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El auge del contrabando y la deforestación masiva –por citar dos delitos– solo se explican porque padecemos un Estado mafioso, cuyos orígenes se remontan a la dictadura. En aquel entonces, se gestó una estrecha alianza entre los mandamases y los grupos delictivos, que en 1989 no fue disuelta sino rediseñada en función de nuevos actores. Los facinerosos pueden llevar otros nombres, pero las prácticas delictivas y sus modalidades siguen siendo las mismas. Una de sus peculiaridades es que se cometen a la vista y paciencia de las autoridades administrativas, policiales, fiscales y judiciales. Lo que en otros sitios se perpetra en forma clandestina, en nuestro país se practica a la luz pública, porque los contrabandistas y los deforestadores saben que pueden contar con la impunidad que otorga el dinero.
En importantes avenidas proliferan los puestos de venta de artículos introducidos ilegalmente, sin que intervengan la Dirección Nacional de Aduanas, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Defensa o la Policía Nacional, entidades que integran una impresionante Unidad Interinstitucional de Combate y Represión del Contrabando, creada en 2013. Por su parte, en los últimos seis meses se deforestaron más de 25.000 ha en la Región Oriental y por la rutas transitan camiones cargados de rollos de madera y de leña, sin que la Secretaría del Ambiente (Seam) ni el Instituto Forestal Nacional (Infona) verifiquen la existencia de guías de traslado ni controlen in situ el cumplimiento de la ley: todos aquellos que hoy desmontan cuentan con una licencia de uso racional de bosques, documento que les sirve para avalar su ilícita actividad. El delito “legalizado”.
De esta manera, cuando alguna denuncia por contrabando o deforestación llega al Ministerio Público, los implicados quedan impunes. Nadie está en la cárcel por haber cometido uno de esos hechos punibles. La causa principal se deduce de los dichos de una fuente de la Fiscalía del Medio Ambiente de Salto del Guairá con respecto a Zunilda Ocampos, una agente fiscal que también actúa en Ciudad del Este: “No hace oficina a nivel local y solo viene ya sabés para qué”. El mismo objetivo inconfesable tienen otros colegas suyos, aunque desde la fiscalía también se culpe a los jueces de limitarse a imponer “medidas alternativas” a la prisión y, en el mejor de los casos, multas irrisorias. Esta es la triste realidad que protege a la mafia que impera en estos dos campos específicos.
El contubernio repugnante entre autoridades y mafiosos convierte en letra muerta no solo la Ley de Deforestación Cero, sino también el Código Aduanero. Como excusa de la inoperancia que demuestra la unidad interinstitucional creada para luchar contra el contrabando, el viceministro de Comercio, Pablo Cuevas, alegó que ella carece de dinero para comprar equipos, como si las entidades que la integran carecieran de recursos y el contrabando tuviera un carácter clandestino. ¿Acaso busca convencer a la opinión pública de que la Armada Paraguaya no tiene elementos materiales para impedir el constante flujo diario de canoas y lanchas de todo tipo llenas de mercaderías que arriban a Asunción y a Ciudad del Este, así como a sus zonas aledañas? ¿Quiere hacerle creer que la Dirección Nacional de Aduanas, con sus 1.194 empleados, necesita más dinero para decomisar los productos introducidos de contrabando y que se venden en las avenidas? En el otro asunto que mencionamos, ¿necesitan los inspectores de la Seam y de Infona anteojos de aumento para detectar los camiones que transitan tranquilamente a la luz del día por rutas y caminos?
El drama no tiene que ver con el dinero, sino con la honestidad de los empleados de la Seam y de Infona. Es un insulto a la razón que se aduzca una cuestión “presupuestaria” para ocultar lo que no es más que una miserable complicidad en el delito por parte de quienes deberían reprimirlo. El propio viceministro de Comercio insinuó más de una vez que las autoridades aduaneras incurrían en una negligencia culposa, también reflejada últimamente en el ingreso de lujosos vehículos robados en España y en los países vecinos. El conflicto entre el Ministerio de Industria y Comercio y la Dirección Nacional de Aduanas es ajeno a la falta de equipamiento y es atribuible, en última instancia, a la falta de autoridad del Presidente de la República, que hasta hoy no ha creído oportuno tomar por las astas este bochornoso asunto. El viceministro se precia de que este año se decomisaron productos por valor de 78.000 millones de guaraníes, pero nada dice del valor estimativo de los que ingresan mientras los agentes del Estado hacen la vista gorda.
Y no solo ellos: también los inspectores municipales se desentienden –seguramente a cambio del correspondiente soborno– de que las veredas y los paseos centrales estén ocupados por puestos de venta irregulares.
Que no nos vengan con que es imposible controlar las fronteras y las avenidas porque el presupuesto es insuficiente. Hay torpeza y negligencias pero, sobre todo, corrupción. Lamentablemente, el país no se ha podido liberar todavía de la larga sombra de la dictadura en cuanto a la inmoralidad administrativa. La simbiosis entre el Estado y la delincuencia impide combatir eficazmente el contrabando y la deforestación, entre otros delitos que de hecho demuestran la complicidad del sector público. Si no hay un solo contrabandista ni deforestador preso, tampoco hay un solo funcionario civil, militar o policial que purgue una condena por haber cooperado con los delincuentes. Los fiscales y jueces que les dieron impunidad también andan libres, incluso ejerciendo aún el cargo que deshonran.
Mientras no se sancione a los delincuentes que defraudan al fisco y talan bosques, así como a sus cómplices y encubridores instalados en el aparato estatal, los industriales y comerciantes decentes seguirán expuestos a una competencia ruinosa y nuestros campos irán convirtiéndose en páramos. Y el Paraguay no podrá despegarse de su mote de Estado mafioso.