Complot de la ANDE contra el desarrollo económico del país

Una de las mejores formas de combatir la pobreza es proporcionar energía eléctrica a la población, pues en la falta de ella yace la raíz de muchos problemas que aquejan a la gente alrededor del mundo. La ANDE, como operadora de la red eléctrica nacional, tiene la responsabilidad de asegurar al país no solo la generación, transmisión y distribución de la electricidad, sino también la calidad del servicio. Aunque hasta ahora la red eléctrica nacional es relativamente segura, su confiabilidad, efectividad y disponibilidad están cada vez más comprometidas en la medida en que aumenta la demanda doméstica, comercial e industrial. Cuando se esperaba que con el Gobierno del “nuevo rumbo” la ANDE sería el buque insignia del desarrollo económico del Paraguay, dada la gran disponibilidad de energía con que cuenta el país, he aquí que el gobierno de Cartes ha iniciado un plan de acción para supuestamente “fortalecer” a la institución, mediante dos frentes: elevar la tarifa y quitarles las concesiones a las pocas empresas privadas que hoy distribuyen electricidad en algunas poblaciones.

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Una de las mejores formas de combatir la pobreza es proporcionar energía eléctrica a la población, pues en la falta de ella yace la raíz de muchos problemas que aquejan a la gente alrededor del mundo. Y nuestro país no es la excepción. La Administración Nacional de Electricidad (ANDE), como operadora de la red eléctrica nacional, tiene la responsabilidad de asegurar al país no solo la generación, transmisión y distribución de la electricidad mediante la red del Sistema Interconectado Nacional (SIN) a través de la cual se mueve la electricidad desde las usinas hidroeléctricas de Acaray, Itaipú y Yacyretá hasta los más remotos hogares y negocios del país, sino también la calidad del servicio. Aunque hasta ahora la red eléctrica nacional es relativamente segura, su confiabilidad, efectividad y disponibilidad están cada vez más comprometidas en la medida en que aumenta la demanda doméstica, comercial e industrial.

Los factores que contribuyen a la creciente deficiencia del servicio que presta la ANDE son varios. Aunque lo más notorio es la vulnerabilidad del SIN a los desastres naturales, como tormentas e inundaciones, hay una serie de falencias institucionales que el público no percibe, pero que eventualmente son causantes de peores consecuencias que las ocasionadas por fenómenos meteorológicos. En conjunto, estas deficiencias administrativas le impiden al ente estatal tener la capacidad financiera y gerencial para invertir en el mejoramiento de la calidad y durabilidad de la red eléctrica nacional.

La falta de un ente estatal regulador eléctrico complica aún más la capacidad de la ANDE para asegurar al país un mejor servicio, pues como ente operador monopólico su capacidad de gestión disminuye en la medida en que crece la demanda de energía eléctrica. Si a esto agregamos la endémica corrupción empotrada en las reparticiones públicas y el populismo político coadyuvante, la institución se ve cada vez más sobrepasada en su capacidad de reacción para satisfacer la variable demanda de electricidad de los consumidores a nivel país.

Cuando se esperaba que con el gobierno del “nuevo rumbo” la ANDE sería el buque insignia del desarrollo económico del Paraguay, dada la gran disponibilidad de energía eléctrica con que cuenta el país, he aquí que el gobierno del presidente Horacio Cartes ha iniciado un plan de acción enderezado supuestamente a “fortalecer” a la institución. Esta estrategia gubernamental tiene dos frentes: primero, elevar la tarifa; y el segundo, peor aún, quitarles las concesiones a las pocas empresas privadas que hoy distribuyen la electricidad en algunas poblaciones. En este sentido, la espada de Damocles pende sobre los menonitas del Chaco y la empresa Clyfsa, de Villarrica.

Según los directivos de la ANDE, el ente no tiene suficientes recursos para ejecutar todos los proyectos necesarios para atender la demanda nacional de electricidad y mejorar la calidad del suministro energético. Esta afirmación se ajusta a la verdad. La administración no tiene suficientes recursos para sostener el crecimiento del 9 por ciento anual de la demanda nacional. Pero esa falta de recursos es la consecuencia de una serie de problemas que acarrea el ente desde hace más de dos décadas, tales como pérdidas económicas por ineficiencia, por corrupción, por burocracia, por exceso de personal e incapacidad gerencial para ejecutar presupuesto.

En ese orden de cosas, la ANDE soporta más de US$ 260 millones al año en pérdidas negras (robo de energía), pérdidas técnicas (por tener un SIN obsoleto) y pérdidas administrativas (falta de cobro por morosidad, por populismo o por negligencia). Existen empresas, viviendas y comercios de “los amigos” que simplemente no pagan por el consumo. Se estima que el 25 por ciento de la morosidad se debe a simple desidia administrativa que a nadie importa dentro de la institución. Tampoco pagan por la electricidad que consumen los asentamientos, tanto urbanos como rurales, al igual que las seccionales coloradas, reparticiones públicas, Ejército y Policía.

La ANDE está catalogada por la ciudadanía como una de las instituciones estatales más corruptas, en razón de que es la máxima recaudadora pública, después del Ministerio de Hacienda. En cuanto a la lacra de la burocracia, lleva la delantera a muchas de las dependencias públicas. Una licitación lanzada por el ente insume de 3 a 6 meses de gestión; a veces hasta un año para proceder a la adjudicación del pertinente contrato. Otras veces, un determinado llamado a licitación pública se repite hasta cuatro o más veces hasta “dar en el clavo”.

En su conjunto, las deficiencias y pérdidas enumeradas precedentemente hacen imposible que la ANDE pueda gastar más de US$ 5.000 millones en los próximos 10 años. La gran ironía es que ella compra energía de Itaipú y Yacyretá a US$ 27/MWh y nos vende a US$ 71,6/MWh, mientras sus más de 4.000 empleados solo pagan el 50 por ciento de la tarifa, privilegio indebido y discriminatorio prohibido por la Constitución.

Finalmente, la intención del Gobierno de cancelarles las concesiones a las empresas eléctricas menonitas del Chaco y a la guaireña Clyfsa con el propósito de confiscar los recursos de estas distribuidoras que tienen gran demanda industrial y que, confiadas en la buena fe del Gobierno, han realizado inversiones en infraestructura eléctrica en sus respectivas localidades, configura un rotundo mentís a la cacareada política económica de la alianza público-privada con que el Gobierno pretende atraer el capital privado para suplementar el financiamiento de las obras que el país necesita para desarrollarse. Quieren aumentarles el precio de la energía al solo efecto de reducir sus ingresos para que no pueda seguir realizando las inversiones requeridas para mantener su sistema de forma segura, eficiente y confiable.

Así las cosas, el plan del gobierno de Cartes con relación a la ANDE implica un retroceso total con respecto a la política energética prevaleciente en el mundo. En vez de incentivar el crecimiento y fortalecimiento del sector eléctrico a través de la inversión privada, local o extranjera, lo que pretende hacer es subsidiar empresas públicas ineficientes a costa de la oportunidad de potenciar el crecimiento económico del país.

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