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Como es sabido, el Tratado de la Triple Alianza para destruir al Paraguay, presuntamente firmado el 1º de mayo de 1865, fue en realidad pactado un año antes, el 18 de junio de 1864, en la conferencia que mantuvieron en Puntas del Rosario el general uruguayo Venancio Flores y los ministros Saraiva de Brasil y Octaviano de Argentina. Este inicuo tratado, así como quedó redactado, es uno de los documentos más injustos, arbitrarios y humillantes de que tenga memoria la historia humana, por lo que ya en su tiempo la conciencia universal pronunció su veredicto condenatorio inapelable.
Los propios autores de ese acuerdo genocida advirtieron su gravedad y se obligaron a mantenerlo SECRETO “hasta que el objeto principal de la alianza se haya obtenido” (Art. XVIII). Disposición esta que seguía al artículo XVII, que declaraba PERPETUA la alianza, por lo que también resultaría perpetuo el hermetismo a que se obligaban. Este tratado –decía el precitado artículo– “permanecerá siempre en plena fuerza y vigor al efecto de que estas estipulaciones sean respetadas y cumplidas por la República del Paraguay”. Al decir del historiador argentino Atilio García Mellid, “la intención, como se ve, era establecer a perpetuidad el rigor de los vencedores: constituirse en vigilantes permanentes de la buena conducta de los desgraciados paraguayos”.
La arbitraria y humillante exclusión de nuestro país del Mercosur decidida por los presidentes de Argentina, Brasil y Uruguay en la reunión cumbre de Mendoza, Argentina, el pasado 29 de junio al único efecto de incorporar a Venezuela al bloque regional, fue producto de una maliciosa conspiración política urdida mucho antes por los tres mandatarios socios, en connivencia con el dictador venezolano Hugo Chávez. Ante el impasse suscitado por la oposición del Senado paraguayo para aprobar la admisión del país caribeño al bloque regional mientras estuviera sometido a un régimen no democrático, la entente bolivariana de la Triple Alianza apostaba a que en algún momento, antes de las elecciones generales marcadas para el 21 de abril del año entrante, el presidente Fernando Lugo pudiera dar un “autogolpe”, disolviendo el Congreso. Con los petrodólares de Chávez no le sería difícil a Lugo sobornar a los legisladores suplentes y así conformar un nuevo Congreso títere, tal como lo hiciera el presidente Correa de Ecuador al inicio de su mandato.
Al parecer, en algún momento la actitud dubitativa y timorata de Lugo para decidirse a dar el “autogolpe” prometido a sus aliados marxistas exasperó a la presidenta Cristina Fernández, quien por ese motivo en los últimos tiempos no desaprovechó ocasión para humillarlo con desplantes de descortesía diplomática, como una suerte de presión para inducirlo a dar el paso a que se había comprometido. Ante las señales de vacilación del Presidente paraguayo, sus homólogos cómplices de la Triple Alianza reactualizada diseñaron una estrategia política alternativa para el caso de que a Lugo le saliera el tiro por la culata en su arremetida contra el Congreso paraguayo, como en efecto sucedió: impugnar su legítima y constitucional destitución vía juicio político, calificándola como “golpe de Estado” y aprovechar la reunión Cumbre de Mendoza para escenificar un aparatoso teatro político regional, al solo efecto de sacarlo del medio a Paraguay y meterla a Venezuela en su lugar, en abierta violación del espíritu y la letra del Tratado de Asunción suscrito el 26 de marzo de 1991 y del Compromiso Democrático del Protocolo de Ushuaia I suscrito el 24 de julio de 1998.
En retrospectiva, esta prepotente e ilegal decisión de nuestros socios del Mercosur, dictada bajo la formalidad de una declaración hecha pública por la arrogante presidenta argentina Cristina Fernández, por la que se niega arbitrariamente a nuestro país su privativo derecho de participar en los foros de la asociación regional de la que forma parte, nos induce a sospechar que en el ánimo de los actuales presidentes de Brasil, Argentina y Uruguay subyace la absurda convicción de que por la fuerza pueden seguir aplicando contra nuestro país el impúdico artículo XVII del inicuo tratado que declara PERPETUA la Triple Alianza que sus predecesores concertaron hace casi siglo y medio para destruir al Paraguay.
Por tanto, la reacción de nuestro Gobierno y de nuestro pueblo no puede ser otra que la que tuvimos en 1865: aprestarnos a rechazar la agresión de que somos víctimas, con todos los medios a nuestro alcance. Como antaño, será de nuevo una guerra asimétrica, quizá por medios menos violentos, pero guerra al fin. A diferencia de antes, por una ironía del destino hoy compartimos con Brasil y Argentina intereses geoestratégicos vitales que no pueden ser campantemente soslayados, como lo ha pretendido hacer creer en estos días el señor Jorge Samek, director brasileño de Itaipú. Paraguay tiene el derecho existencial de defenderse con todos los medios a su alcance ante una agresión injusta y arbitraria como la perpetrada en Mendoza por los presidentes de Brasil, Argentina y Uruguay, por haber nuestro pueblo ejercitado su legítimo derecho de autodeterminación, destituyendo a un gobernante hallado culpable en juicio político estrictamente constitucional. Ellos no debieran ignorar que la Nación paraguaya jamás aceptará sin resistir imposiciones de voluntades foráneas en el manejo de sus asuntos internos.
Si resistimos durante cinco años la guerra genocida contra la Triple Alianza, no va a ser ahora que en este mundo globalizado aceptemos dócilmente la ignominia de claudicar ante la imposición de una dictadura ideológica regional que busca cercenar derechos legítimos de nuestro país en el ámbito del Mercosur, y que para colmo tiene el tupé de imponernos plazos para restituirnos lo que en derecho nos corresponde. Están absolutamente equivocados. El Paraguay jamás claudicará ante presiones foráneas, provengan ellas de donde provengan. Suya es la gloria de haber sido la primera República proclamada en Sudamérica en la era independiente. No va a ser ahora en pleno siglo XXI que tenga que aceptar mansamente designios arbitrarios de potencias extranjeras, sean ellos de la naturaleza o alcance que fueren, políticos, económicos o ideológicos.
Mal les pese a los actuales herederos de Mitre, Pedro II y Flores, el Paraguay jamás aceptará sin resistir atropellos a su soberanía, menos aún de los “legionarios” apátridas del siglo XXI liderados por el expresidente Fernando Lugo que se les han unido contra su Patria.