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Con enormes perjuicios para miles y miles de personas, grupos de campesinos están cerrando el tránsito en las Rutas III y X para lograr, según dicen, que el Estado subsidie el cultivo de chía y condone deudas contraídas con el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH). El bajo precio de la planta en el mercado les habría causado pérdidas y necesitarían dinero público para seguir sembrándola. Como los deudores recientes no son más que 608 y no todos ellos son productores de chía, los reclamos pueden ser interpretados como simples pretextos de una medida de fuerza que apunta a provocar una confrontación con las fuerzas del orden. No obstante, pueden dar la impresión de que tienen fundamento dado el pésimo precedente sentado por el presidente Horacio Cartes cuando promovió la malhadada ley por la que los contribuyentes asumieron la deuda acumulada por la vaciada Azucarera Iturbe SA.
En nuestro editorial del 16 de agosto pasado advertíamos que la desacertada determinación gubernamental “autorizará a cualquier empresario en dificultades a solicitar en el futuro un tratamiento similar por parte del Gobierno”. Esta vez, sin embargo, quienes reclaman el auxilio estatal se presentan como productores de chía, pero en el fondo se trata de lo mismo, es decir, de que los demás carguen con el mal resultado de la actividad económica de un particular. La condonación de esta deuda correría, entonces, a costa de todos los contribuyentes y, como consecuencia, autorizaría a cualquier deudor del CAH o del Banco Nacional de Fomento a que reclame lo mismo.
“Este Gobierno solamente responde a las empresas privadas y a los empresarios”, afirmó Amada Zárate, dirigente campesina de Canindeyú. Si el Gobierno rechazara las pretensiones de los manifestantes, uno de cuyos cabecillas –Aníbal Modesto Díaz Romero– asesora al diputado José Ledesma (PLRA), bien podrían ellos alegar que se les negó el favor que sí se les hizo a los dueños del citado ingenio azucarero. Ocurre que cuando se abre el grifo del dinero público en beneficio de algún grupo, es inevitable que otros reclamen lo mismo, por cualquier motivo.
El Estado no debe correr con las pérdidas ni de los empresarios ni de los agricultores. Las ganancias que ellos logran con su actividad no son distribuidas entre sus conciudadanos, y está bien que así sea, pero en contrapartida estos no tienen por qué hacerse cargo de los resultados de su mala gestión ni de la caída de los precios en el mercado. El Estado no debe ser el gran salvavidas. Todo emprendimiento económico conlleva algún riesgo, y quienes se lanzan a producir azúcar o a cultivar chía deben asumirlo de entrada. Por eso mismo, no solo es improcedente que el Estado asuma o condone deudas, sino también que otorgue subsidios para que los productores queden protegidos del libre juego de la oferta y la demanda. Ya lo han recibido los productores de algodón, así que no es raro que ahora sean los que dicen ser productores de chía quienes deseen echar mano al dinero de todos. ¿Por qué no, si incluso los pescadores reciben subsidios durante la veda pesquera anual, dispuesta justamente en beneficio de ellos mismos para que tengan peces el resto del año?
Encima, aquí entra a tallar la corrupción rampante: todo subsidio se presta al fraude, ya que, al no haber un registro completo y actualizado de quienes deberían ser sus merecedores, las listas de beneficiarios se arman como se quiere. Si entre los recientes prestatarios del CAH figuran 300 empleados públicos, como se informó, el número de quienes reciben un aporte estatal en forma irregular –al menos en el sector agrícola– puede ser bastante más elevado. En teoría, esa prestación económica es temporal, pero resulta que quien la ha recibido alguna vez cree tener un derecho adquirido, de modo que ya no se esfuerza tanto para vivir solo del fruto de su trabajo. Seguirá reclamando el subsidio dando ejemplo a los demás para hacer lo mismo, es decir, a no esforzarse tanto porque el generoso Papá Estado concurrirá prestamente a cubrir lo que haga falta.
El Estado no debe condonar deudas, sino promover su cobro por vía judicial. Tampoco debe otorgar subsidios, sino destinar el dinero público a satisfacer las necesidades de todos, y no las de cierta empresa o sector productivo. El interés general debe prevalecer sobre el particular. Es de lamentar, una vez más, que el actual Gobierno no se haya apartado del curso populista seguido por sus antecesores. Al contrario, lo ha acentuado con la ley impulsada en relación con la vaciada Azucarera Iturbe SA, de modo que no deberá quejarse cuando se vayan multiplicando los reclamos en materia de condonaciones o subsidios. Es que abrió aún más la puerta para que puedan colarse todos los que quieran aprovecharse del dinero público para satisfacer sus intereses particulares. El gobierno de Horacio Cartes tiene razón al quejarse de que el Congreso aumente el gasto público en forma desmedida, pero no debe olvidar que él mismo está empleando el dinero de los contribuyentes de todo el país para subsidiar, por ejemplo, el costo del pasaje del transporte público en la Gran Asunción. Lo mismo que al pagar deudas ajenas o condonar otras.
Lo que está en juego es siempre el buen uso del dinero público. Cualquier grupo de presión tiende a buscar ventajas a costa de la generalidad, de modo que el Estado debe evitar convertirse en su instrumento, cuidando que el dinero público sea invertido a favor de todos. Debe desalentar a quienes traten de obtener provechos particulares mediante el patrocinio gubernativo. Por todo ello, el Gobierno, si es responsable, debe rectificar rumbos y poner claramente de manifiesto que el dinero público no será utilizado para satisfacer las pretensiones de algún grupo en perjuicio de toda la sociedad.