Entreguista posición paraguaya sobre la planta nuclear en Formosa

Según el canciller Loizaga, no se puede objetar que la firma Dioxitek argentina traslade a la vecina provincia de Formosa una planta de dióxido de uranio para centrales nucleares, clausurada previamente por la Municipalidad de Córdoba. Haciendo suya la opinión del Gobierno argentino, el canciller paraguayo sostiene que se trata de una simple instalación química, opinión compartida por nuestro embajador en Buenos Aires, Nicanor Duarte Frutos, que no es la primera vez que actúa como “lobbista” de los intereses argentinos en una cuestión que atañe al Paraguay. Estas opiniones surgen pese a que la propia Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) del vecino país ubica a la planta entre los “complejos minero-fabriles de uranio”. Estamos, pues, ante un proyecto de serio riesgo potencial para los formoseños y los paraguayos. Antes que una actitud complaciente de nuestros funcionarios, el Estado debe garantizar que la salud de la población no corra ningún riesgo, llevando a cabo desde ya todas las acciones apropiadas para precautelarla.

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Según el canciller Eladio Loizaga, no se puede objetar que la firma Dioxitek argentina traslade a la provincia de Formosa, limítrofe con el Paraguay, una planta de dióxido de uranio para centrales nucleares, clausurada por la Municipalidad de Córdoba el 10 de noviembre último. Haciendo suya la opinión del Gobierno argentino, el canciller paraguayo sostiene que se trata de una simple instalación química, así que no se podría vetar su reubicación a noventa kilómetros de Pilar y a veinte de Alberdi. La opinión es compartida por el embajador paraguayo en Buenos Aires, Nicanor Duarte Frutos, que no es la primera vez que se convierte así en un “lobbista” en favor de intereses argentinos en una cuestión que atañe al Paraguay.

Mientras nuestros altos funcionarios a cargo de la defensa de los intereses paraguayos frente a otros países exhiben una actitud rayana en el entreguismo, paradójicamente una entidad argentina del área, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), incluyó a Dioxitek en sus informes dentro del capítulo “plantas de conversión y fabricación de combustibles nucleares” y la sometió a monitoreos regulares y extraordinarios en la categoría “complejos minero-fabriles de uranio”, según publica nuestro diario basado en el informe de un enviado especial al vecino país. La Secretaría del Ambiente (Seam) del Paraguay suscribe esta posición de la ARN.

Si ya es llamativo que en el Gobierno paraguayo haya posiciones opuestas sobre una cuestión tan importante, más aún lo es que el canciller y el embajador paraguayos asuman tranquilamente las del Gobierno del país vecino, ignorando que el propio órgano regulatorio de las actividades nucleares realizadas en la Argentina entiende que tendremos ante nosotros una planta que emplea material radiactivo. En vez de precautelar los intereses nacionales, Loizaga y Duarte Frutos prefieren dar por cierto que se trataría de una instalación química, renunciando así al derecho a recurrir al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y a invocar los acuerdos internacionales que exigirían la conformidad del Paraguay para la ejecución de un programa nuclear fronterizo, que serviría para convertir la provincia de Formosa en un “polo industrial y tecnológico”, al decir de Julio de Vido, ministro argentino de Planificación. Para ello, la nueva planta triplicará la capacidad de producción de la anterior, con el consiguiente aumento del peligro potencial que implica toda instalación nuclear. Además, este cuestionado emprendimiento está vinculado con un proyecto concreto de instalar una central nuclear propiamente dicha en la misma zona.

Estamos, pues, ante un proyecto que constituirá un serio riesgo potencial para la salud y la vida tanto de los formoseños como de los paraguayos. Ni el canciller ni el embajador paraguayo han tomado nota de que solo la provincia más pobre de la Argentina aceptó que la planta nuclear fuera allí reubicada, gracias al visto bueno de un señor feudal, el gobernador Gildo Insfrán.

Antes que una actitud complaciente –por decir lo menos– de nuestros funcionarios, lo que corresponde, de existir la más mínima incertidumbre acerca de las características de la instalación, es partir del supuesto de que entraña una amenaza para los intereses nacionales y exigir la intervención de la OIEA, aunque más no sea para que la cuestión se aclare de una vez por todas.

En caso de duda, hay que partir de la peor hipótesis. El Gobierno argentino apeló ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para tratar de impedir el funcionamiento de una fábrica de celulosa sobre el río Uruguay, porque supuestamente causaría severos daños ambientales. En este caso, el peligro potencial es muchísimo mayor, pero la Cancillería y la Embajada paraguaya en Buenos Aires no se inmutan, respondiendo a una lamentable tradición entreguista que, entre otras cosas, ha hecho que el Paraguay sea expoliado mediante las entidades binacionales de Itaipú y Yacyretá. Lo que ahora está en juego es nada menos que la vida de nuestros compatriotas que viven cerca del nuevo emplazamiento de la ampliada planta nuclear.

El Estado debe garantizar que la salud de la población no corra ningún riesgo, llevando a cabo desde ya todas las acciones apropiadas para precautelarla. Sus portavoces en materia de política exterior no están haciendo nada en tal sentido, sino más bien apañando los dichos del gobierno de Cristina de Kirchner, desmentidos de hecho por la ARN. Si el ministro Loizaga cree que los reparos de la Seam se basan solo en los de organizaciones no gubernamentales argentinas, debe tener en cuenta que es el propio organismo regulador el que califica a Dioxitek como una planta nuclear. Lo mismo que nuestro embajador, no debería ser “más papista que el Papa”, sino preocuparse muy seriamente por excluir cualquier impacto nocivo que su nuevo emplazamiento pueda tener en la población paraguaya.

La energía nuclear no es en sí misma cuestionable, pero deben tomarse todas las precauciones necesarias para reducir el riesgo potencial tanto como sea posible. Para ello, hace falta que el Gobierno nacional requiera la intervención de los expertos de la OIEA, en el supuesto de que el país no cuente con suficiente personal idóneo para abordar la delicada cuestión. Hasta ahora, la Comisión Nacional de Energía Atómica ha preferido guardar un lastimoso silencio, por incompetencia o por no querer oponerse a la claudicante posición del canciller.

Entre tanto, tampoco el Presidente de la República, a quien compete el manejo de las relaciones exteriores del país, ha creído conveniente intervenir en el asunto, y ha preferido que la Cancillería y la Seam ventilen en público sus diferencias antes de una reunión formal de sus máximas autoridades, como si pertenecieran a Poderes distintos. Es hora de que Horacio Cartes se haga sentir, ejerciendo primero el derecho que tiene nuestro país de recibir todas las informaciones relativas a un asunto en el que tiene un interés legítimo. Si, como todo indica, lo que se pretende levantar al otro lado del río Paraguay es una planta nuclear, el Gobierno argentino necesitará la conformidad del paraguayo. Nada tendría que temer si la instalación en ciernes no tuviera las características señaladas por el propio organismo regulador del país vecino, porque es claro que en tal caso el Gobierno nacional prestaría su consentimiento. Solo quien tuviera algo que ocultar se negaría a poner todas las cartas sobre la mesa para así dejar de lado los convenios internacionales.

El canciller Loizaga afirmó hace dos semanas que el Paraguay no recurrirá a la OEIA porque el proyecto incumbiría solo a los dos Gobiernos y no podría ser vetado por el nuestro, pero al mismo tiempo señaló que este pedirá todas las informaciones y las garantías en materia de seguridad y medio ambiente porque así los obliga la Convención de Seguridad Nuclear. A quienes se ocupen de esta cuestión no solo cabe exigirles patriotismo, sino también coherencia: mal puede el canciller decir que el proyecto no puede ser vetado, si de sus propias palabras surge que aún carece de todos los datos necesarios para saber si puede o no ser impugnado. En otros términos, se acopló a la posición argentina más bien a ciegas, por ganas de complacer a un Gobierno que, por el contrario, se ha caracterizado por poner todo tipo de trabas a nuestro país.

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