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Como podía apostarse que iba a suceder, el lago Ypacaraí vuelve a mostrar los mismos síntomas de contaminación que viene degradando su calidad de recurso natural desde hace al menos cuatro décadas, aunque empeorando cada año.
A medida que sube la temperatura ambiente y se calienta el agua, comienzan a dejarse ver en su espejo líquido las extensas manchas verdes que caracterizan visualmente al fenómeno, más rápido e intenso si es que, a los factores indicados, se suma un nivel bajo de agua, lo que puede ser producto de escasez de lluvias tanto como del excesivo escurrimiento a través de la barrera natural, su punto de conexión y desagüe con el río Salado.
Como está hartamente estudiado y demostrado, la mayor parte de las causas del fenómeno son los desechos que se arrojan a los arroyos tributarios del lago, en particular en los de más caudal, que son el Yukyry, el San Lorenzo, el Capiatá, el Pirayú, el Yaguá Resau y el Puente Estrella. A esto hay que sumar los residuos cloacales de las zonas urbanizadas, que le llegan al lago subterráneamente, así como la basura que se echa directamente en él.
Este estado de cosas muestra irrefutablemente que poco o nada hicieron las autoridades competentes en estos meses transcurridos. El año pasado, ante el clamor de la gente y la intensa divulgación del problema por parte de los medios de prensa, se realizaron aparatosas intervenciones fiscales y judiciales, se divulgaron estudios y apreciaciones técnicas sobre el caso, se anunciaron proyectos de intervención y principios de solución, se invitó a expertos extranjeros..., pero continuamos igual; o quizás peor.
Lo que las autoridades de la Secretaría del Ambiente –primera responsable del problema, aunque no la única– tendrían que dar a conocer al público es cuáles fueron las medidas tomadas en el año transcurrido. ¿Qué hicieron las municipalidades? ¿Cuántas personas y empresas contaminadoras fueron sometidas a proceso? Si es que alguna lo fue, ¿cómo progresa el juicio? ¿Se aplicaron sanciones a alguien; a cuántos?
Si las respuestas a estas preguntas sencillas y elementales no son concluyentes –como puede adivinarse que no lo serán–, entonces nada más queda por saber para calificar a esas autoridades como ineptas, indiferentes, negligentes y, por consiguiente, incompetentes para encarar este problema, que más que grave es ya acuciante.
El gobierno del presidente Cartes tiene que cambiarlas, sustituirlas por personas que asuman la tarea de recuperar el lago Ypacaraí con conocimientos técnicos y habilidades suficientes, pero, sobre todo, con conciencia de la enorme responsabilidad que les cabe, tanto de tener éxito con los resultados como de recuperar la confianza pública en organismos que, como la Seam, el Ministerio de Salud Pública, las Municipalidades y las Gobernaciones, perdieron toda credibilidad en este caso concreto y específico que afecta a uno de nuestros más importantes recursos turísticos y a una de las zonas del centro del país que, ambiental y sanitariamente, se halla en mayor riesgo.
El lago Ypacaraí, comparativamente con muchos otros de la región, tiene un tamaño pequeño; cuenta con 90 kilómetros cuadrados y un promedio de dos metros de profundidad en tiempo estival, lo que no es demasiado –casi nada, se diría–, para ejecutar exitosamente en él un proyecto serio y eficaz de preservación ecológica. Su área geográfica de influencia es extensa, es cierto, pero con autoridades firmes, industriales conscientes y con una población educada, disciplinada y respetuosa de la protección de los bienes naturales, sería perfectamente manejable, como ocurre en tantas cuencas lacustres en el mundo, la mayoría de ellas más desarrolladas y más densamente pobladas que la nuestra.
Se escucha a las autoridades comunales de Areguá, Ypacaraí y San Bernardino quejarse de los perjuicios económicos que el impedimento del uso del lago volvería a producirles este verano, pero no se las vio ejecutar proyectos concretos que están a su alcance, como la vigilancia, la intervención y la sanción a las actividades contaminantes ejecutadas en sus ejidos, como los mataderos y curtiembres, las huertas que emplean agroquímicos, las instalaciones poluyentes como estaciones de servicio y depósitos, las residencias que no disponen de sistema sanitario adecuado, el deficiente régimen de disposición de residuos sólidos y otros conocidos factores problemáticos.
Lo que les sucede a estas autoridades municipales es que llegan al poder con demasiadas facturas políticas pendientes de pago y con lazos personales excesivamente comprometidos, entonces no les pueden intervenir, someter a proceso y sancionar a sus amigos y socios, parientes y compadres, a los sustentadores de gastos de sus campañas electorales, a sus correligionarios ni a personas influyentes. La mayoría de las personas y empresas contaminantes consuetudinarias del lago Ypacaraí gozan de alguna forma de protección, o sea, de impunidad.
Que no sigan quejándose de su mala suerte, pues, si en los dos últimos años, cuando menos, los intendentes de las ciudades afectadas por la tremenda degradación de las aguas del lago no pudieron exhibir una sola carta de triunfo en lo que debiera ser su lucha principal. Los contaminadores continúan contaminando; nadie es procesado, nadie es sancionado ejemplarmente, nadie es disuadido, no hay campañas masivas de educación ambiental, no existe un sistema de vigilancia de 24 horas, no opera ninguna policía ecológica en las zonas más sensibles, no se ofrecen soluciones alternativas suficientemente eficaces al problema de recolección y disposición de desechos domiciliarios y, en fin, no hay reglas sanitarias y, si las hay, nadie las cumple. Como en tantos otros casos similares.
El Gobierno del presidente Cartes tiene que tomar intervención directa en el problema; pero realizando una diligencia enérgica y decisiva, que vaya más allá que la vieja e inocua medida de conformar una comisión especial “para estudiar el problema”. Basta de comisiones que nunca aportan nada digno de llamársele “solución” y, menos aún, de justificar lo que reciben como retribución.
Para su recuperación, el lago Ypacaraí requiere, con la mayor premura, como se viene repitiendo insistentemente en los últimos años, técnicos, políticos y funcionarios diferentes que los que conoció hasta ahora. Requiere, básicamente de patriotas.