Todo indica que la Junta Municipal de Asunción aprobará hoy, por muy amplia mayoría, la rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria del año anterior, que estuvo a cargo de Arnaldo Samaniego hasta el 12 de agosto y de Omar Pico hasta el 19 de diciembre, día en que asumió su cargo el actual intendente , Mario Ferreiro. Los ediles “blanquearán” así la nefasta gestión del primero de los nombrados, siguiendo el dictamen unánime de los miembros de la Comisión de Hacienda. Conste que este documento señala que la rendición “refleja un deterioro de las condiciones patrimoniales, financieras y económicas”, que provocó “disminuciones de condiciones de índices de liquidez, aumentos de pasivos a corto plazo, aumento de índices de endeudamiento (…) y disminución de la ejecución presupuestaria de ingresos corrientes”. La actual administración no contrató una auditoría externa independiente para que examine las cuentas de la anterior y, por lo visto, la referida comisión no revisó bien los documentos que acompañaron la rendición de cuentas. O sea que a la gestión de Samaniego sería criticable por inepta, pero no necesariamente por corrupta, en sentido estricto.
Se entiende que los concejales de la ANR no hayan querido comprometer a su correligionario, pero no así que los de otras bancadas no detecten ninguna irregularidad, si es que se cree que deben ejercer un estricto control del uso del dinero público, independientemente de toda otra consideración.
Ocurre que el intendente municipal no cuenta con mayoría propia en el cuerpo deliberante y, en consecuencia, estima que necesita hacer concesiones para que, en retribución, los ediles colorados y sus dos aliados no bloqueen futuras iniciativas suyas. Se trata de una componenda, cuyo antecedente más notorio es la capitulación del jefe comunal en lo relativo a los 570 funcionarios, contratados y jornaleros de los que pretendía desprenderse: la medida prevista quedó prácticamente en agua de borrajas, tras un acuerdo entre Ferreiro y los sindicalistas, ligados a los concejales cuyos votos cree necesitar.
Es de suponer que, de acuerdo a esa “estrategia”, tendrá que hacer muchas concesiones que implicarán la continuación, en buena medida, de las lacras heredadas. Los acuerdos pueden ser impugnados por implicar una traición a los electores que confiaron en que una nueva administración sea muy diferente de la que dejó Asunción en un calamitoso estado. Pero, además, resulta que esas mismas “transadas” impedirán, con toda seguridad, que él cuente con los recursos que necesita para revertir la pésima situación financiera de la Comuna y construir las obras y prestar los servicios que los vecinos necesitan. En el dictamen de la Comisión de Hacienda se lee también que, el año pasado, se destinó a los servicios personales el 76,24% de los ingresos corrientes, en contravención de la Ley Orgánica Municipal, que fija un tope del 60%. Está visto que Ferreiro no podrá ajustarse a la ley, porque ello implicaría afectar a la clientela política de los ediles de la ANR, a quienes en modo alguno querría disgustar.
Si ya hubo un deplorable “cuoteo” de cargos entre los componentes de la alianza que ganó las elecciones municipales, ahora aparece la vieja politiquería criolla en todo su esplendor: hoy por ti y mañana por mí, más allá de la ley, de la moral y de la eficiencia. Habrá que ver después si la Contraloría General de la República toma en serio su deber de examinar los documentos que acompañan la ejecución presupuestaria: es de esperar que sea más atenta que la Junta Municipal, donde una mano parece lavar la otra.