14 de Abril de 2013

 

El pacto fiscal debe tener rango constitucional

Es auspicioso que los principales aspirantes a la presidencia de la República coincidan en que es necesario poner coto al despilfarro presupuestario, clara expresión de la irresponsabilidad fiscal en el ejercicio de la función pública. Es irresponsable prever gastos sin una estimación realista de los ingresos, lo mismo que destinar más del 90% de los fondos presupuestados al pago de los gastos corrientes, entre los que predominan los relativos a los salarios, los viáticos y los pasajes del personal público. Las medidas que se requieren para imponer una disciplina fiscal deben tener rango constitucional. Es necesario que la Constitución prohíba al Congreso elevar los egresos, alterar la estimación de los ingresos previstos en el proyecto de ley o aprobar un gasto adicional sin indicar los recursos con los que será cubierto.

Es auspicioso que los principales aspirantes a la presidencia de la República coincidan en que es necesario poner coto al despilfarro presupuestario, clara expresión de la irresponsabilidad en el ejercicio de la función pública. Es irresponsable prever gastos sin una estimación realista de los ingresos, lo mismo que destinar más del 90% de los fondos presupuestados al pago de los gastos corrientes, entre los que predominan los relativos a los salarios, los viáticos y los pasajes del personal público. El déficit fiscal y la falta de recursos para obras de infraestructura, entre otras cosas, son resultados inevitables del manejo arbitrario de un instrumento que debería favorecer el desarrollo. La colocación de bonos en el exterior, aunque sea hecha en condiciones favorables, implica un endeudamiento que debe pagarse en el futuro, que se podría evitar o al menos reducir en gran medida mediante un adecuado diseño del presupuesto. Hubo que apelar a ese mecanismo de financiación porque los ingresos genuinos, que son los de origen tributario, resultan del todo insuficientes.

Aunque no hubiera ineficiencia en la ejecución del presupuesto –raras son las instituciones que superan el 50%–, las inversiones públicas no podrían ser realizadas por falta de recursos suficientes. Ante esta cuestión de hecho, el Ministerio de Hacienda fija topes presupuestarios que no rigen para los salarios, que necesariamente deben abonarse.

Si bien es loable que los candidatos presidenciales con mayores posibilidades aboguen por un pacto fiscal, la experiencia de las últimas décadas sugiere que no será nada fácil llegar a ese acuerdo ni mucho menos aplicarlo. Para empezar, aunque Efraín Alegre y Horacio Cartes quieran en verdad frenar el derroche presupuestario en gastos corrientes, habría que preguntarse si podrían imponer ese criterio en sus propias filas. ¿Son realmente los líderes de sus respectivos partidos? Que hoy sean candidatos no asegura que el PLRA y la ANR se ajusten luego de los comicios a lo que ellos propugnan. Para más, quien sea derrotado no integrará el Congreso, que es donde se sanciona la Ley del Presupuesto General de la Nación. Menos relevante resulta que tampoco presidirá su agrupación política, porque, al fin y al cabo, nuestros partidos políticos no se ocupan de las políticas de Estado. Así como están las cosas, todo queda en manos de los legisladores individualmente considerados.

Tampoco hay disciplina en el Poder Ejecutivo, así que cada órgano trata de obtener la mejor tajada negociando con los legisladores, a espaldas del Ministerio de Hacienda. Si se llegara a un pacto fiscal, el titular del Poder Ejecutivo debería cuidar de que no sea saboteado por sus propios subordinados, en connivencia con parlamentarios complacientes. A la luz de las prácticas vigentes desde hace años, al próximo jefe de Estado le costará impedir que sus subordinados se aparten del proyecto de ley de presupuesto y hacer cumplir el art. 18 de la Ley de Administración Financiera del Estado, según el cual “las relaciones entre el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo en materia presupuestaria se mantendrán exclusivamente a través del Ministerio de Hacienda”.

Si la ejecución del presupuesto es deficiente, el manejo previo a la promulgación de la ley es caótico. No se trata solo de concebirlo adecuadamente desde el Ministerio de Hacienda, sino de impedir que durante el trámite parlamentario sea distorsionado tanto por los propios órganos del Poder Ejecutivo como por los legisladores irresponsables, para decir lo menos. El Poder Legislativo propende al gasto excesivo y es prácticamente imposible vetar una ley presupuestaria. Será difícil lograr que los nuevos legisladores, muchos de los cuales habrán sido reelectos, sigan las directrices de sus respectivos partidos o de quien ejerza el Poder Ejecutivo o haya sido candidato presidencial. En el caso de que, pese a todo, se sancionara una ley de responsabilidad fiscal, ella no sería de mayor rango que cualquier otra, de modo que podría ser ignorada por la ley presupuestaria, que es lo que ocurre con la citada Ley de Administración Financiera del Estado.

Las medidas que se requieren para imponer una disciplina fiscal deben tener rango constitucional. Es necesario que la Constitución prohíba al Congreso elevar los egresos, alterar la estimación de los ingresos previstos en el proyecto de ley o aprobar un gasto adicional sin indicar los recursos con los que será cubierto. Hoy, la política presupuestaria es una farsa y eso sin tener en cuenta las ampliaciones presupuestarias de rigor, en las que se repiten los tejes y manejes referidos. El Ministerio de Hacienda sabe que lo dispuesto en la ley es de cumplimiento imposible porque no habrá fondos suficientes para ejecutarlo íntegramente. Sabe también que, de todos modos, el aparato administrativo es incapaz de tamaña empresa, con lo cual se plantea la cuestión de por qué el Congreso no reduce los fondos de los órganos con bajísima ejecución presupuestaria. Es que tampoco el Poder Legislativo toma la ley muy en serio, salvo en lo que hace a los salarios del sector público, que entre 2008 y 2012 aumentaron en un 125%, en comparación con los del sector privado, que aumentaron en un 23,6%. En eso sí que los congresistas se ponen de lo más “serios” y generosos con el dinero ajeno.

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