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Transcurren los años y hasta las décadas, se suceden presidentes, senadores y diputados, pasan gobiernos y gobernantes, asumen directores y presidentes en el Instituto de Previsión Social (IPS), vencen sus mandatos o son sustituidos, y este organismo –modelo de lo que no puede ni debe ser una entidad de su tipo– continúa exactamente igual que hace medio siglo, cuando fue creado bajo la dictadura de Stroessner como entidad con aporte de patronos y trabajadores, pero directamente administrada por el Poder Ejecutivo del dictador.
Se lo concibió para que funcionara como una empresa privada con fines sociales, pero con administración vertical y centralizada; o sea, con espíritu de organismo público. Se le otorgó capacidad jurídica para adquirir bienes inmuebles, pero no para enajenarlos; ridícula situación que, conocida por extraños, efectivamente suele moverles a risa, aunque a los paraguayos debería darnos pena y vergüenza.
Varias veces se puso públicamente de manifiesto el absurdo político y jurídico que significa que un organismo sostenido por el aporte particular de trabajadores y patronos esté legalmente imposibilitado de disponer de sus inmuebles, así como que esta especie de castración institucional le produzca un importante como innecesario perjuicio patrimonial; pero hasta ahora nada de esto hizo mella en los políticos.
Se llegó incluso a presentar un proyecto de ley en el Congreso para remediar la situación, pero la iniciativa no tuvo suerte porque una mayoría de senadores y diputados, en una actitud muy difícil de comprender, considera que las cosas pueden continuar en el estado en que están. Lo que no explican es cómo, de qué otra manera que no sea mediante la enajenación de los inmuebles, se va a lograr que los ingentes daños patrimoniales que sufre el IPS por causa de esta incapacidad sean impedidos.
Los senadores y diputados que entorpecen y dilatan la modificación de la ley orgánica del IPS, a fin de concederle a este organismo una capacidad jurídica fundamental –que bajo un régimen democrático jamás se le hubiera retaceado–, son a su vez cómplices del daño injustamente ocasionado a centenares de miles de aportantes a la seguridad social que se acumula año a año, década a década.
Los legisladores, que no son parte interesada en el IPS, que no aportan un centavo a esas cajas (aunque a menudo se sirvan de ellas para practicar el prebendarismo político partidario), se permiten de este modo jugar con la suerte del Instituto como si fueran partícipes plenos. ¿Será realmente que creen, de buena fe, que permitiendo que tal situación se perpetúe están defendiendo los intereses de sus mandantes, los electores aportantes, asegurados y jubilados del IPS?
Por lo demás, cabe preguntarse una y otra vez sobre los administradores y consejeros del IPS: ¿Es que no tienen una sola idea práctica acerca de cómo sacar al Instituto de esta situación jurídica en que le pone su ley orgánica (sumada a la indiferencia y negligencia de sus autoridades)? ¿O sucede que se enfermaron del mal de la burocracia, que ningún problema puede encarar y resolver sin dejar transcurrir meses, años y lustros con estudios y proyectos, análisis y propuestas, evaluaciones, consultas, consideraciones y votaciones? Lo que en una empresa privada cualquiera se resuelve en una reunión de una hora, a estos Consejos administrativos y directores burócratas les lleva años. A veces estas situaciones alientan a pensar maliciosamente, porque tanta ineptitud en tantas personas es difícil de admitir como un hecho natural.
En el caso de los inmuebles en estado de destrucción casi total que posee el IPS, como las cinco torres para oficinas y vivienda en plenas avenidas Mariscal López y Perú, en Asunción, el exhotel de San Bernardino, el complejo habitacional de Mariano Roque Alonso, las decenas de casas desperdigadas en la capital y varias localidades del país, su ventajosa enajenación hubiera sido posible hace ya muchos años mediante un sencillísimo proceso de convocatoria a concurso de ofertas. Sin dilapidar millones en proyectos, estudios, análisis y honorarios de peritos avaluadores y otros “expertos”, todos sus actuales bienes ruinosos hubieran estado vendidos con solamente un concurso público, en el que el Instituto podría tomarse todos los recaudos, cautelas y garantías que quisiere.
Lejos de eso, las autoridades del IPS prefieren mantenerse en su indolencia e indiferencia burocráticas, mientras los legisladores, que tampoco mueven un dedo por su propia iniciativa, se convierten en cómplices de la inaudita indiferencia hacia este tan triste proceso de destrucción que, gradual y sostenidamente, va carcomiendo el patrimonio inmobiliario del único organismo de este tipo que dispone el país, en desmedro del sentido de solidaridad social que debería presidir sus actos y, sobre todo, de los intereses de los más necesitados, que tienen el deber político y ético de cuidar.