Con las manos en la masa

Si le resta algún decoro, el magistrado Alberto Ramírez Zambonini debe renunciar al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Las bochornosas revelaciones en torno a los “planilleros” incorporados por él hacen que su permanencia en el cargo implique una afrenta a su investidura y a la moralidad pública. Para manejar dinero de los contribuyentes se requiere honradez y para administrar justicia se necesita autoridad moral. Hay serios indicios de que Ramírez Zambonini carece de esos atributos.

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Si le resta algún decoro, el magistrado Alberto Ramírez Zambonini debe renunciar al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Las bochornosas revelaciones en torno a los “planilleros” incorporados por él hacen que su permanencia en el cargo implique una afrenta a su investidura y a la moralidad pública.

Cuando salió a la luz el tragicómico caso de las tres sucesivas esposas de su amigo Manuel Radice que, con sus respectivas madres y hermanas, habían pasado por la Justicia Electoral sin brindar ningún servicio apreciable, Ramírez Zambonini alegó que él no podía instalarse en la puerta para controlar quiénes entran y quiénes no. Ahora nos enteramos de que a su despacho estaban asignados ¡229 funcionarios y contratados!, de los cuales ¡48 “trabajaban”, seguramente abarrotados, en su propia oficina! Todos ellos firmaban una planilla, pese a que la sede central de la Justicia Electoral cuenta con un reloj marcador de la asistencia. En el caso de las señoras aludidas, Ramírez Zambonini admitió que tenía una “responsabilidad política”, algo que hasta ahora no ha asumido con respecto al nuevo escandaloso caso. La responsabilidad política debe conllevar la renuncia de quien cometió un grave error en el ejercicio de un cargo público. Ramírez Zambonini, en realidad, no se equivocó sino que incurrió a sabiendas en una práctica perversa que le cuesta mucho dinero al erario. ¿O es que alguien puede creer que todos los funcionarios y contratados de su despacho realmente asistían a su lugar de trabajo? No asistían y él lo sabía.

Este cuestionado miembro del TSJE es el mismo que hace unos años, abrumado por las evidencias, se vio obligado a confesar que no escribió su tesis doctoral y que el profesional contratado para prepararle el trabajo copió obras ajenas. En esa ocasión, Ramírez Zambonini evidentemente se benefició de un plagio, delito penado por las leyes. Es difícil imaginar que, en un país medianamente serio, quien intentó cometer un fraude académico siga integrando un alto órgano judicial. Pero allí continuó, por la simple razón de que en su momento no se logró la mayoría necesaria en el Congreso para su condigna destitución mediante el juicio político.

La permanencia en el cargo de este personaje no debe ser objeto de negociaciones políticas, de modo que su partido –el PLRA– debería abstenerse de exigir algo a cambio de la eventual remoción de su afiliado vía juicio político, si es que continúa aferrado al puesto que hoy está lejos de honrar. Que el cuestionado senador Juan Carlos Galaverna sea uno de sus principales detractores ni el hecho de que también otros miembros del TSJE hayan incorporado a “planilleros” no le convierten en inocente ni le eximen de la culpa de haber dado ocasión a que el fisco sea vilmente ordeñado. El delito de cobro indebido de honorarios no hubiera sido cometido en tan amplia escala sin la previa y discrecional intervención de este magistrado, a través de nombramientos y contrataciones absolutamente injustificados. Para manejar el dinero público se requiere honradez y para administrar justicia se necesita autoridad moral. Hay serios indicios de que Ramírez Zambonini carece de estos atributos.

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