Dinosaurios

Durante el primer año de gobierno del presidente Horacio Cartes, el senador colorado Julio César Velázquez, catapultado por él a la presidencia del Senado y, concomitantemente, del Congreso Nacional, se caracterizó por ensayar letanías de alabanza a favor del Primer Mandatario. Caído en desgracia en el favor presidencial, de la noche a la mañana se convirtió en su más violento detractor, y últimamente está enfrascado en un esfuerzo para persuadir a quienes le escuchan que los “ministros gerentes” de Cartes no representan “los intereses” del Partido Colorado. “Hay que entender que por encima de Juan, Andrés, Pedro, está la suerte del partido en el 2018”, dijo en alusión a algunos ministros y altos funcionarios del Gobierno.

Ambicioso e inútil, servil y obsecuente cuando le conviene, la postura política del senador Velázquez demuestra que vive en la prehistoria. Esa mentalidad sectaria y retrógrada que trasuntan sus palabras era la que imperaba en los funestos tiempos de la dictadura, cuando para ocupar cualquier cargo público había que estar afiliados al Partido Colorado. Se exigía a los postulantes un “certificado de lealtad partidaria”. Por supuesto, los sucesivos gabinetes del dictador estaban integrados exclusivamente por colorados, lo mismo que los funcionarios de las entidades binacionales y la Procuraduría General de la República. Citamos solo estas tres instancias porque el senador de marras formuló la pregunta retórica de si el dirigente partidario de hoy se sentiría representado por Marcos Caner (secretario del Consejo de Administración de la EBY), Ramón Jiménez Gaona (ministro de Obras Públicas y Comunicaciones) o Roberto Moreno (procurador general de la República y bisnieto del distinguido prohombre republicano Fulgencio R. Moreno), quienes no comprenderían ni el “sentimiento” ni el “pensar” colorados. No tuvo a bien explicar cómo se traducirían tal “sentimiento” y “pensar” propios de sus correligionarios en la tarea de manejar la correspondencia, extender las actas y custodiar los documentos de un Consejo de Administración; ni en la de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo sobre las infraestructuras y los servicios básicos; ni en la de representar y defender los intereses patrimoniales del país, emitir dictámenes y asesorar jurídicamente a la administración pública.

El ciudadano en función pública, a más de ética de convicción política, debe tener ética de responsabilidad. Esta última debe prevalecer sobre la primera, porque quienes fungen como servidores de sus conciudadanos en cargos electivos o burocráticos deben identificarse con el bien común y no con los intereses del partido al que pertenecen. La gente que está en el Gobierno no tiene por qué representar al partido. Tienen que ser los mejores que se puedan encontrar dentro de la sociedad. Este tipo de pensamiento cavernario es el que mantiene al país en la pobreza y la ignorancia. Basta ver la retahíla ininterrumpida de colorados inútiles o ladrones que estuvieron en los diferentes ministerios para comprobarlo.

El Partido Colorado estuvo los últimos 60 años en el poder, con un corto lapso de los liberales. ¿Qué hicieron los ministros colorados? ¿Qué hicieron las centenas de ministros colorados que pasaron por el Ministerio de Educación? El resultado está a la vista: alumnos y alumnas dando clases bajo los mangos, a pesar de que se deben haber gastado miles de millones de dólares en el citado ministerio. ¿Qué hicieron las centenas de colorados que pasaron como ministros de Agricultura de los últimos 60 años? Ahí está la humillante indigencia y abandono de nuestros campesinos para demostrarlo. Se deben de haber gastado también miles de millones de dólares supuestamente en la agricultura. ¿Qué hicieron en el Indert? Bajo la rapaz y depredadora administración de Juan Manuel “Papacito” Frutos –prominente figura de la oligarquía colorada stronista de aquel tiempo–, el Instituto de Bienestar Rural (IBR) repartió a los jerarcas del régimen, generales de las FF.AA., correligionarios privilegiados y amantes, dilapidando millones de hectáreas del Bosque Atlántico paraguayo expropiadas de los terratenientes históricos a favor del Estado. Estos, a su vez, las revendieron con pingües ganancias a colonos brasileños más tarde conocidos como “brasiguayos”, quienes arrasaron con los bosques para convertirlos en pasturas para la cría de ganado. Posteriormente, estos mismos degradaron aún más las otrora ubérrimas tierras con el cultivo intensivo de la soja. El Indert de la era democrática ha seguido la tradición depredadora y populista de antaño, adjudicando tierras fiscales o expropiadas, no precisamente a los campesinos paraguayos sin tierra, sino a terratenientes de nuevo cuño; en particular, en el Chaco, cuyos bosques milenarios están siendo deforestados a mansalva.

¿Qué de bueno hicieron a favor de la salud de la gente los centenares de ministros colorados que desfilaron por esa cartera de Estado? Se pasaron inaugurando algunos precarios puestos de salud en el interior de la República, con aparatoso equipamiento funcional, el que era prestamente retirado tras haberlo inaugurado el “único líder”, para ser llevado a otro puesto de salud, y repetir la comedia de “paz y progreso” con que el régimen dictatorial engañaba al pueblo. Y los centenares de colorados que fungieron como ministros de Industria y Comercio, ¿qué hicieron de provecho para impulsar la industria y el comercio del país? El más ladrón de ellos, Delfín Ugarte Centurión, con el cuento de modernizar la Industria Nacional del Cemento (INC) perpetró una de las mayores estafas contra el Estado paraguayo teniendo como alcahuete a una empresa francesa. La nueva fábrica fue facturada a más del doble de su valor real. Igual cosa sucedió con Aceros del Paraguay S.A. (Acepar) que, de la mano del general Roberto Knopfelmacher, de una estimación inicial de costo de US$ 88 millones pasó a más de US$ 400 millones, sin siquiera haberse terminado sus instalaciones de infraestructura siderúrgica. Prueba de la descomunal estafa es que bajo el gobierno de Juan Carlos Wasmosy la misma fue vendida al tristemente célebre estafador ítalo-argentino Sergio Tasselli por menos de US$ 34 millones, quien recicló la estafa entregándola de nuevo al Estado en virtual estado de chatarra.

La moraleja del triste historial de la hegemonía política colorada de más de medio siglo de Gobierno del país –con su epicentro en la larga dictadura de Alfredo Stroessner– es que el soberano pueblo paraguayo nada debe esperar de los que aún hoy elogian la figura del dictador, y la cueva de ladrones que este cobijó hasta el golpe libertador que lo derrocó en la madrugada de San Blas en 1989. La mejor llamada a desterrar el vuelo a la nostalgia de los políticos colorados que siguen añorando el retorno del libertinaje expoliador que convirtió al Estado paraguayo en coto de caza para los ladrones de cuello rojo de la ANR es la juventud –especialmente la colorada–, que ha empezado a emerger con ímpetu de renovación espiritual honesta y patriótica. Esta saludable “primavera” emocional debe ser extendida y mantenida hasta barrer con el frío invierno de estos dinosaurios políticos –como el senador de quien nos ocupamos en esta oportunidad– que se mantienen añorando el pasado y desean continuar succionando descaradamente los recursos del Estado.