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Como un “amante de la expropiación”, según propia autodefinición, el diputado José Ledezma (PLRA) afirmó que él apoya todo proyecto de ley al respecto, aunque no conozca el predio afectado ni sepa, en consecuencia, si hay una utilidad pública o un interés social que justifique esa medida. También reveló que solo ocho de los dieciséis miembros de la Comisión de Bienestar Rural de la Cámara de Diputados suelen asistir a las sesiones, aunque también los ausentes firmen los dictámenes.
El legislador liberal de San Pedro hizo estas escandalosas revelaciones tras visitar un inmueble arcilloso de 3.700 hectáreas en el municipio de San José Obrero, cuya expropiación había sido propuesta por su colega Nazario Rojas (ANR), dueño de una fábrica de materiales de construcción que emplea arcilla. El dictamen favorable también lleva la firma de Ledezma, quien ahora dice sentirse engañado por su colega. Es que los diputados, según afirma, “no tienen tiempo” para verificar in situ la conveniencia de los proyectos de ley, así que deben confiar en la “buena fe” de sus autores. En realidad, lo que no tienen es el menor sentido de la responsabilidad o hasta de decencia, cuando se involucran en una operación fraudulenta para arrancarle dinero al Estado, muchas veces en connivencia con el dueño del terreno y, de paso, practicar el populismo.
¿Cómo se puede apoyar a ciegas una iniciativa de carácter excepcional, que implica el pago de una indemnización, como si fuera un asunto de mero trámite? Dado que la propiedad privada es inviolable, la expropiación solo procede cuando en verdad existe la causal prevista en la Ley Suprema, pero resulta que los diputados aprueban el proyecto de ley respectivo solo confiando tranquilamente en la palabra de su autor o por apoyar ideológicamente esa práctica. Tratándose de latifundios improductivos, la ley debe atender, entre otras cosas, la aptitud natural de las tierras y las necesidades de los agricultores. Y bien, nada de esto se consideró, por ejemplo, cuando en 1995 fueron expropiadas 224.160 hectáreas de la familia Antebi, a un costo de más de 215.970 mil millones de guaraníes, según justiprecio de la Corte Suprema de Justicia. Pero entre los principales beneficiarios no figuraron precisamente los sujetos de la reforma agraria, que solo ocuparon 42.945 hectáreas, sino ganaderos brasileños que usurparon casi 80.000 hectáreas. El resto fue declarado reserva natural. No fue un gran “negocio” para los campesinos, sino para la expropietaria, así como para los legisladores, que quisieron mostrar una gran “sensibilidad social”, aunque ello implicara violar la Constitución y el sentido común. Ahora, diez años después, el Congreso acaba de sancionar una ley para blanquear a quienes ocuparon esas tierras expropiadas en nombre de los campesinos, entre quienes habría legisladores y narcotraficantes. ¡Vergonzoso!
El ilustrativo caso que acaba de salir a la luz, gracias a la confesión del diputado Ledezma, es solo uno de los tantos que evidencian con cuánta irresponsabilidad se trata un proyecto de ley de expropiación o la compra de un inmueble para destinarlo, supuestamente, a la reforma agraria. Debe recordarse también que, bajo el gobierno de Fernando Lugo, la presión ciudadana impidió una maniobra fraudulenta, que apuntaba a adquirir por más de 30 millones de dólares un inmueble de 22.000 hectáreas, que a su dueño –Ulisses Rodrigues Texeira– le había costado dos años antes solo 11 millones de dólares. Por cierto, el hoy senador Lugo fue uno de los firmantes del proyecto de ley, aprobado sobre tablas por el Senado en septiembre último, por el que se expropiaba una propiedad de ¡175 hectáreas! en el municipio de R.I. 3 Corrales, que fue invadida por unas siete familias que se dedicaron a deforestarlas, en tanto que los propietarios –Igor Fleischer y sus hijos– las están usando para la ganadería y la apicultura. En este caso, lo más probable es que los miembros de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural de la Cámara Alta no visitaron el referido inmueble, y se limitaron a confiar en la “buena fe” de los proyectistas, pertenecientes al Frente Guasu.
Hoy se hallan en estudio dieciséis proyectos de leyes para adjudicar inmuebles al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) o a la Secretaría de Acción Social (SAS). La mesa directiva de la Cámara de Diputados dispuso que se recabe la opinión de ambas entidades antes de que el plenario se ocupe de una expropiación, pero la acertada medida no está siendo acatada por los miembros ávidos de “beneficiar a los sectores menos favorecidos del país”.
Lo cierto es que el Indert debe unos 150 millones de dólares por expropiaciones varias, razón por la cual sugirió a los legisladores que sean más cautos a la hora de endeudarlo y que deroguen un par de leyes, como la que expropió nueve hectáreas de un Club del Lazo de Itacurubí de la Cordillera, por las que se adeudan 1.900 millones de guaraníes.
Lo que parece un chiste despierta la indignación cuando se piensa que el descarado malgasto compromete a las futuras generaciones e impide satisfacer actuales necesidades sociales legítimas, mientras se invoca cínicamente a los campesinos sin tierra. El diputado Rojas no es uno de estos, sino un avivado que quiere aprovecharse de la arcilla comprada con el dinero público para seguir produciendo ladrillos; otros quieren seguir levantando la bandera de los humildes a costa del erario y de quienes explotan la tierra. Lo cierto es que la figura de la expropiación ha sido groseramente bastardeada por legisladores corruptos o populistas de todos los colores, a los que les interesa un bledo la reforma agraria que pregonan.
Que la ciudadanía no se engañe: la expropiación no suele responder ni a las causas ni a los fines previstos en la Constitución, sino a la angurria o a la politiquería de los legisladores, con la complacencia del Poder Ejecutivo.