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Como estaba previsto dentro de la estafa en marcha, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) recibió la no objeción de la cómplice Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) para la adjudicación del contrato a la única empresa oferente de la licitación del Lote 2 del proyecto de maquinización de la presa Yguazú, correspondiente a las obras civiles e hidromecánicas. Así lo anunció recientemente el presidente del ente estatal, ingeniero Víctor Romero, quien reconoció que el monto de la oferta del Consorcio Constructor Yguazú –conformado por la firma constructora brasileña Camargo Correa SA y la paraguaya Talavera & Ortellado SA–, de US$ 252,7 millones, supera ampliamente la disponibilidad actual en el presupuesto del proyecto, inicialmente de US$ 265 millones –provenientes de un crédito de US$ 200 millones del Banco del Japón para la Cooperación Internacional (JBIC) y una contrapartida nacional de US$ 65 millones–, de los cuales ya se utilizaron más de 100 millones de dólares.
Con relación al abultado descalce financiero de US$ 160 millones –equivalente al costo de la ruta de Concepción a Vallemí, de 170 kilómetros– no dejó de llamar la atención de quienes lo escuchaban la ligereza con que el ingeniero Romero barajó tan seria cuestión. Como si se tratara de una bagatela, respondió muy suelto de cuerpo: “Se tiene que buscar la fuente de financiamiento”. La conclusión obvia de sus interlocutores no pudo ser otra que la de asombro, pues tratándose de una suma sideral para las posibilidades del fisco, no será tarea fácil que el ministro de Hacienda, aunque fuera mago, pueda sacarla de la galera para dársela alegremente. Tampoco el presidente de la ANDE parecía tener cabal conciencia de que las consecuencias de tamaña irresponsabilidad institucional, traducidas en perjuicio para el Estado, podrían sobrepasar largamente la suma en cuestión. Más aún teniendo en cuenta lo ya extemporáneamente gastado con la adquisición del equipamiento electromecánico del consorcio japonés Toshiba-Mitsui Corp., correspondiente al Lote 2 del proyecto, por valor de US$ 76 millones.
La parte más grosera de desfachatez burocrática en que a menudo incurren altos funcionarios públicos, como el presidente de la ANDE en el caso que comentamos, es la subestimación del sentido común de la gente, al pretender embaucarla con manipulaciones semánticas o mentiras flagrantes, como la receta “premium” de que la grave cuestión financiera pasa por buscar dinero prestado. Obviamente, sin decir de dónde, cómo, ni cuándo. El colmo de la irresponsabilidad de un alto funcionario público es decir “primero firmamos un contrato, establecemos obligaciones de pago, después salimos a buscar la plata”.
El proyecto de la maquinización de la presa Yguazú, como el de Acepar en los tiempos de la dictadura stronista, es un parto de los montes de esta “era democrática”. Fue concebido por un grupo de interés mafioso, con fuerte poder económico, en connivencia con altos burócratas de la ANDE, durante el gobierno de facto de Luis Ángel González Macchi, en el molde de una estafa programada contra el Estado paraguayo.
Recordando el caso de la miniplanta de Acepar, el cuento con el que los jerarcas del régimen dictatorial –incluido Gustavo, el hijo mayor de Stroessner– obtuvieron la bendición del “único líder” para concretar la construcción de la siderúrgica de Villa Hayes fue que la misma era una industria “estratégica” que necesitaba el país. A ese efecto, con la garantía de los royalties de Itaipú, obtuvieron multimillonarios créditos en dólares de la agencia financiera estatal brasileña CACEX para la compra de equipamientos, insumos y materiales de construcción, a más del pago de un porcentaje de la mano de obra especializada brasileña, y préstamos del BCP para pago de mano de obra local.
Actualmente, en este caso de la presa de Yguazú, el canto de sirena utilizado para viabilizar la estafa contra el Estado fue la supuesta necesidad y urgencia de contar con una fuente de generación hidroeléctrica adicional complementaria de Acaray, para que cubriera el déficit en horas pico de consumo eléctrico nacional, evitando así que la ANDE tuviera que contratar mayor potencia energética en Itaipú. A tal efecto, concibieron el elefante blanco de la maquinización de la presa. Durante el gobierno de González Macchi se tramitó y obtuvo el crédito del JBIC, pero la aprobación por ley del mencionado préstamo se dio recién bajo el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. A instancias del grupo de interés –verdadero dueño y principal beneficiario del entuerto–, una vez disponible el crédito hicieron que la ANDE contratara a la empresa consultora japonesa Koei Ltd., encubiertamente consorciada con el grupo que entre bambalinas impulsa el fraudulento proyecto contra viento y marea. Esta consultora y sus asociados paraguayos ya se han embuchado hasta la fecha unos US$ 25 millones del crédito asignado al proyecto.
Por supuesto, el rol de las sucesivas autoridades superiores de la ANDE, a través de más de cinco años, ha sido implementar cabalmente las maniobras dolosas dictadas por sus patrones ocultos, a través de la consultora japonesa cómplice Koei Ltd. Se esperaba que esta conspiración financiera de larga data contra el Estado paraguayo terminara bajo el gobierno del “nuevo rumbo” del presidente Horacio Cartes. Sin embargo, por lo que se ve, el fato va a continuar, y el costo del nuevo enorme “elefante blanco” caerá, otra vez, sobre las espaldas del escuálido e indefenso pueblo paraguayo, ese que en las próximas elecciones debe pasarles la factura a los ladrones de guante blanco.