los fueros en forma conveniente a sus intereses, y logran lo que no pocos políticos en funciones públicas desean por sobre todas las cosas: el olvido de sus fechorías y el dulce disfrute del producto de ellas.

Tomando en consideración las barreras políticas protectoras y el poder de chantaje del que disponen los afectados por las investigaciones judiciales, es que debe considerarse digno de elogio la corajuda determinación que muestran algunos agentes fiscales para intentar acusar formalmente y hacer procesar a parlamentarios que cometieron ilícitos cuando eran funcionarios administrativos.

Si bien es cierto que, hasta ahora, los fiscales anticorrupción no han logrado ganar más que dos o tres batallas, ayudados por el formidable apoyo ciudadano y la presión ejercida por la opinión pública y la prensa, puede afirmarse que estamos cada vez más cerca de que cualquier bandido que pretenda usar el Parlamento como escondite protector acabe en el banquillo de los acusados como cualquier hijo de vecino.

Se deben ver con optimismo estas primeras batallas contra los legisladores corruptos, porque están sentando las bases para ir progresando en la dirección correcta.

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