El Poder Judicial al desnudo

Según el titular del Consejo de la Magistratura y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Enrique Riera, este último órgano detectó y desarmó claques que “cocinaban” sentencias sobre prescripciones adquisitivas de dominio, en juicios en los que se hacían notificaciones falsas, se presentaban escritos idénticos y declaraban los mismos testigos. Los aberrantes fallos eran confirmados por un Tribunal de Apelaciones y terminaban “congelados” en la Corte Suprema de Justicia. Estos dichos no constituyen ninguna revelación, pues desde hace años se sabe que en nuestra judicatura se delinque en forma grosera y masiva. Mientras no sean castigados, los mismos magistrados y los mismos leguleyos seguirán cometiendo otras felonías, es decir, corrompiendo la Justicia y quedándose con lo ajeno. Se impone que el Ministerio Público abra de oficio una investigación sobre lo expresado por quien, debido a la posición que ocupa, puede conocer a cabalidad la podredumbre judicial.

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Según el presidente del Consejo de la Magistratura y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Enrique Riera, este último órgano detectó y desarmó claques que “cocinaban” sentencias sobre prescripciones adquisitivas de dominio, en juicios en los que se hacían notificaciones falsas, se presentaban escritos idénticos y declaraban los mismos testigos. Los aberrantes fallos eran confirmados por un Tribunal de Apelación y terminaban “congelados” en la Corte Suprema de Justicia.

Estos dichos no constituyen ninguna revelación, pues desde hace años se sabe que en nuestra judicatura se delinque en forma grosera y masiva. En particular, la opinión pública ya tenía noticias de que se fraguaban juicios para usurpar inmuebles mediante la figura de la prescripción, y de que el ministro Miguel Óscar Bajac habría estado relacionado con más de uno de ellos. Lo que aún ignora es si el Jurado efectuó alguna denuncia o si el Ministerio Público abrió una investigación de oficio para que los autores, cómplices y encubridores de esas graves fechorías vayan a la cárcel. No basta con descubrir y desbaratar roscas empotradas en el Poder Judicial, sino que también es preciso aplicar todo el peso de la ley a los sinvergüenzas que las integran. Mientras no sean castigadas, los mismos magistrados y los mismos leguleyos seguirán cometiendo otras felonías, es decir, corrompiendo la Justicia y quedándose con lo ajeno. Ahora se impone que el Ministerio Público abra de oficio una investigación sobre lo expresado por quien, debido a la posición que ocupa, puede conocer a cabalidad la podredumbre judicial. Ya lo hizo en el caso de la libertad otorgada al imputado Hugo Sosa Palmerola, al abrir, por primera vez, una causa penal a un ministro –Sindulfo Blanco– y a dos camaristas –Mercedes Buongermini y Neri Villalba–. Confiamos en que siga por ese camino para que algún día la judicatura deje de ser la calamidad que es hoy.

El Dr. Riera dijo además que “es un secreto a voces que políticos recorren la Corte y van en busca, probablemente, de algún tipo de resultado”. En efecto, la ciudadanía ya está bien enterada de que hay un intenso tráfico de influencias, que también se realiza por teléfono y no se limita a la máxima autoridad judicial. Si los políticos logran lo que quieren es porque los magistrados les deben el cargo o porque temen ser destituidos a instancias de ellos. Es obvio que el resultado que pretenden es una resolución judicial de favor para sí mismos o para un tercero o el nombramiento de algún allegado. Buscan el prevaricato o la prebenda a cambio, por ejemplo, de paralizar un juicio político.

El presidente del Consejo de la Magistratura realizó luego otro alarmante comentario: “Hay tres magistrados (Sindulfo Blanco, Miguel Óscar Bajac y César Garay) que tienen juicio político pendiente y que son vulnerables a los chantajes, porque tienen una debilidad personal e institucional muy grande, en el sentido de que si no acceden a los pedidos que reciben pueden ser destituidos”. O sea que hay políticos que pueden aprovecharse –o se estarían aprovechando– de que los citados ministros hayan cometido delitos o desempeñado mal sus funciones. Esta repugnante probabilidad, que ilustra muy bien el profundo deterioro de nuestra política y de nuestra Justicia, surge nada menos que de las expresiones de una alta autoridad nacional, y no de las de un charlatán cualquiera. ¿Hace falta algo más para que de una vez por todas se tome la decisión patriótica de limpiar el Poder Judicial, empezando por su máxima autoridad?

El juicio político, al menos con respecto a los tres ministros citados, ya se está haciendo esperar demasiado. En tal sentido, el Dr. Riera también dio cuenta de que está siendo trabado por los quince senadores colorados disidentes, quienes habrían incidido en que el ministro Blanco ayudara a los encausados por la compra de helicópteros para la Policía Nacional. Agregó, sin embargo, que los senadores dijeron que no se impulsará ningún juicio político mientras el exministro Víctor Núñez no sea reemplazado. Dejando de lado que son los diputados quienes deben promoverlo, resulta claro que los ministros Blanco, Bajac y Garay deben ser enjuiciados y removidos si incurrieron en cualquiera de las causales de remoción previstas en la Ley Suprema, independientemente de que haya una vacancia en la Corte. Su permanencia o su destitución tampoco deben ser objeto de negociación alguna en la que se incluyan los nombramientos para otros organismos, como la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República.

El Poder Judicial ha sido pervertido, justamente, porque en todas sus instancias las designaciones resultaron de componendas entre los actores políticos. Los partidos se repartieron magistraturas y cargos administrativos sin que en la generalidad de los casos hayan primado las cualidades de las personas designadas. Las infames consecuencias están a la vista de todos.

Aunque la clase política no tiene mucha autoridad moral para depurar la judicatura, lamentablemente, su actuación será indispensable, de modo que es necesario que la ciudadanía le fuerce a tomar conciencia de lo intolerable que resulta que la administración de justicia sea deshonrada día a día.

Según el presidente del Consejo, “no es posible seguir trabajando” en la situación de incertidumbre en que se hallan tanto el país como los propios magistrados. Cabe agregar que no solo hay incertidumbre debido al demorado juicio político, sino también gran indignación ciudadana ante tanta inmundicia.

Para tener un Poder Judicial decente no basta con destituir a unos ministros, dado que el mal está allí muy extendido: hace falta una verdadera cruzada para poner fin al prevaricato, a la morosidad judicial y al prebendarismo. Urge extirpar de su seno a los comerciantes que venden condenas y libertades, que benefician a los corruptos poderosos y son severos con ladrones de gallinas.

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