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El lunes 17 de agosto, a primera hora de la mañana, los alumnos de la Educación Media del colegio Cristo Rey se sentaron por unos minutos en el centro de la cancha de deportes y de esa manera iniciaron un modo de protesta que en poco tiempo se volvería viral. Ese día afirmaron que lo hicieron para protestar contra la enseñanza deficiente y la escasez de recursos invertidos por el Estado en la educación. En los días siguientes las protestas se extendieron a otros colegios, tomaron forma y consensuaron reclamos bien concretos. Lo que piden ahora es que los kits escolares que reciben incluyan el año próximo tres libros: uno de Lengua y Literatura Castellana, otro de Matemática y otro de Historia. No piden computadoras, no piden ni siquiera todos los libros. Piden apenas tres libros.
Rápidamente se replicaron las protestas. La misma escena se repitió desde entonces en patios y canchas: alumnos sentados en el piso, de vinilo, de ladrillo o de tierra, en un silencio que reclama a gritos atención. Es un reclamo amparado en la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a aprender y la igualdad de oportunidades de acceso a los beneficios de la cultura humanística, la ciencia y la tecnología, sin discriminación alguna.
Es interesante observar la génesis de esta protesta impulsada por alumnos que se reconocen como sujetos de derecho, críticos, y cómo se extiende por el territorio gracias al servicio virtual denominado WhatsApp, que les ha servido como una herramienta para organizarse y difundir las acciones. Todo esto es el preámbulo de una marcha nacional que realizarán los estudiantes el 18 de setiembre, organizada por la Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay (Unepy).
Es destacable que los alumnos hayan elegido esta manera de llamar la atención, absolutamente pacífica y tranquila, lo que no le resta ninguna notoriedad; muy por el contrario, es digna de respeto porque resuelve uno de los eternos cuestionamientos a las protestas que se realizan violando derechos de terceros.
Más merecedor de reconocimiento aún es que alumnos de colegios públicos y privados, del campo y de la ciudad, se hayan puesto de acuerdo en hacer un reclamo que busca mejorar su educación y la de los que vendrán después de ellos, ya que la mayoría de los promotores terminan este año la secundaria.
Al mismo tiempo que surgen estudiantes que luchan por sus derechos, se puede ver que la vena stronista de la estructura del Ministerio de Educación sigue latiendo fuerte. Simplemente porque está en el código genético de la cartera educativa la idea de matar la semilla de la libertad antes de que termine de germinar, los cuestionamientos surgen desde arriba en lugar de apelar al diálogo, de reconocer al otro y sus planteos, de detenerse a pensar por un instante si lo que se propone es coherente y factible.
Un ejemplo: Elisa Ortiz de Morales, coordinadora de supervisiones de la Capital, envió esta semana un memorándum a todos los supervisores de control y apoyo pedagógico y a los de apoyo técnico pedagógico para pedirles en “carácter urgente (…) evitar más pérdidas de horas de clases y la marcha prevista para el 18 del corriente año”. Hay que aclarar que cada grupo de estudiantes realiza la propuesta una sola vez, por lo que, como mucho, perderían una sola hora de clases. A veces la protesta abarca el recreo, o se hace en el momento de la formación.
Esta coordinadora –y muchos otros supervisores que actuaron de la misma manera– ignoran que no basta con “enseñar” la Constitución Nacional a los alumnos. También deben cumplirla ella y ellos. Les transcribimos el Artículo 32, De la libertad de reunión y de manifestación: “Las personas tienen derecho a reunirse y a manifestarse pacíficamente, sin armas y con fines lícitos, sin necesidad de permiso, así como el derecho a no ser obligadas a participar de tales actos. La ley solo podrá reglamentar su ejercicio en lugares de tránsito público, en horarios determinados, preservando derechos de terceros y el orden público establecido en la ley”.
Este contraste nos habla, por un lado, de una juventud que comienza a luchar por sus ideales, de una manera original y sin estridencias, y por el otro, de una estructura que busca reprimir como mecanismo para ignorar reclamos que son merecedores de una discusión.
Si bien la ministra de Educación, Marta Lafuente, ha dicho que los estudiantes “tienen derecho a hacer” este abordaje del problema, no es tal la postura que adoptan supervisores y directores a su cargo. Por otra parte, tampoco ha dado una respuesta concreta a los reclamos de los jóvenes, que ya no quieren esperar para recibir una educación de calidad, que se supone es precisamente el objetivo del MEC.
Dado que, en teoría, los alumnos y el MEC tienen pretensiones similares, esta podría ser una buena oportunidad para el diálogo y para lograr alianzas que los acerquen más a sus objetivos.
Antes que reprimir sus encomiables y pacíficas manifestaciones, se debería estimular a los jóvenes estudiantes a aprender a luchar por nobles ideales, para que puedan formarse como los nuevos líderes que nuestra patria necesita con tanta desesperación.