Corte Suprema de Justicia en una encrucijada de hierro

La mentirosa actitud dialoguista asumida por el presidente Cartes, después de haber ensuciado su imagen local e internacional con el grave episodio en que se metió su régimen con los sucesos violentos del viernes pasado, no tiene sentido ni es oportuna. Actualmente obra en la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad presentada por el sector institucionalista de Senadores. Entonces, es la Corte Suprema la que tiene en sus manos reencauzar los procesos políticos y jurídicos, y hacerlos volver a la normalidad. La Corte tiene el deber legal, profesional, ético y patriótico de ocuparse con urgencia de este asunto, porque, como lo reconoció una de sus miembros, este caso excede lo ordinario al convertirse en un asunto de importantísimo interés nacional. Estando pendientes de resolución este y otro trámite judicial, Cartes no debió invitar a nadie a la denominada “mesa de diálogo” y nadie debería aceptar concurrir. La ciudadanía espera que la Corte Suprema rompa ese humillante sometimiento de sus miembros al poder político, resuelva conforme a derecho, y rechace la burda pretensión de los reeleccionistas de atornillarse en el poder.

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La mentirosa actitud dialoguista asumida por el presidente Horacio Cartes, después de haber ensuciado su imagen local e internacional a raíz del grave episodio en que se metió su régimen con los sucesos violentos del viernes pasado, no tiene sentido ni es oportuna. Cartes hubiese llamado al diálogo antes de pergeñar la grosera violación constitucional que cometieron, él, su sector partidario de apoyo y sus ocasionales aliados en la tramoya, antes de introducir subrepticiamente su proyecto de ley de enmienda constitucional por el portón trasero de la Cámara de Senadores, como lo hicieron, suscitando el repudio generalizado del que todos fuimos testigos y que desembocó en los lamentables hechos posteriores.

Esa artera e ilícita maniobra, además de generar la irritación colectiva de una sociedad harta de soportar esta sucia manera de hacer política, supuso también la división entre los senadores, que, liados en bandos opuestos, actualmente no pueden trabajar con sentido corporativo y nacional, que es como deben hacerlo. Horacio Cartes y Fernando Lugo, obnubilados por su descomedida ambición, los separó, los enfrentó, les hizo ser desconfiados uno del otro, de modo que, al igual que gran parte de la ciudadanía, acabarían siendo pasto seco para el fuego de la discordia, que el Gobierno, aplicando la vieja ley del “divide y vencerás”, tuvo y tiene por plan principal.

Actualmente, obra en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad presentada por el sector institucionalista de la Cámara de Senadores, representado procesalmente por su presidente, Robert Acevedo, quien ahora también está invitado por Cartes a “dialogar”. ¿En qué condiciones va a asistir Acevedo a la reunión con Cartes? Hay pendiente de fallo una acción de inconstitucionalidad que ataca directamente una iniciativa del gobierno de Cartes. ¿No dice el sentido común que antes de entablar conversación sobre un asunto que está en manos de magistrados, hay que conocer la suerte que el caso judicial merece?

Por este camino se llega a una primera conclusión: la reunión convocada por Cartes para hoy no es más que una maniobra de distracción dirigida a desviar el foco de la atención pública, con el objetivo de que el verdadero problema principal se pierda de vista. Porque el asunto que constituye el fondo de todos estos conflictos son las descaradas inconstitucionalidades cometidas por los reeleccionistas; no son los hechos sucedidos el viernes pasado en la vía pública, consecuencia del mal principal.

Ahora es la Corte Suprema de Justicia la que tiene en sus manos reencauzar los procesos políticos y jurídicos, y hacerlos volver a la normalidad. Para eso tiene que anular los trámites ilegales realizados por los agentes impulsores del tramposo y extemporáneo proyecto reeleccionista, de tal suerte que las cosas vuelvan a su cauce jurídico correcto.

Pero para declarar nulas las actuaciones de los secuaces de Cartes y Lugo en la Cámara de Senadores hay que tener autonomía, coraje y sólida formación moral para aplicar la ley a rajatabla. ¿Tienen los miembros de esta Corte esos atributos? Esta pregunta es precisamente la que quedará respondida por su decisión, cuando la tomen, que, además, les marcará su imagen pública por el resto de sus vidas.

La Corte tiene el deber legal, profesional, ético y patriótico de ocuparse con urgencia de este asunto, porque, como bien expresó una de sus miembros, Miryam Peña, este caso excede lo ordinario al convertirse en un asunto de importantísimo interés nacional. En efecto, en el momento actual están afectadas la paz pública, la estabilidad de nuestro sistema democrático y la concordia política. De modo que, por cada día que los magistrados demoren en expedirse, se profundizarán todos los fosos que ya comenzaron a abrirse en nuestro país desde que se usurpó la competencia del presidente de la Cámara de Senadores.

Entretanto, hay que tomar en cuenta que, paralelamente a la iniciativa antedicha, también fue interpuesta una acción de amparo para impedir que la Cámara de Senadores trate ningún proyecto de enmienda que no lleve su rúbrica.

Una magistrada dio curso a la acción, de manera que existe un nuevo obstáculo legal para que ninguno de los otros dos Poderes del Estado continúe intentando llevar adelante el malhadado proyecto.

Con estos dos trámites judiciales pendientes de resolución, Cartes no debió invitar a nadie a la denominada “mesa de diálogo” y nadie debería aceptar concurrir, porque, sin tener certeza de lo que la justicia va a determinar acerca del motivo de la conversación, las propuestas que se hagan y los eventuales acuerdos carecerán de fundamento.

La ciudadanía está harta de la contumacia de Cartes, de Lugo y de sus respectivos satélites en esta desatinada aventura que emprendieron, y que quebranta todo el sistema democrático y legal de la República. Si persisten en no retroceder en su propósito para retornar por las sendas correctas, lo que van a cosechar es una resistencia popular cada vez más amplia y firme a lo largo y ancho del país, que ya se cobró la vida del joven liberal Rodrigo Quintana, y podría producir más derramamiento de sangre y del que serán responsables. ¿Será que esta posibilidad no les alarma? ¿Es que no leen las informaciones de prensa, no acceden a las redes sociales, no recogen comentarios en las reuniones públicas?

La ciudadanía espera que la Corte Suprema de Justicia rompa ese humillante sometimiento de sus miembros al poder político, resuelva conforme a derecho, y rechace la burda pretensión de los reeleccionistas de atornillarse en el poder como hizo Stroessner.

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