El populismo alienta demandas absurdas

Tan solamente observando las clases de reclamaciones que en este momento están presentando algunas organizaciones campesinas o sindicales urbanas al Gobierno, cualquiera puede darse cuenta del nivel de populismo, de deshonestidad política y de conducta errática o especulativa que hemos alcanzado en nuestro país. Este es el resultado de la politiquería electoralista, de los gobiernos de pésima calidad ética que vinieron después del derrocamiento de la dictadura y que terminaron por imponerse como práctica común y corriente entre nuestros políticos. Llegadas las semanas del año en las que el Congreso debate sobre el Presupuesto General de la Nación, los oportunistas salen a las calles y caminos a reclamar a los gritos lo que definen como “derechos”, que son siempre los mismos zarpazos que desean arrancarles a los fondos públicos, utilizando su poder de chantaje sobre los gobernantes y dirigentes pusilánimes, quienes, con tal de no arriesgar sus chances electorales, comienzan a ceder en todas las demandas.

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Tan solamente observando las clases de reclamaciones que en este momento están presentando algunas organizaciones campesinas o sindicales urbanas al Gobierno, cualquiera puede darse cuenta del nivel de populismo, de deshonestidad política y de conducta errática o especulativa que hemos alcanzado en nuestro país. Este es el resultado de la politiquería electoralista, de los gobiernos de pésima calidad ética que vinieron después del derrocamiento de la dictadura, y que terminaron por imponerse como práctica común y corriente entre nuestros políticos, pese a las constantes advertencias y críticas que recibieron de parte de la ciudadanía consciente y la prensa, de que, de continuar andando por ese mal camino, acabaríamos de esta manera.

Llegadas las semanas del año en las que el Congreso debate sobre el Presupuesto General de Gastos, los oportunistas salen a las calles y caminos a reclamar a los gritos lo que definen como “derechos”, que son siempre los mismos zarpazos que desean arrancarles a los fondos públicos, utilizando su poder de chantaje sobre los gobernantes y dirigentes pusilánimes, quienes, con tal de no arriesgar sus chances electorales, comienzan a ceder en todas las demandas, aun las más audaces, ilícitas o mentirosas.
Veamos, por ejemplo, cuán diferentes son las exigencias que en este momento están planteando dos grupos campesinos: el de Santa Rosa del Aguaray, en el norte del país, y el de San Ignacio (Misiones), en el sur.

Lo que piden estos últimos es razonable y justo: que el Gobierno cumpla con lo que les prometió en materia de asistencia crediticia y asistencias puntuales, asuntos ya acordados, por lo que la medida de fuerza que habían tomado en ese lugar fue levantada.

Sin embargo, lo que solicitan los de Santa Rosa del Aguaray resalta como irracional ante la vista de cualquiera, hasta de las personas menos cultas o informadas. Quieren que se les condonen todas sus deudas pendientes con organismos públicos, que se les concedan subsidios, y hasta que se les paguen sus cuentas privadas –compras de televisores, refrigeradores, ventiladores, etc.–, por las cuales están siendo apremiados o demandados judicialmente.

Además, asumen actitudes rayanas en lo absurdo, intimando a gobernantes y funcionarios a que concurran a encuentros con ellos, para obligarles a recibir sus disparatadas peticiones en forma personal, en una obvia maniobra destinada a demostrarles su superioridad por el temor que son capaces de generarles, y la correspondiente humillación que los políticos van a tener que soportar si no ceden a sus pretensiones o no las acompañan ante las autoridades superiores.

Intimaron verbalmente a presentarse en Santa Rosa del Aguaray, ante ellos, nada menos que a los veinte intendentes del departamento de San Pedro, a los cinco diputados representantes del mismo y a 18 concejales municipales y departamentales, bajo la expresa advertencia de que, si no asisten a la cita, serán “escrachados”. Esto significa, en términos prácticos, algo así como “si no nos obedecen, olvídense de contar con nuestros votos en las próximas elecciones”. Y de seguro irán incluidas, implícitamente, otras amenazas más graves.

Pero véase de qué calaña son algunos de los “dirigentes” campesinos que están liderando al grupo que opera en Santa Rosa del Aguaray: Luis Cabrera, acusado por los propios campesinos de haberles estafado con créditos del CAH y procesado. En complicidad con funcionarios de ese organismo, obtuvo créditos sacándolos a nombre de familiares, de los que no pagó ni la primera cuota, desde hace más de dos años. Otra “perla”: Aureliano Aguilera, denunciado por sus consocios de una “Coordinadora de Productores de Sésamo” por lesión de confianza y apropiación, por la friolera de 1.200.000 dólares, de un aporte de Itaipú. Además es moroso por más de 1.200 millones de guaraníes en entidades financieras. ¿Y los demás? El solo hecho de que acepten manifestarse al lado de estos dos pájaros de cuenta y que los tengan por dirigentes, autoriza a pensar que moralmente no son diferentes a ellos.

Es el populismo desenfrenado expresado en las promesas de las campañas electorales, así como la conducta irresponsable de los políticos que rifan el dinero público para contentar a su clientela partidaria, los que generaron esta clase de organizaciones gremiales que actúan de modo tan prepotente, formulando reclamos inaceptables por abusivos como los de ese grupo campesino de San Pedro.

Porque, si representantes del Gobierno prometen algo a un grupo campesino –como es el caso de los de Misiones–, aunque tales promesas se formulen de un modo irresponsable y populista, aunque perjudique al interés general y promueva socialmente el mal ejemplo, tales promesas tienen que ser cumplidas, ya que la seriedad de la palabra gubernamental debe ser mantenida por sobre todo lo demás, a fin de que la gobernabilidad, entendida como el arte de mantener equilibradas las fuerzas sociales y políticas, no sufra descalabros que pongan en riesgo la paz y la convivencia general.

La increíble insensatez que exhiben los campesinos que se movilizan en Santa Rosa del Aguaray, como afirmáramos, es otra consecuencia a la que llegamos en este país después de décadas de estar practicando maneras deshonestas y antipatrióticas de hacer política, priorizando las conveniencias particulares, postergando el interés general, acostumbrando a la gente a ser oportunista y hasta a recurrir a la violencia en pro de sus demandas egoístas.

Los que aprendieron que si no salen a clausurar rutas, caminos y calles no logran ser escuchados por los políticos continuarán haciéndolo, aunque perjudiquen gravemente al resto de la sociedad. Si se les estuvo aleccionando a grupos y dirigentes campesinos diciéndoles que todo lo que pidan será clasificado como “demandas legítimas”, y que todo lo que hagan, aun lo más agresivo e inicuo, será considerado “lucha social”, entonces no hay que extrañarse de que clausuren rutas importantes, provocando al resto del país daños y agravios por el tiempo que se les antoje, para exigir cualquier cosa.

Precisamente, en la actualidad tenemos clausuras en varios puntos del país y advertencias de ampliarse estas medidas de fuerza. Estos groseros conculcamientos del arbitrio constitucional fundamental relativo al libre tránsito –que, supuestamente, se halla entre los puntos prioritarios más altos del conjunto de derechos y garantías ciudadanas– se convirtieron en la manera más común y frecuente de ejercer presión sobre el Gobierno e intimidación a los políticos, especialmente en esta época de discusión del Presupuesto Nacional.

Pero, hay que insistir, estas medidas violentas, sumadas a huelgas improcedentes, amenazas y otras medidas extorsivas a las que recurren algunas organizaciones gremiales, campesinas y sindicales, es el modo como ciertos políticos les enseñaron que deben efectuar sus reclamos si es que quieren ser atendidos. Es decir, son la consecuencia de la política populista irresponsable y antisocial, con absoluta falta de visión de futuro y de prudencia, que caracteriza al período que estamos viviendo, dominado por una mayoría de políticos deshonestos o timoratos, para quienes contentar a los audaces y desvergonzados, regalándoles dinero público, es un escape para evitar tener que confrontarlos o perder sus apoyos electorales.

Del actual Gobierno, del presidente Cartes y su gabinete, se espera que sostenga con manos firmes y actitud valiente la vigencia efectiva de los derechos tan frecuente y fácilmente conculcados a la ciudadanía, como el libre tránsito; y, sobre todo, la protección de sus intereses económicos, absteniéndose de regalar el dinero que es de todos a unos cuantos grupos de avivados prepotentes y aprovechadores, que llegan al extremo de burlarse de la ciudadanía reclamando ventajas y privilegios personales insensatos e injustos.

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