El Congreso ampara el robo de la Opaci

El 17 de marzo pasado, modificando la ley de tránsito, la Cámara de Senadores retiró a la Opaci la atribución de controlar la base de datos de las licencias de conducir, con lo que, de promulgarse la norma, esta inútil entidad debería desaparecer para siempre. Pero los senadores demoran la remisión de este proyecto a la Cámara de Diputados y, entretanto, Opaci continúa succionando alegremente fondos que podrían ser muy útiles para encarar y salvar múltiples falencias de las que municipalidades medianas y pequeñas adolecen desde tiempo inmemorial.

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La organización no gubernamental Opaci es, como se sabe, una entidad híbrida creada en el año 1964 con la finalidad de asociar a las municipalidades del país para encarar proyectos de interés común. Nunca sirvió a esa finalidad. Acabó siendo un feudo copado por unos cuantos políticos sinvergüenzas que se volvieron multimillonarios mediante el recurso de sustraer a cada municipalidad una comisión por cada registro de conducir expedido, suma que comenzó siendo de cinco mil guaraníes, y trepó a 20.000 de un solo golpe, en 2011.

Desde el 2006, esta asociación es manejada por un clan de políticos colorados que opera desde Villa Hayes, encargados de distribuir la “torta” de Opaci, tarea en la que habrán demostrado mucha habilidad, porque ni los intendentes de otros signos políticos les cuestionan, señal inequívoca de que están satisfechos con la porción que les toca.

En resumen, la Opaci no presta ningún servicio a nadie, ni a la ciudadanía ni a las municipalidades; no coopera para el fortalecimiento institucional de las comunas ni se encarga de iniciativas para la educación cívica; existe solamente para percibir los 20.000 guaraníes anuales por cada registro de conducir que le fluye en un tranquilo ordeño que le provee de unos 41.000 millones cada año, como mínimo, por cuanto esta cifra es la de su presupuesto.

El 17 de marzo pasado, modificando la ley de tránsito, la Cámara de Senadores retiró a la Opaci la atribución de controlar la base de datos de las licencias de conducir, con lo que, de promulgarse la norma, esta inútil entidad debería desaparecer para siempre. Pero los senadores demoran la remisión de este proyecto a la Cámara de Diputados y, entretanto, Opaci continúa succionando alegremente fondos que podrían ser muy útiles para encarar y salvar múltiples falencias de las que municipalidades medianas y pequeñas adolecen desde tiempo inmemorial, como la ineficacia de su régimen de recaudación tributaria y la de sus juzgados.

Lamentablemente, pues, esta dilación de la Cámara de Senadores está permitiendo que los ladrones de Opaci continúen recaudando y, al mismo tiempo, les están dando todo el tiempo del mundo para que muevan sus piezas en el tablero de la maniobra política, para sobornar diputados o amenazarles con retirar apoyos para las próximas elecciones, arma letal con la que juegan los que, en el mundo político, disponen de los recursos indispensables para financiar campañas.

Si es que las personas que ya recibieron provecho, o las que están interesadas en beneficiarse de algún modo con esta inútil y éticamente inaceptable entidad llamada Opaci, lograran éxito en una o ambas cámaras del Congreso y llegaran a conseguir que se la conserve, con el pretexto que fuese, concretarán el triunfo más abierto y desvergonzado que la corrupción política haya logrado en el ámbito de su institucionalización, en estos últimos tiempos.

Visto esto, lamentablemente, solo cabe pensar que la Cámara de Senadores, al dilatar el trámite, ampara el robo a la ciudadanía que Opaci continúa perpetrando.

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