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La demencial decisión de aprobar un subsidio de hasta 51 millones de guaraníes para cada uno de los 16.862 “agricultores” liderados por Luis Aguayo, tomada el jueves por una amplia mayoría de los senadores, es una expresión más de la cobardía moral y de la demagogia rampante de que hacen gala tantos legisladores. Ignorando quiénes serán los beneficiarios, así como el monto y la causa de sus respectivas deudas, esos irresponsables decidieron dejar de lado el interés general y someterse a la presión ejercida por las huestes del citado agitador político, que causaron ingentes molestias a los conductores y transeúntes, primero desde las calles bloqueadas y luego desde la Plaza de Armas.
Lo que es peor aun, los senadores aprobaron a ciegas el subsidio, sin tan siquiera saber de dónde saldrá el dinero para financiarlo. Dejaron de lado la sensata por justa posición del Gobierno de que los manifestantes presenten la lista de los morosos, con aclaración del monto de las deudas y en qué se invirtieron los préstamos.
Sin duda alguna, el afán de “quedar bien” con un grupo de “agricultores” primó a la hora de votar por esta descabellada decisión. Y, para el efecto, se unieron quienes ya son conocidos desfachatados que solo actúan según sus propios intereses, y otros que se presentan como supuestas alternativas de cambio ante los desaciertos de las actuales autoridades.
El Gobierno, a través de la ministra de Hacienda, Lea Giménez, había anunciado que no existen fondos disponibles para cubrir esta cuestionable aventura clientelista, razón por la cual propusieron la reestructuración de las deudas con el sector financiero, incluyendo una quita de intereses, en el caso de los afectados por heladas y otros fenómenos climáticos. Pero no: como los pedigüeños anónimos quieren dinero contante y sonante, los irresponsables senadores decidieron complacerlos generosamente con el dinero público, que saldrá de no se sabe dónde.
La ciudadanía puede tener la certeza de que una buena parte del subsidio se destinará al pago de deudas contraídas no precisamente para aumentar la productividad agrícola, sino para adquirir aparatos electrodomésticos, motocicletas, bienes de consumo, entre otros, como ya ocurrió con anterioridad. Quienes han de pagar el pato serán los contribuyentes en general, que no tienen el privilegio de que el Estado les pague sus deudas cuando se atrasan por algún motivo, porque no están organizados ni son agresivos como aquellos.
En contrapartida, los revoltosos, los que violan el derecho al libre tránsito de los demás y no rinden cuentas a nadie de nada, se quedarían en total con más de 860.000 millones de guaraníes (unos 156 millones de dólares), que solo podrían ser obtenidos aumentando el endeudamiento del Gobierno o con un recorte presupuestario de programas que podrían ser mucho más útiles que seguir regalando a quienes hoy ya aparecen como unos vividores consuetudinarios.
Una de las falacias esgrimidas para apoyar la disparatada medida es que tendría un carácter “temporal”, como si no se pudiera tener la seguridad, fundada en una larga experiencia, de que una demanda similar será planteada el próximo año. Ese cuento de la excepcionalidad ya no se lo puede creer nadie que tenga dos dedos de frente y conozca cómo el subsidio se convierte de inmediato en un “derecho adquirido”. Por eso, aun cuando los caraduras de siempre se salgan con la suya en esta ocasión, habrá que prepararse para verlos de nuevo en Asunción en 2018, junto con otros que se habrán sumado al advertir que no cuesta mucho conseguir plata de unos legisladores manirrotos con el dinero ajeno, incluso cuando no está disponible.
También se alega arteramente que no habría que escandalizarse, pues los Estados ricos también subsidian a sus agricultores. Pero lo que generalmente hacen estos países, al menos los de la Unión Europea, es sobre todo comprar la producción cuando los precios bajan en el mercado, pero no pagan deudas, reales o ficticias, saben claramente a quiénes están favoreciendo y, lo que es más importante, tienen los fondos para hacerlo.
Por cierto, nuestro diario se opone a todo subsidio por una cuestión de principios, incluido el permanente que reciben los partidos políticos y los empresarios del transporte público de Gran Asunción, a costa de todos los habitantes.
Se equivocan quienes creen que obrando como ahora lo hacen los senadores, de un modo tan descabellado, los políticos aumentarán sus chances de ser reelegidos el próximo año. Obtendrán votos de los integrantes de la misteriosa lista, pero cuesta creer que vayan a despertar el entusiasmo de los ciudadanos sensatos, sino todo lo contrario.
Una vez más, quedó demostrado que en el Congreso no prima la razón, sino la insensatez sumada a la falta de patriotismo. Los legisladores ceden fácilmente ante unos alborotadores que se presentan como la quintaesencia del sufrido pueblo paraguayo, sin considerar que cuanto se disponen a regalarles saldrá del sudor de la gente que verdaderamente trabaja y no caerá del cielo, ni mucho menos saldrá del bolsillo de nuestros generosos “representantes” del pueblo.
Es de esperar que exista mayor responsabilidad en la Cámara de Diputados y que los legisladores de ese cuerpo legislativo rechacen este despropósito de una mayoría de senadores, para evitar que el Paraguay se siga desangrando. Y, si la ley fuera sancionada en tan aberrante sentido, que el presidente Horacio Cartes vete este nuevo descarado intento de desplumar al pueblo, conforme a la recomendación anunciada por la ministra de Hacienda.