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La amenaza de las expropiaciones forzosas de inmuebles pende gravosamente sobre muchos propietarios de terrenos rurales y urbanos que, por motivos de índole generalmente coyuntural, como el electoralismo, el populismo o el negociado, se convirtieron en objetos del apetito de algunos grupos de presión, de ciertos políticos en plan de enriquecimiento personal o de candidatos en campaña.
Se tiene información de que en el Poder Legislativo obran docenas de pedidos de expropiaciones provenientes de todos los rincones del país, destinados a que organismos públicos se hagan de inmuebles particulares con exposición de justificativos que van desde unos pocos, atendibles, que guardan relación con ampliación de vías de circulación –rutas, caminos, puentes, calles y avenidas– hasta pretextos vagos o ridículas apelaciones al “interés comunitario”, sin que se demuestre nada que le otorgue al pedido algún cariz medianamente convincente como para ser tomado en serio.
El recurso a la expropiación de inmuebles particulares, como es bien sabido, es una medida excepcional que la Constitución atribuye al Poder Legislativo, como facultad imperativa, para hacer viables obras o proyectos de utilidad pública que se ven impedidos u obstaculizados por ciertos derechos específicos que personas particulares poseen legítimamente sobre sus bienes privados. Es un recurso que existe en todos los ordenamientos legales del mundo moderno y responde al principio general que establece que el interés social colectivo es preeminente sobre el particular y que, cuando hay colisión entre ambos, este debe ceder ante aquel. Pero esta figura se ha convertido en un garrote político, populista, ideológico o chantajista, que se esgrime según las circunstancias o la cara del cliente por encima de nobles fines específicos.
Se debe insistir y enfatizar este punto: se trata de un recurso legal que en todos los ordenamientos jurídicos constituye una excepción y no la regla para resolver conflictos espurios. Se recurre a la expropiación forzosa solamente cuando fracasaron todos los demás argumentos, ofertas y medios persuasivos para superar el obstáculo.
Pero cuando ciertos políticos que ocupan asientos en las Cámaras legislativas del Congreso toman por asalto las atribuciones que les otorga la Constitución, y las desvirtúan con la intención de instrumentarlas para servir a finalidades propias o de sus grupos, la institución de la expropiación por causa de utilidad pública se convierte en una terrible cuña para introducir en el ordenamiento social y económico la arbitrariedad, el latrocinio, el despilfarro y la depredación de valiosos recursos naturales.
Este es el caso de esos proyectos de ley de expropiación de inmuebles que se presentan disfrazados con la mascarilla del “interés social”, cuando que no son más que oscuras maniobras ejecutadas para favorecer a algunas organizaciones campesinas, a cambio de aflojar las “tensiones” que sus dirigentes (bien entrenados en el arte de la extorsión política) artificiosamente supieron crear, casi siempre para obtener lotes de tierra en forma gratuita y libre de cargas, a cambio de favores de índole política, como el cese de presiones, amenazas, bloqueos, o bien el compromiso del aporte de sus votos para ciertas candidaturas.
En otras ocasiones –que son todavía casos peores– la medida es útil para perpetrar groseros negociados entre los expropiadores y los expropiados, mediante el cual inmuebles que no sirven para las finalidades que se arguyen como justificación de la medida, son adquiridos por precios varias veces multiplicados, de tal suerte que los negociadores de la operación se enriquezcan con lo que de este modo tan aleve le sustraen al fisco.
Para ejemplificar esto no hace falta más que recordar uno reciente: el infame caso de “Antebi Cue”, en el que, con el pretexto de habilitar colonias para supuestamente comenzar a resolver la “crisis social provocada por la carencia de tierras para campesinos”, se expropiaron inmuebles particulares por un valor de alrededor de 42 millones de dólares que, fraccionados y repartidos, fueron a parar a manos a caudillejos, prósperos comerciantes y ganaderos locales, incluidos traficantes de frontera, convirtiéndolos en un sector rural privilegiado gracias a sus contactos de influencia y a despecho de los campesinos verdaderamente necesitados.
Para resumir esta negra y dramática operación de inicuo despojo de recursos públicos, refiérase simplemente esto: que de las 224.000 hectáreas expropiadas a Cipasa SA, lugar hoy conocido como “Antebi Cue”, solamente se crearon y subsisten dos colonias agrícolas compuestas de 470 lotes. El cuerpo principal, de 1.070 lotes, se distribuyó entre “los muchachos”, ahora prósperos hacendados (entre ellos, el recientemente asesinado exdiputado de la ANR Magdaleno Silva).
Ahora, ante la aparición de una cantidad escandalosa de proyectos de expropiación en las cámaras del Congreso, algunos en costosas zonas urbanas e impulsados por el internismo que se vive en este momento en el partido gobernante, algunas autoridades de la Cámara de Diputados, del Indert y de la SAS convinieron en conformar un equipo de estudio de cada pedido de expropiación, de tal suerte que los dos últimos organismos citados remitan al legislativo su parecer sobre cada solicitud, para evitar que se trate de “un simple engaño”, como afirmó el diputado liberal y vicepresidente de la Cámara, Amado Florentín. Además, se advirtió en la ocasión que el Estado adeuda unos 150 millones de dólares por tierras expropiadas.
Está por verse si estos pareceres o dictámenes servirán finalmente para remediar en algo el irresponsable manejo que se realiza actualmente con las expropiaciones, debido al alto contenido político-ideológico que se aplica en la materia.
Lo más probable es que los casos como “Antebi Cue” continúen produciéndose, sin existir casi medida alguna que pueda oponerse al despilfarro irresponsable y antipatriótico de los más valiosos recursos sociales y económicos con que cuenta nuestro país para sus anhelos de desarrollo sostenible.
Anoten los ciudadanos de esta patria estos datos y recuerdos en sus agendas de memoria histórica, para cuando estén frente a las urnas y tengan que decidir si dejar que continúen, o impedir que los mismos sinvergüenzas sigan tomando las decisiones más comprometedoras para el futuro de nuestros hijos y nietos, ya que estas expropiaciones infundadas y arbitrarias penden como la espada de Damocles sobre nuestro futuro.