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La exdiputada Karina Rodríguez, de profesión psicóloga, fue contratada por la Municipalidad de Asunción para prestar servicios como asesora de la Dirección General de Planificación Estratégica e Innovación Tecnológica, desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2017, a cambio de unos honorarios de 12 millones de guaraníes mensuales.
Está aún fresca en la memoria que la agraciada admitió haber firmado como legisladora, desde 2012 hasta 2015, la planilla de asistencia de su asesor español Lino Xavier Valencia, inclusive cuando este se hallaba en el extranjero. Debido al escándalo suscitado por la expedición de certificados falsos sobre méritos y servicios ajenos, que la convirtieron en cómplice del delito de cobro indebido de honorarios, la susodicha tuvo que renunciar a su condición de directora general del Área Social de la Municipalidad capitalina, cargo para el que había sido nombrada por el actual intendente Mario Ferreiro, tras haber renunciado a su escaño parlamentario. Ahora vuelve a su servicio como si nada hubiera ocurrido, con lo que la población asuncena tiene un nuevo motivo para dudar de la firmeza del jefe comunal en lo que a la lucha contra la corrupción respecta. En tal sentido, cabe preguntar si el intendente seguiría teniendo a su servicio a un empleado particular suyo que firme la planilla de asistencia de otro que estuvo ausente, para que este último pueda cobrar su salario sin haber trabajado.
Según la Ley Nº 1626/00, el funcionario que comete un hecho punible –tipificado en el Código Penal– contra el Estado y contra sus funciones, no solo debe ser destituido, previo juicio penal, sino también inhabilitado para ocupar cargos públicos por dos a cinco años. Karina Rodríguez admitió los hechos de los que fue imputada por el Ministerio Público y aceptó pagar los más de 26.601.144 guaraníes cobrados ilícitamente por el desfachatado Valencia, por lo que el juez Hugo Sosa Pasmor decidió en diciembre de 2016 suspender condicionalmente el procedimiento a prueba, con el consentimiento del Ministerio Público, pues la expectativa de pena habría sido de solo dos años de prisión.
Ahora tenemos que, a los seis meses de la decisión judicial, la confesa volvió a la función pública como si nada hubiera pasado, como si el haber delinquido como diputada no constituyera un baldón en su currículum vitae.
Por lo demás, su contratación plantea un par de interrogantes, sobre los cuales solo caben conjeturas. Por de pronto, solo tiene una vigencia de tres meses, lo que respondería a una práctica de la Municipalidad “por razones de prudencia”, sin perjuicio de renovarla si la situación resultare propicia.
Como es presumible que su contratación servirá no tanto para satisfacer una necesidad, sino más bien para compensar con creces el desembolso que ella debió hacer una vez que su fechoría salió a luz, lo más probable es que, en cualquier caso, siga asesorando a la mencionada Dirección hasta por lo menos el 31 de diciembre de 2017 e, incluso, que termine siendo nombrada para ocupar un alto puesto en cualquier lugar del organigrama. Esta es una práctica común en la función pública.
Llama la atención que el intendente Ferreiro haya vuelto a contratar a una política que fue cuestionada severamente por haber cometido un delito de acción penal pública.
La ciudadanía tiene derecho a mostrarse severa con alguien que, como Karina Rodríguez, se mostró indignada cuando su excolega José María Ibáñez (ANR) fue acusado por la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción de haber “certificado documentos a través de los cuales se confirman las asistencias de las personas nombradas”, es decir, de haber cometido el mismo delito en el que ella estaba incurriendo. En efecto, el 30 de octubre de 2014, mientras ella firmaba las planillas de asistencia del ausente Valencia, afirmó con la diputada Rocío Casco, en un comunicado, que el citado legislador había admitido los cargos que se le imputaban y, que, por lo tanto, debía “someterse al juicio y atenerse a las consecuencias jurídicas de sus actos”. Sus palabras se volvieron contra ella.
Si el intendente Ferreiro, que aspira a avanzar aun más en su carrera, no da muestras de dinamismo en su gestión como intendente, por lo menos debe enviar un fuerte mensaje a los asuncenos contra la corrupción, contratando –si hubiere necesidad– a gente intachable y no a quienes ya se han averiado por el camino.