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Según datos oficiales, los sueldos de los funcionarios de la Administración Central crecieron en un 158% en la última década, es decir, tres veces más que la tasa de inflación y dos veces más que el reajuste salarial de los trabajadores y empleados del sector privado. Ahora resulta que, otra vez, los legisladores irreflexivamente aprobaron para el próximo año aumentos salariales del 10% para los docentes, del 12% para el personal de blanco y del 18% para los médicos del sector público. Sus fuentes de financiamiento no están definidas, de modo que solo podrán ser cubiertos mediante una mayor recaudación impositiva o un recorte de los gastos sociales. Los diputados habían aprobado también un reajuste del 7,2% del sueldo mínimo para funcionarios, policías y militares, algo que no fue aceptado por los senadores. Empero, la ciudadanía puede estar segura de que en un año “electoral”, como lo será el próximo, se aprobará una ampliación presupuestaria no solo para satisfacer a los de uniforme, cuyas remuneraciones están indexadas por ley al salario mínimo, sino también a los burócratas, que se pondrán en vigorosa campaña para lograr el mismo reajuste. Más aún, no sería nada raro que exijan también un aumento salarial similar al que recibirán los docentes, el personal de blanco y los médicos, pese a que en los últimos años lo han venido recibiendo con creces.
Por de pronto, así como están las cosas, el erario terminará soportando en 2017 un costo adicional de unos 409.946 millones de guaraníes (US$ 71 millones) en lo que respecta a “gastos de personal”, lo que implicará que el de la Administración Central llegue a más de 14,4 billones de guaraníes (US$ 2.480 millones) y que el déficit supere el tope del 1,5% del Producto Interno Bruto fijado por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Dejando de lado que las huelgas rutinarias ilegales de los docentes les permiten ganar cada año mayores sueldos, y que los trabajadores de la salud fueron los que más incrementos salariales lograron en los últimos cinco años, importa volver a recordar que, a pesar de la pobreza que existe en el país, los funcionarios públicos paraguayos figuran entre los mejor remunerados de América Latina, considerando el ingreso per cápita, de acuerdo a un informe publicado en noviembre de 2014 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En el caso de los profesionales senior, el hecho se refleja en que en 2011 ganaban hasta seis veces más que el ingreso per cápita, el nivel más alto de compensación en términos relativos en el continente.
En realidad, los datos arriba consignados no dan la cuenta completa del crecimiento de los ingresos de los funcionarios, pues no incluyen los numerosos “rebusques” que han inventado para ellos los legisladores, como las “gratificaciones” y las “bonificaciones” por cualquier motivo. Como también hay que incluir el seguro privado de enfermedad asumido exclusivamente por el erario –cuyo costo puede subir cada año–, la inequidad con respecto a quienes les pagan sus salarios –los trabajadores y empleados del sector privado– resulta de hecho aún más escandaloso.
El elefantiásico funcionariado gana muy bien y quiere vivir cada vez mejor a costa de los contribuyentes, sin esforzarse en absoluto por brindarles un buen servicio. Por el contrario, se distingue por la corrupción, la ineptitud y la indolencia, lo cual no impide que sea mimado por la casta política, en perjuicio de las inversiones en los servicios públicos esenciales para la población. Cuando se destinan recursos a “gastos de personal” –sueldos–, se los resta a la compra de remedios, la construcción de escuelas o el arreglo de puentes.
Los ciudadanos se hallan indefensos ante la voracidad de quienes justamente deberían atender sus necesidades, porque no están organizados como ellos y porque los diputados y senadores –sus representantes– los traicionan. A estos les interesa mucho más acceder a los siempre desmedidos reclamos de su clientela política, los “presupuestívoros”, que precautelar el bolsillo de los contribuyentes que les pagan sus sueldos.
Ocurre que la clientela parásita está bien incrustada en el aparato estatal, y conviene darle el gusto para que los respectivos operadores políticos no deserten en las próximas elecciones. En 2017 no habrá fondos para reparar 3.800 locales escolares muy deteriorados, pero los habrá para cubrir los aumentos de los “gastos rígidos”, que son los únicos que una administración, a pesar de ser ineficiente, llega a ejecutar íntegramente. Todo puede dejar de hacerse, pero hay que pagar los sueldos y las remuneraciones adicionales para que no arda Troya.
El problema se mantendrá inalterable mientras los ciudadanos y las ciudadanas no se hagan oír para que se ponga coto al derroche de fondos públicos, empezando por los que se destinan a los salarios. La ciudadanía debe organizarse para oponerse con firmeza y perseverancia a que legisladores inescrupulosos y su voraz clientela de funcionarios públicos continúen exprimiéndoles los bolsillos.