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Bajo los corruptos gobiernos de la era democrática que sucedieron al régimen dictatorial de Alfredo Stroessner, hasta ahora ha sido una constante la colusión público-privada enderezada a favorecer indebidamente a una determinada empresa nacional o extranjera con la adjudicación de contratos de obras y servicios públicos, financiados con recursos genuinos del Estado, o con préstamos de agencias internacionales de créditos, como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), JICA, Fonplata y otros. Cuando creíamos que con la promesa del presidente Horacio Cartes acabaría esta nefasta práctica de inmoralidad pública, destituyendo y enviando a la cárcel a los concusionarios que se atrevieran a intentarlo de nuevo, he aquí que la gente se ha topado con la sorpresa de que a la formal y reiterada promesa presidencial en tal sentido se la ha llevado el viento. Al menos, a estar por lo que continúa sucediendo campantemente en el ámbito de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) con el proyecto de maquinización de la presa Yguazú.
Como se sabe, este proyecto energético declarado en su momento por el gobierno de turno como necesario y urgente hace ya más de una década, obtuvo un financiamiento de la Japan Bank International Corporation (JBIC) de US$ 196,34 millones, bajo patrocinio de la agencia japonesa de cooperación internacional conocida como JICA. Por su parte, el Gobierno nacional se obligó a aportar US$ 65,44 millones como contrapartida del crédito nipón. De conformidad con las normas de procedimiento de la JICA, para la elaboración del correspondiente proyecto técnico objeto del crédito, la ANDE estaba obligada a contratar una empresa consultora japonesa, la que, a su vez, por nuestra legislación, estaba obligada a asociarse con una consultora paraguaya del ramo.
Bajo estas condiciones, la ANDE procedió a escoger de la tríada de consultoras japonesas propuesta por la JICA a la Nippon Koei Lac Co. Ltd., manteniendo oculto todavía el nombre de la empresa paraguaya incluida en el emprendimiento. Contrariando el procedimiento reglamentario, la ANDE, en vez de encomendarle a la consultora japonesa la elaboración del proyecto definitivo y detallado de la obra, con los correspondientes costos, insólita y sospechosamente se limitó a exigirle la preparación de un “anteproyecto”, de costo meramente estimativo, con base en la cual se lanzarían las correspondientes licitaciones para las diferentes etapas de las obras componentes del proyecto de maquinización de la represa. Las empresas que resultaran ganadoras deberán encargarse de elaborar los proyectos definitivos y cotizarlos. Absurdo; se deja un arco libre a los “ganadores” para que estos digan qué hacer y por cuánto.
Tras cinco años inútilmente perdidos en marchas y contramarchas de licitaciones amañadas, y consecuentemente fallidas, y con más de US$ 11 millones pagados al consorcio consultor japonés Koei, más unos US$ 4,5 millones invertidos extemporáneamente en obras auxiliares hoy convertidas en ruinas, finalmente la ANDE ha decidido dar el zarpazo largamente apetecido a las arcas públicas, firmando en condiciones poco claras el pasado 13 de junio de 2014 el contrato de compra y montaje del equipamiento electromecánico para la central hidroeléctrica de Yguazú, con el consorcio Toshiba Corporation Mitsui & C. Plant Systems, a pesar de que ni siquiera ha definido la contratación de las obras civiles que deben preceder a la instalación del equipamiento electromecánico.
Y lo grave es que lo ha hecho contraviniendo expresas disposiciones legales nacionales y de la propia JICA, por lo que la gente tiene ahora la confirmación documentada de su antigua sospecha de colusión entre directivos de la empresa estatal y el consorcio adjudicatario japonés. Es más, por presión gubernamental al más alto nivel, la habitualmente correcta y transparente JICA se vio obligada a violar su propia normativa institucional para permitir que la ANDE se extralimitase en sus atribuciones a fin de que, contra viento y marea, finalmente resultara ganadora la oferta presentada por el consorcio liderado por Toshiba.
Para concretar el negociado, con la forzada complicidad de la JICA, el presidente de la ANDE, Ing. Víctor Romero, pasó por encima de expresas normas de la agencia japonesa de cooperación internacional y del propio banco prestatario. Obviamente, en la consumación de este delito de acción penal pública, el Ing. Romero jamás puso la cara para explicar al pueblo contribuyente –que pagará finalmente por los platos rotos– los motivos que lo llevaron a transgredir groseramente claras disposiciones legales al “instruir” al consorcio que resultó ganador para que “corrija” y “complete” su propuesta, ya en plena etapa de evaluación de las ofertas, a fin de ajustarla dolosamente, fuera del plazo legal, a los requerimientos y exigencias del pliego de licitación.
No es esta la primera vez que la JICA es forzada por sectores corruptos del Gobierno nacional a transgredir su propio código ético de procedimiento. Un caso similar se dio en nuestro país bajo el gobierno de Luis Ángel González Macchi. Para la construcción de la ruta Paraguarí-Villarrica-La Colmena, el banco japonés JBIC concedió un crédito a través de dicha agencia gubernamental nipona. Como era de rigor, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones escogió una empresa consultora japonesa, la Central Consultant Inc., de la tríada que le fue presentada por JICA, la que se asoció a una empresa consultora paraguaya perteneciente al empresario vial César Delgado. Con el cambio de gobierno, el nuevo ministro de Obras Públicas, José Alberto “Icho” Planás, presionó a la JICA exigiendo que la consultora japonesa deshiciera su asociación con la Consultora Delgado y se asociara con la Consultora Guaraní SA, perteneciente a un cercano amigo suyo, el Ing. Modesto Pericles.
Pese a las protestas de la consultora japonesa por tan flagrante arbitrariedad del Gobierno paraguayo y al duro litigio legal sostenido por la consultora Delgado, al final, las autoridades regionales de la JICA, con sede en Buenos Aires, se vieron forzadas a acatar la arbitraria imposición del codicioso nuevo ministro de Obras Públicas, vergonzosamente célebre por el negociado de los “empedrados chinos” perpetrado durante su gestión ministerial.
A menos que el Presidente de la República intervenga para parar este flagrante negociado que acaba de consumarse en el ámbito de la ANDE, cargará con su lacra en la memoria histórica del pueblo paraguayo. Pero, además, será un gol en contra de la selección nacional del “nuevo rumbo” pregonado por su Gobierno y que está tardando en aparecer.