12 de Enero de 2018

 

Criminal indiferencia por la suerte de secuestrados por el EPP

Criminal indiferencia por la suerte de secuestrados por el EPP. El grupo criminal EPP continúa burlándose del Gobierno y de la ciudadanía y demostrando que sus integrantes son los amos de la zona norte de la Región Oriental donde operan, sin preocuparse un ápice del aparatoso despliegue que realiza allí la costosa e inútil Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). Mientras tanto, nuestras autoridades están embarcadas en una borrachera política electoral, dejando a su suerte a la población de esa sufrida zona del país. El nuevo episodio relacionado con este caso comenzó ayer a la mañana con el hallazgo de panfletos del EPP que indicaban las coordenadas de una fosa donde supuestamente estaba el cuerpo de Abrahán Fehr, quien lleva 889 días en poder de sus captores. Efectivamente, allí se encontró un cadáver, y ahora las autoridades deben confirmar si se trata del aludido colono menonita. Es preciso que el Presidente de la República tome el toro por las astas para que al menos, al concluir su gestión, pueda mostrar algún logro en esta cuestión que tanto dolor ya ha costado a tanta gente y por tanto tiempo. Que la inhumanidad de los secuestradores y asesinos no siga humillándonos, y que los secuestrados sean liberados con vida para terminar con el calvario de sus familiares.

El grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) continúa burlándose del Gobierno y de la ciudadanía y demostrando que sus integrantes son los amos de la zona norte de la Región Oriental donde operan, sin preocuparles un ápice el aparatoso despliegue que realiza allí la costosa e inútil Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). Mientras tanto, nuestras autoridades están embarcadas en una borrachera política electoral, dejando a su suerte a la población de esa sufrida zona del país.

El nuevo episodio relacionado con este caso comenzó ayer a la mañana con el hallazgo de panfletos del EPP, que indicaban las coordenadas de una fosa donde supuestamente estaba enterrado el cuerpo de Abrahán Fehr, quien lleva 889 días en poder de sus captores. Efectivamente, en el lugar se encontró un cadáver, y ahora las autoridades están procurando confirmar si se trata del aludido colono menonita.

Es largo ya el padecimiento de las familias de los cinco rehenes, las que además son sometidas por el EPP a humillantes exigencias con la promesa de una liberación de sus seres queridos, la que finalmente no se cumple. Recientemente, tras haber sido satisfechos una vez más los gravosos requisitos impuestos a los familiares de otros dos colonos menonitas también secuestrados, Bernard Blatz y Franz Hiebert, consistentes en la entrega de víveres a varias comunidades, los forajidos no han cumplido con su promesa de liberarlos.

A la par del cruel abatimiento de ánimo que esta trágica burla ha provocado en el seno no solo de los familiares de las víctimas sino de toda la comunidad menonita del país, también las familias de los otros dos rehenes, el policía Edelio Morínigo Florenciano y el ganadero Félix Urbieta, comparten igual sentimiento de impotencia y crispación. La familia del primero ha visto transcurrir la cuarta Navidad sin él, con el agravante de no tener absolutamente ninguna información acerca de su paradero, ni de si está vivo o muerto. “Ya no creemos nada de lo que nos dicen, estamos preocupados y estamos perdiendo la esperanza”, declaró compungida su madre, doña Obdulia Florenciano.

En cuanto al señor Félix Urbieta, secuestrado el 12 de octubre de 2016, un grupo criminal autodenominado “Ejército del Mariscal López”, grupo satélite del EPP liderado por Alejandro Ramos –antiguo integrante del EPP–, exige 350.000 dólares por su libertad. Mientras el tiempo pasa, su familia sigue aguardando una prueba de vida para intentar liberarlo pagando el rescate exigido.

Irónicamente, la FTC, por su absoluta falta de resultado operacional, continúa siendo más parte del problema de la inseguridad de la zona que de su solución. Pese a los ingentes recursos del Estado que cuesta su sostenimiento, hasta ahora no ha sido capaz de capturar o abatir a ninguno de los facinerosos que integran el primer anillo de la gavilla. O, al menos, de obtener y proporcionar información acerca del paradero de los cautivos y si los mismos se encuentran vivos o han sido asesinados.

Esta humillante inoperancia de la FTC ha llevado a que la mayoría de los pobladores de la supuesta “Zona de Seguridad Interior” –como ha denominado el Gobierno al conjunto de los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay– se manifiesten, cada vez con más insistencia, a favor del retiro de la misma, dejando a la Policía Nacional la tarea de velar por el mantenimiento de la ley y el orden, como manda la Constitución. En cambio, los ganaderos de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) abogan por su permanencia. Esto no debe extrañar, pues sus estancias gozan de la directa protección de efectivos de la FTC mediante retenes destacados en cada una de ellas a cambio de una contribución en vituallas, sin descartar la sospecha de que los oficiales militares y policías responsables reciban alguna suerte de gratificación en efectivo.

En vez de unir su voz a la de los sectores ciudadanos que reclaman al Gobierno de Horacio Cartes involucrarse en un serio replanteamiento estratégico para mejorar el desempeño operacional de la FTC, el ministro de la Corte Suprema de Justicia Miguel Óscar Bajac ha lanzado la peregrina propuesta de que el Gobierno negocie con el EPP un acuerdo al estilo del Gobierno colombiano que permita restablecer la seguridad en esa zona del país. La primera objeción a esta descabellada idea es que el EPP no es una organización insurgente que controla un territorio y una población, operando directamente como una organización armada, como era el caso de las FARC. El EPP no tiene ese poder. Es apenas un grupo criminal al que la inutilidad de las fuerzas de seguridad del Estado ha dado estatus de guerrilla, sin serlo. Los del EPP no son insurgentes, sino terroristas, a quienes se los debe combatir como tales, con firmeza y sin tregua.

La verdadera cuestión con la FTC no es cuántos efectivos militares y policiales debe tener, sino la MISIÓN que el comandante en Jefe asigne a dicho comando. Al parecer, la FTC tiene una misión poco clara a cumplir: ¿Estar ahí solo para hacer acto de presencia y no para librar acciones de combate a fin de tratar de destruir al grupo criminal? ¿Cuidar las estancias de los ganaderos ricos y ayudar en sus faenas agrícolas a los agricultores pobres de la zona? ¿Combatir al EPP?

Una década de lucha infructuosa contra el EPP ha sido extraordinariamente costosa en términos humanos y económicos. Sin un cambio de estrategia cuesta imaginar que un modesto aumento de efectivos o de presupuesto hará la diferencia. Un retiro o reducción de efectivos de la FTC pondrá al Norte de la Región Oriental en severo riesgo de colapso, ya que podría ser controlado enteramente por el EPP; sería un error retirar a la FTC sin antes liquidarlo.

El Presidente de la República anunció alguna vez que la banda criminal no le iba a marcar su agenda. A estas alturas, a ocho meses de concluir su gestión, les haría un gran favor a la población, en general, y a las pobres víctimas de los desalmados, en particular, si se abocara a ordenar que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional demuestren de una vez por todas que están en condiciones de cumplir con sus respectivas misiones constitucionales, es decir, que justifiquen su existencia con hechos. Es preciso que él mismo tome el toro por las astas para que al menos, al concluir su gestión, pueda mostrar algún logro en esta cuestión que tanto dolor ya ha costado a tanta gente y durante tanto tiempo. Que la inhumanidad de los secuestradores y asesinos no siga humillándonos, y que los secuestrados sean liberados con vida para terminar con el calvario de sus familiares.

 
 

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