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El vocero oficial de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), mayor Alfredo Jonás Ramírez Acosta, fue intempestivamente relevado del cargo por el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Gonzaga Garcete, por haber denunciado públicamente la corrupción imperante al interior de la misma, lo que le impide cumplir la misión de combatir con eficacia la insurgencia terrorista del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Entre otras cosas, el defenestrado portavoz de la fuerza militar conjunta dijo a una radioemisora de la capital que no pueden tener resultados debido a que algunos elementos orgánicos de la propia FTC se encargan de dar aviso a los criminales de las operaciones tácticas a llevarse a cabo, por lo que hasta ahora todos los intentos para desarticular la banda de facinerosos han fracasado.
Casi inmediatamente después, el cuestionado fiscal antisecuestro de la zona norte del país, Joel Cazal, reaccionó airado contra la revelación –que se sospechaba desde hace tiempo– realizada por el portavoz de la fuerza, considerándola muy grave y amenazando investigarlo por presunta frustración a la persecución y ejecución penal. Que se sepa, la “frustración a la persecución” la realizan los elementos desleales de la FTC, y no el mayor Ramírez, quien denunció la situación.
Este agente fiscal es el mismo a quien denunció el general (R) Herminio Piñánez Valmori –padre del malogrado capitán Enrique Piñánez Ciancio, fallecido en confusas circunstancias en la localidad de Cuero Fresco, distrito de Horqueta, el 26 de noviembre de 2014– como uno de los implicados en la conspiración para ocultar las reales circunstancias del atentado en que murió su hijo. En su denuncia pública, el general (R) Piñánez lo sindicó también –basado en testimonio de su hijo fallecido– como ligado a delitos atribuidos al comisario general Antonio Gamarra cuando este integraba la FTC bajo el mando del general Mario Restituto González, entre ellos el atentado que le costó la vida al comisario Manuel Escurra cuando fungía de titular en la comisaría de la ciudad de Horqueta.
La destitución del mayor Ramírez no hubiera llamado la atención pública de no mediar la arraigada desconfianza de la gente en la llamativa inoperancia de la FTC desde su reestructuración orgánica y operacional al amparo de la Ley Nº 5036/13, que modificó y amplió la anterior, Nº 1337/99, a los efectos de autorizar al Presidente de la República a disponer el empleo de unidades de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en operaciones de defensa interna. Trasgrediendo el clásico principio de guerra de la “unidad de mando” –hasta ahora vigente en los modernos ejércitos del mundo– el presidente Horacio Cartes, en virtud del Decreto Nº 103, de fecha 24 de agosto de 2013, optó por conformar un comando operacional híbrido, compuesto de fuerzas militares y policiales y de agentes civiles de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
Así conformada, la FTC, aunque nominalmente comandada por un oficial militar, en la práctica, desde un principio y hasta ahora, es en realidad dirigida operacional y administrativamente por un comando tricéfalo integrado por un comandante militar, otro policial y un tercero de la Senad. Cada uno de ellos responde independientemente al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas –que es el Presidente de la República–, al ministro del Interior, Francisco de Vargas, y al ministro de la Senad, Luis Rojas, respectivamente. Es fácil imaginar que con semejante modalidad de conducción la FTC jamás puede tener éxito en operaciones de combate contra un enemigo, más aun tratándose de fuerzas irregulares terroristas, tal como efectivamente viene comprobándose desde su creación.
Esta suposición no es antojadiza; está comprobada por los hechos. El virtualmente nulo resultado está dado por la absurda circunstancia de que en más de dos años de operación en la Zona de Defensa Interna (ZDI), que abarca los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, hasta ahora no ha sido capturado ni eliminado ningún componente del primer anillo del EPP, que son bien conocidos, por cierto. En contraste con este déficit de desempeño táctico de la FTC, en el lapso de referencia el EPP ha doblado el número de fechorías perpetradas en sus 10 años de existencia delictiva.
Tras su destitución como comandante de la FTC a fines de marzo pasado, el general Ramón Benítez Amarilla –cuyo sucesor, el Cnel. Raúl Érit Salinas, también destituido ayer– había denunciado públicamente como causal del fracaso de la fuerza bajo su mando en la lucha contra la gavilla terrorista la existencia de “comandos paralelos” –en obvia alusión a los ministros Francisco de Vargas y Luis Rojas– que interferían la unidad de mando requerida para la conducción operativa exitosa de la fuerza. Por provenir de quien provino, tal testimonio es lapidario. Obviamente, el general Benítez se cuidó muy bien de cometer la infidencia del mayor Alfredo Ramírez en el sentido de denunciar también la corrupción imperante al interior de la FTC como una de las causas de su fracaso.
La enigmática muerte del capitán Enrique Piñánez en circunstancias hasta ahora no aclaradas es también un trágico testimonio de la anarquía y la corrupción imperantes en el seno del mando colegiado de la FTC, tal como públicamente lo denunció su padre. Así las cosas, la conclusión obvia a que llega la gente es que la destitución del mayor Alfredo Ramírez se debió a su franqueza, confirmando las recurrentes denuncias de corrupción al interior de la FTC que el Presidente de la República y sus ministros responsables tratan de ocultar a la opinión pública, en una actitud equivalente a matar al mensajero para no enterarse del mensaje. El presidente Cartes ya no puede seguir haciéndose el desentendido ante esta bochornosa situación sino, por la salud de su Gobierno, debe adoptar medidas correctivas drásticas, en primer lugar desprendiéndose de quienes han demostrado una inutilidad a todas luces, como el ministro del Interior Francisco de Vargas. Si continúa escondiendo la cabeza bajo tierra como el avestruz, el EPP, la ACA y demás grupos ilegales que van proliferando ante la inoperancia de la fuerza pública le continuarán marcando su agenda.