Cargando...
El presidente de la República, Horacio Cartes, tomó la sensata decisión de vetar la ley que otorga un subsidio de hasta 51 millones de guaraníes a 16.862 campesinos desconocidos, para que paguen sus respectivas deudas, cuyos orígenes y montos también se ignoran. Al desistir de su intención de promulgar semejante engendro en vista de la “crispación social”, anunciada por el diputado y titular de la ANR, Pedro Alliana, tras leer los informes sobre el impacto que tendría el enorme desembolso en la vida económica, el Jefe de Estado no ha hecho más que emplear el sentido común del que demostraron carecer tanto los agresivos propulsores de la desatinada iniciativa como los irresponsables legisladores que la aprobaron en función de intereses electorales.
Los manifestantes encabezados por Luis Aguayo, operador político del Frente Guasu y acusado del delito de lesión de confianza en perjuicio del Indert, bloquearon durante tres semanas las calles del centro de Asunción, violando derechos de quienes querían asistir puntualmente a sus puestos de trabajo. Tras la sanción de la desatinada ley, el personaje citado amenazó con traer más gente a la capital para forzar su promulgación, si el Poder Ejecutivo se demorara en hacerlo: “Apenas el 25% de nuestras fuerzas estamos moviendo”, afirmó muy suelto de cuerpo con ánimo de atemorizar al Gobierno.
Nuestro diario es acérrimo defensor de las manifestaciones públicas realizadas de acuerdo a la ley, respetando derechos ajenos, pero también se opone con firmeza a los prepotentes, más aun cuando sus exigencias son del todo irracionales, como en este caso. La desvergüenza llegó hasta el punto de que otro dirigente de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI), Jorge Galeano, señaló que los 34 millones de dólares que podría llegar a costar el demencial subsidio son solo “un estimativo”, como si una asignación de fondos estatales pudiera hacerse “a bulto”. O sea que la ciudadanía estaría sobre ascuas temiendo que los absurdos reclamos financieros vayan incluso en aumento.
La ministra de Hacienda, Lea Giménez, pidió que se le faciliten la lista de posibles beneficiarios y el monto de las deudas, con base en datos formales y no simples estimaciones, porque los únicos datos recibidos de parte de los interesados son “preliminares y totalmente informales, en un pedacito de papel”, según dijo. Como las demandas carecen de toda seriedad, ni siquiera se sabe cuánto podría terminar costando: el presidente Cartes mencionó la colosal cifra de unos ¡3.200.000.000 de dólares!, equivalentes al 25% del Presupuesto Nacional. Tampoco se sabe, entre tantas cosas, cómo el Ministerio de Agricultura podría constatar que las deudas tienen que ver con la producción, ya que habría moras de hasta diez años de antigüedad, según la presidente del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), Amanda León.
Existe presunción de que una parte de las sumas tomadas en préstamo fue destinada a la compra de aparatos electrodomésticos, teléfonos móviles o motocicletas. Siendo así, hasta la propuesta del Poder Ejecutivo de refinanciar cada una de las deudas con el patrocinio estatal resultaría bastante cuestionable.
Si esta absurda ley entrara en vigencia, cualquier otro grupo, como el de los funcionarios públicos, por ejemplo, podría reclamar también que papá Estado les cubra sus deudas.
Lo antedicho no es nada nuevo, ya que también sectores empresariales y obreros han llamado la atención sobre lo descabellado del asunto de marras. Por su parte, los legisladores resolvieron, por amplia mayoría, dar rienda suelta al populismo teniendo a la vista las próximas elecciones internas y generales, suponiendo que conseguirían más votos dejando de lado la moral y la racionalidad económica. Lo admitió abiertamente el diputado José Ledesma (PLRA), ¡quien había votado a favor del proyecto de ley!
He aquí la demostración cabal del motivo que impulsó a la mayoría de los parlamentarios a disponer de un dinero que no se tiene para pagar las deudas de unas personas cuya identidad desconocen, sin poner límites de cortes a los vencimientos. Por cierto, les podemos dar el nombre de Gustavo Ferreira Aquino (Frente Guasu), el “campesino” que participó en la ocupación de las calles de Asunción siendo presidente de la Junta Departamental de Caaguazú, con un sueldo de 8.500.000 guaraníes mensuales. Se trata de uno de los muchos sinvergüenzas de tomo y lomo a los que se pretendió beneficiar con la ley felizmente vetada, con la intención de obtener votos a costa de todos aquellos que cumplen con sus obligaciones financieras sacando el dinero de sus bolsillos, sin que el Estado les regale nada.
El mismo diputado Ledesma señaló que “con el subsidio no se soluciona el problema de fondo”, pese a lo cual le dio su aprobación al proyecto de ley. Lo que importaba no era precisamente hallar una solución para el campesinado, sino aparecer como políticos “sensibles” a sus necesidades, para así aumentar las chances de ser reelectos.
El Presidente de la República adoptó una decisión propia de un jefe de Estado que defiende los derechos de la ciudadanía en general, y es de esperar que tenga la misma actitud cada vez que la cosa pública se vea amenazada por la irresponsabilidad populista.
En el caso que nos ocupa, no cabe duda de que existen entre los manifestantes campesinos genuinos con deudas legítimas. Bastará que los órganos del Estado que se ocupan del tema realicen de inmediato un censo que separe a los verdaderos necesitados de los avivados y organicen un plan de salvataje que demuestre la sensatez y solidaridad social que la situación exige.