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El art. 101 de la Constitución dice claramente que “los funcionarios y empleados públicos están al servicio del país”. Sin embargo, por lo visto muchos de ellos creen estar antes que nada al servicio del Partido Colorado y no del país. Creen que el carnet partidario y el activismo político son los requisitos válidos para ingresar y escalar posiciones en el aparato estatal. Para ellos, el Estado constituye solo un botín que el partido de Gobierno debe distribuir entre sus afiliados, sin atender los requisitos legales.
Esta mentalidad retrógrada, que traba el desarrollo del país al impedir que tengamos una administración pública eficiente, es la que han exhibido los miembros de una Coordinadora Nacional de Funcionarios Públicos Colorados, Docentes y Jubilados, que en los últimos días se reunieron con el presidente de su partido, el diputado Pedro Alliana, en la sede de la ANR.
El solo hecho de que exista semejante organización –más bien propia de un partido comunista que tiene “células” en las entidades públicas– ya revela que en el ejercicio de un cargo público esas personas no pueden desligarse de su condición de colorados. De su denominación se desprende, por lo demás, que hay organizaciones similares de primer nivel en numerosos organismos, pese a que el art. 60 de la Ley Nº 1626/00 prohíbe a los funcionarios “trabajar en la organización o administración de actividades políticas en las dependencias del Estado” (inc. b), así como “ejercer cualquier actividad política partidaria” dentro de ellas (inc. d). Que no salgan ahora con el cuento de que actúan como colorados solo fuera de la jornada laboral y de las instalaciones públicas, ya que en los últimos tiempos se han publicado en la prensa varios ejemplos de actividades partidarias en horas de oficina.
En la reunión con Alliana, el funcionario de la Cámara de Diputados Adriano Ramírez informó que tuvieron unas “planillas paralelas” en las que registraron cuántos funcionarios votaron en los últimos comicios municipales. No sería raro que hayan usado recursos materiales del Estado y distraído horas de trabajo para efectuar ese inadmisible control, propio de un organismo represor. ¿Para qué realizarían dicho control? Puede presumirse que para denunciar ante las autoridades partidarias a quienes no fueron a sufragar, o a quienes no trabajaron por “el caballo del comisario”, vulgar “pyraguereato”.
El mismo funcionario se lamentó de que bajo el actual gobierno haya un “corte de teléfono” con los ministros y directores de entes públicos, quienes no los recibirían por ser “políticos”. Admiten que, antes que funcionarios, son “políticos” que desean conversar con jerarcas de la burocracia, seguramente en sus propias oficinas y en horas de trabajo. ¿De qué desearían hablar? El despacho de la máxima autoridad de una institución no es el lugar apropiado para tratar con sus subalternos asuntos partidarios; tampoco lo es para tratar cuestiones relativas al personal, fuera de la línea de mando. Está muy bien, pues, que la comunicación “telefónica” se haya interrumpido; beneficia al país y ojalá continúe.
También fueron bastante llamativos los dichos del funcionario del Ministerio de Educación y Cultura Eduardo Montejano, otro de los miembros de la Coordinadora. Informó, muy suelto de cuerpo, que el objetivo de esa agrupación es “crear espacios” para que sus representantes puedan postularse para ocupar cargos electivos, es decir, para que su sectarismo se agrave aún más. Así, podrían formar un movimiento propio para competir en las elecciones internas de la ANR, lo que significaría, llegado el momento, que los funcionarios colorados ya no estén solo al servicio del partido, sino también –y hasta prioritariamente– de sus propios candidatos. El mismo “servidor público” se quejó de que muchos de sus colegas y correligionarios “capaces” –sin citarlos– deambulen por los pasillos, sin cumplir ninguna función. Debería saber que el principal responsable de que vagos y haraganes pueblen el aparato estatal es su propio partido, mientras él, paradójicamente, procura que sus correligionarios tengan todavía mayor “presencia” en las instituciones públicas.
Es alarmante que se estén reprisando repudiables prácticas de la dictadura de Alfredo Stroessner, cuando había una verdadera competencia entre los “chupamedias” de entonces en la creación de organizaciones para halagar al dictador, como los “abogados colorados”, los “economistas colorados”, los “ingenieros colorados”, la “motorizada colorada”, la “caballería colorada”; hasta había un “centro de hijos de economistas colorados”.
Por su parte, el presidente de la ANR se comprometió a “tratar de solucionar los justos reclamos” de los presentes, lo que suscita la pregunta de si pedirá al Presidente de la República que ordene a sus ministros y a los directores de entes públicos que reciban a los funcionarios colorados cuando a ellos se les ocurra, para hablar de lo que les venga en gana, y que instalen en cómodas oficinas y con sueldos a quienes hoy andan por los pasillos.
Antes que llenar las oficinas del Estado de zánganos, el “nuevo rumbo” que pregona el presidente Horacio Cartes debe procurar que el aparato estatal se libere del perjudicial sectarismo que frena el desarrollo del país.