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La sola lectura del relato del proceso que se abrió por un bárbaro hecho de desmonte o deforestación, de nada menos que 800 hectáreas de bosque atlántico, en la localidad de Mendoza Cue, en la estancia Timburí, ubicada en la localidad de Itakyry, da escalofríos.
La denuncia fue planteada ante la justicia por el intendente del lugar, Hugo Barreto, dando origen a una investigación iniciada por una comitiva fiscal a cargo de la agente Zunilda Ocampos, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra el Medio Ambiente. Esta constató un desmonte de cien hectáreas, con lo que arrancó una acusación contra un tal Rojas, insolvente que figura como arrendatario de la estancia, siendo su propietario el brasileño Nativo Rocha da Lapa.
Como la deforestación proseguía sin pausa y sin ningún temor hacia la justicia, se realizó una nueva “visita” de la agente fiscal, que amplió la acusación incluyendo en ella al estanciero propietario Rocha da Lapa, quien también fue beneficiado con medida alternativa de prisión.
En resumen, la fiscala Zunilda Ocampos pidió se aplique al tal Rojas una condena de dos años, más suspensión de la ejecución de la pena. Asimismo, solicitó la aplicación de una multa de treinta millones de guaraníes como reparación del daño ambiental. Según este criterio, por tanto, cualquiera que destruya un monte, arriesgará una multa calculada a razón de 375.000 guaraníes por hectárea. Este es el ridículo valor económico, según esa fiscala, del daño que se le causó al país eliminando 800 hectáreas de cobertura vegetal irrecuperable.
La jueza del caso, Eresmilda Román, pretendió elevar el expediente a juicio oral y público, dictando el auto correspondiente, pero no tuvo fortuna porque la cámara, compuesta por Guido Melgarejo, Lorenzo Derlis Rodríguez y María Isabel Acosta, revocó su resolución. En conclusión, y para abreviar este cuento de terror, el brasileño dueño del monte tumbado “no sabe nada” porque “alquiló” la estancia a un tal Rojas. Este supuesto inquilino solamente “arriesga” tener que pagar una multa de treinta millones de guaraníes por la desaparición de 800 hectáreas de bosque nativo. Los fiscales no investigan más ni descubren nada importante, la jueza quiere hacer algo al respeto pero le atan las manos, los camaristas revocan lo que molesta o perjudica a los acusados.
Esta siniestra historia relata en detalles tan crudos cómo con la complicidad de autoridades se van destruyendo, impune y sistemáticamente, los últimos restos del patrimonio natural de nuestro país. Además de la nombrada fiscala Ocampos, intervienen como actores el fiscal adjunto Jorge Sosa y los camaristas mencionados, un grupo numeroso de funcionarios de justicia que ocasionalmente coinciden en un interés común: dejar impune un caso criminal singularmente grave para la sociedad y el país, la deforestación de 800 hectáreas de bosque nativo.
Así están funcionando estas cosas en el Paraguay. Cuando el beneficio del crimen es muy alto, el rédito que deja da margen para atontar a los fiscales y torcer la vara de la justicia dejándola hecha un tirabuzón. La “ley de deforestación cero” es un verdadero cero… a la izquierda. Y a ninguna autoridad parece importarle.