El diputado Ibáñez debe renunciar

En un escrito presentado en la Fiscalía, el diputado colorado José María Ibáñez admitió haber cobrado el sueldo de tres personas que hizo figurar como contratadas por la Cámara Baja, que en realidad trabajaban para él como caseros de su lujosa quinta de Areguá. Es decir, le hacía pagar al contribuyente paraguayo el servicio de sus empleados particulares. Es inimaginable tamaña caradurez en alguien que funge de “representante del pueblo”. Al salir de la fiscalía, informó a la prensa que decidió reconocer públicamente sus “errores” y demostrar su propósito de enmienda ofreciendo devolver lo que cobró en vez de sus empleados y donar una suma a hospitales. Pero él no cometió errores, sino reiterados delitos en el ejercicio del cargo. Se trata de hechos punibles que el legislador cometió abusando de la función que le confió el pueblo. Si le resta una pizca de vergüenza, Ibáñez debe abandonar el cargo que deshonra.

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En un escrito presentado a la Fiscalía de Delitos Económicos, el diputado colorado José María Ibáñez admitió haber cobrado el sueldo de tres personas que hizo figurar como contratadas por la Cámara Baja, que en realidad trabajaban para él como caseros de su lujosa quinta de Areguá. Es decir, le hacía pagar al contribuyente paraguayo el servicio de sus empleados particulares. Es inimaginable tamaña caradurez en alguien que funge de “representante del pueblo”.

Al salir de la Fiscalía, riéndose, como si el asunto ameritara hilaridad, el legislador informó a la prensa que decidió reconocer públicamente sus “errores” y demostrar su propósito de enmienda, ofreciendo devolver los 30 millones de guaraníes que cobró en vez de sus empleados y donar un total de G. 200 millones al Hospital de Clínicas y al Hospital Nacional de Itauguá.

En respuesta a estos dichos, cabe enfatizar que él no cometió errores, sino reiterados delitos en el ejercicio del cargo. Para comenzar, se aferró como garrapata a sus fueros y negó los hechos, y si finalmente los confesó fue solo para intentar librarse de una condena. No parece otra cosa sino el ladrón pillado “in fraganti” que para librarse de los azotes de los dueños devuelve lo robado, agregando un monto extra.

Es cierto que, como dijo, todos los seres humanos cometemos errores, pero la cuestión es que no todos estafamos, ni cobramos honorarios indebidamente ni expedimos certificados de contenido falso. Estos no son errores, sino hechos punibles que el diputado Ibáñez perpetró abusando del cargo que le confió el pueblo. Su mención de la condición humana para excusar fechorías en este caso es inaceptable, y su arrepentimiento, inverosímil.

En verdad, su fingido “arrepentimiento” no es justificable, porque si la prensa no hubiese revelado sus trapisondas, habría seguido delinquiendo tranquilamente, sin ningún problema de conciencia. Una vez descubierto, jamás se habría puesto en manos de la Justicia si no hubiese sido forzado por la opinión pública y por sus colegas a renunciar a su inmunidad parlamentaria y ponerse en manos de los fiscales y jueces. Si las pruebas recogidas por el Ministerio Público no hubiesen sido tan abrumadoras, nunca habría terminado por confesar.

De modo que es imposible creer en el supuesto arrepentimiento y en la “equivocación” del diputado Ibáñez. Primero mintió y hasta intentó ocultar los hechos falsificando planillas de asistencia; es decir, delinquiendo una vez más. Con su tardío mea culpa y la reparación de daños propuesta busca evitar el inminente juicio oral con su previsible desenlace y lograr así su sobreseimiento, así como el de sus cómplices, Lorena Plabst (esposa), María Liz Gutiérrez (jefa de gabinete), Favio Gómez, Éver Isaac y Viviana Falcón (caseros). Aquí no hay remordimiento alguno, sino ganas de librarse formalmente de la mancha de un antecedente penal.

Si le resta una pizca de vergüenza, Ibáñez debe abandonar el cargo que deshonra, porque una persona que defraudó tan miserablemente la confianza de sus electores, empleando el dinero público para pagar el sueldo de sus caseros, no debe seguir integrando un órgano que se llama Honorable Cámara de Diputados. Para empeorar las cosas, ya bastante repudiables, se quedaba con la mayor parte del dinero que supuestamente cobraban sus personales como contratados en el Legislativo: sus tres sueldos mensuales eran de 2.500.000 guaraníes, pero los varones solo recibían un millón, y la joven, apenas 500.000, porque “cuando recibieron el cheque lo que hicieron fue devolvernos el dinero que se les adelantó”, según una de las tantas mentiras del diputado.

Increíblemente, esta conjugación de angurria y ruindad se ha dado en un legislador que no es precisamente pobre y que llegó incluso a ser ministro de Industria y Comercio durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Resultaría ocioso, a estas alturas, preguntarse si ya en aquel entonces el ministerio pagaba el sueldo de sus empleados o tenía otras maneras más elegantes de apropiarse del dinero público. Lo que ahora confesó basta para que la ciudadanía tome nota de su calidad moral y se pregunte si hay que creerle cuando afirma que en adelante pondrá su “mayor vocación de servicio para trabajar a favor de aquellas personas más necesitadas de nuestro país, como legislador”. Esto lo dice el mismo caradura que indujo a sus caseros –personas seguramente necesitadas– a cometer un delito en beneficio de sí mismo, sobre todo.

Aprovecharse de un cargo electivo para estafar, cobrar indebidamente honorarios y emitir documentos de contenido falso nada tiene que ver con una vocación de servicio, sino con una notable codicia. De su cínica promesa, que en realidad es un insulto, se deduce que no piensa renunciar a su banca, lo cual no debería sorprendernos.

Es sorprendente que ni en el Partido Colorado ni en la Cámara de Diputados se escuchen voces de indignación ante tanto escarnio a la majestad del Congreso, al pueblo estafado y al propio Paraguay. El daño que causan estos escándalos a la imagen del país es inconmensurable, demasiado para que este caradura diputado piense continuar ejerciendo su alto cargo y cobrando un sueldo pagado por el propio pueblo al que ha venido estafando. Además, sus colegas deben considerar que los caseros fueron contratados solo gracias a la influencia ejercida por su patrón y que, según el art. 201 de la Constitución, el uso indebido de influencias es causal de pérdida de la investidura.

Vale la pena recordar una de las defensas iniciales del diputado Ibáñez cuando todavía quería convencer inútilmente a la ciudadanía de su inocencia. Dijo que “los políticos, los líderes, estamos en desventaja al ser investigados por el simple hecho de pertenecer a la clase política; por eso, ya somos condenados de antemano por los medios de comunicación”. Él fue investigado por el simple hecho de haber cometido unos delitos de los que ahora se ha declarado culpable. La prensa no tuvo nada ver. Quienes se quedan indebidamente con el dinero de los demás no pertenecen a la clase política, sino, en todo caso, a una banda de delincuentes.

Esta es una prueba de fuego para los legisladores y la clase política de todos los partidos. Si el diputado Ibáñez continúa sentado tranquilamente en su banca, opinando sobre los aconteceres y dando directivas sobre lo que debe hacerse en el país, quiere decir que el barro ha embadurnado completamente la sede legislativa. Si el mismo tiene un último acto de valentía y renuncia a su banca, o sus propios pares le aplican un castigo ejemplar, una luz de esperanza se habrá encendido en el desprestigiado Poder Legislativo.

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