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El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Benigno López, ha revelado que los aportes obrero-patronales registran una evasión de cerca del 55%. Nada sorprendente, pues bien se sabe que el Estado es víctima no solo de la corrupción de sus funcionarios, sino también del fraude cometido por los particulares. El dato concuerda en buena medida con que solo unos 500.000 de los aproximadamente 1.200.000 asalariados cuentan con el seguro del IPS. Si a ello se agrega que los aportes suelen ser menores de lo que correspondería porque se declaran salarios inferiores a los realmente percibidos por los asegurados, resulta así que el sector privado ha contribuido también al colapso financiero de una entidad en cuyo consejo de administración se halla presente.
En las últimas décadas, los representantes de los empleadores y de los trabajadores no han hecho nada memorable para combatir la enorme evasión denunciada. Han venido tolerando no solo que el IPS tenga mucho menos ingresos que lo que corresponde, sino también que los empleadores honrados sufran la competencia desleal de los defraudadores y que los trabajadores se vean privados del seguro obligatorio. Para citar solo dos casos escandalosos: han admitido que bajo la presidencia del hoy senador Fernando Silva Facetti se haya contratado una empresa de limpieza ¡cuyos trabajadores no estaban asegurados!, y han aceptado que la Azucarera Iturbe haya dejado de aportar durante 16 años, pese a que descontaba de los haberes el aporte obrero para el IPS, según Guillermo Sosa, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Es bueno que se haya dado a conocer el nombre de esa empresa, que con toda seguridad no es la única que ha venido robando tranquila e impunemente a sus trabajadores, porque hace poco nomás recibió un millonario auxilio del Estado –del gobierno de Horacio Cartes– para hacer frente a sus deudas.
A la opinión pública le gustaría saber ahora cuáles son las empresas implicadas en la masiva evasión referida por Benigno López. Habló de endurecer las sanciones legales porque las multas aplicadas serían irrisorias. En efecto, la Carta Orgánica del Seguro Social castiga los atrasos en el pago de cuotas, por ejemplo, con una ridícula multa de solo 1.000 a 25.000 guaraníes, según la gravedad de la falta. Sin duda, se necesitan multas mucho más elevadas, aparte de fiscalizadores incorruptibles, pero por de pronto ya se podría tomar la eficaz medida de dar a conocer los nombres de los infractores. Si las multas vigentes se vienen aplicando, la opinión pública debe saber quiénes son los afectados para que pueda aplicarles una sanción boicoteando la compra de sus productos o de sus servicios. Muchas personas se negarían a seguir siendo sus clientes, aunque la evasión que cometan les permita hacer una oferta más barata.
El boicot o el simple hecho de saber quiénes son los que defraudan al IPS y a los trabajadores podría tener un efecto represivo y disuasivo más contundente que uno pecuniario. Si el Ministerio de Industria y Comercio publica los nombres de las tiendas multadas por vender ropas y calzados sin el etiquetado de rigor, el IPS bien podría difundir los de aquellas empresas que no aseguran a sus empleados, que no están al día con los aportes de ley o que declaran salarios menores de los verdaderos. En este caso, la irregularidad es mucho más grave que la comercial, y afecta no solo la recaudación del IPS, sino también un derecho vinculado a la salud y a la jubilación de los trabajadores. Aquí no hay derecho a la privacidad que valga. Lo mismo que los evasores de impuestos, los empleadores que ignoran sus deberes legales y explotan a sus trabajadores deben ser desenmascarados, entre otras cosas, para que la comunidad no les tome en serio cuando se quejen del contrabando o de los funcionarios corruptos.
La policía no tiene inconvenientes en revelar los nombres de los presuntos rateros mayores de edad que ha capturado, así que el IPS tampoco debe tener reparos en revelar los de aquellos presuntos evasores del seguro social. Denunciar la evasión sin identificar a sus autores induce a generalizar, es decir, a suponer que todo empleador quebranta la Constitución y la ley.
Quien se crea honesto debe exigir que se den nombres y que se cumpla, por ejemplo, la Ley de Contrataciones Públicas, que impide a los deudores del fisco o de la seguridad social presentar propuestas en los procedimientos de contratación, así como contratar con las entidades públicas. Publicar los nombres de los evasores servirá también para que los interesados en participar en una licitación pública sepan de antemano a quiénes podrían impugnar. La multa “significativa” no sería, pues, la única sanción aplicable a quienes atentan contra el IPS y los trabajadores. La transparencia de las autoridades permite que funcione el control social, tanto para castigar moralmente a los contraventores como para impedir que sigan logrando ventajas indebidas en el mercado.
Es hora de dejar de proteger a los delincuentes, sean del sector público o del privado.