Escandalosa tolerancia con los delincuentes

“Hay gente que fue condenada a 15 años y en menos de tres años ya está libre”, dijo en estos días el viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior, Javier Ibarra. El funcionario expuso así una realidad que constituye el principal motivo de la proliferación de la delincuencia en nuestro país. A ello puede agregarse que solamente con la corrupta y negligente Justicia paraguaya puede explicarse que una persona que ha ido presa 10, 15 veces o más pueda andar libre y seguir cometiendo sus fechorías. Es inconcebible que los jueces y fiscales que intervienen en estas causas sigan tan campantes en sus puestos. Cada magistrado que opera para favorecer a los delincuentes y no a la sociedad deberá ser denunciado y procesado en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Si este organismo se ocupara de quienes intervienen para que conocidos delincuentes queden libres, y los destituyera y sancionara como corresponde, gran parte de la criminalidad en nuestro país puede ser reducida.

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“Hay gente que fue condenada a 15 años y en menos de tres años ya está libre”, manifestó en estos días el viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior, Javier Ibarra.

El funcionario expuso así una realidad que constituye el principal motivo de la proliferación de la delincuencia en nuestro país. A ello puede agregarse que solamente con la corrupta y negligente Justicia paraguaya puede explicarse que una persona que ha ido presa 10, 15 veces o más pueda andar libre y seguir cometiendo sus fechorías. Es inconcebible que los jueces y fiscales que intervienen en estas causas sigan tan campantes en sus puestos.

Si hasta a los jefes y asesores de la Policía les llama la atención la manera increíblemente irresponsable con que los jueces y los tribunales tratan a los delincuentes, cómo no quedarán asombrados quienes después de dos o tres semanas de ser asaltados, robados, amenazados, vuelven a encontrarse con sus victimarios en la vía pública.

¿Qué es lo que está fallando? ¿La legislación penal, la administración de Justicia o los organismos administrativos, como las penitenciarías y los reformatorios?

Que se sepa, nuestra ley penal no es tan benigna como para que los delincuentes de cualquier tipo entren y salgan de las prisiones como Pedro por su casa, sonriendo de oreja a oreja. Sin embargo, eso está ocurriendo asiduamente, según se desprende de las declaraciones del viceministro Ibarra. Ya anteriormente varios altos jefes policiales aludieron a la misma situación, diciendo que los efectivos a veces arriesgan sus vidas para detener a un delincuente que poco después ya está de nuevo libre y en plena actividad.

Es completamente lógico esperar que, repitiéndose una y otra vez esta anómala actitud judicial, los policías acaben desanimados y la gente opte por no presentar cargos, ante la certeza de que con esto no lograrán sacar de circulación a los bandidos. Las víctimas están convenciéndose de que al denunciar y accionar judicialmente contra sus victimarios, ellas solo se arriesgan a volver a ser sus atacadas, en venganza. Aparte del costo, en tiempo y dinero, que representa recurrir a los estrados judiciales para un resultado incierto.

¿En qué piensan los magistrados cuando conceden graciosamente la libertad o la eximición de pena a conocidos y consuetudinarios malhechores? ¿Cómo es posible que suelten nuevamente a la calle a quienes causaron grandes daños morales y materiales, como si nada, estimulándoles a proseguir su carrera antisocial?

No sirve el viejo pretexto de la “insuficiencia de pruebas”, porque la reincidencia ya debería impedir que los malhechores vuelvan a las calles. El valor supremo que la justicia tiene que preservar es la seguridad de las personas, impidiendo que los delincuentes habituales se salgan con la suya.

Vayan los fiscales y jueces a darles explicaciones a los que perdieron sus bienes o a sus seres queridos en asaltos violentos ejecutados por malvivientes que dos días antes estaban detenidos y fueron liberados por orden judicial. ¿Les dirán el motivo por el cual la ley y la justicia paraguayas, es decir, sus representantes, prefieren soltar a un pérfido y peligroso facineroso, sabiendo bien que es muy probable que vuelva a matar, solo porque hay “insuficiencia de pruebas” o porque no hay espacio para ellos en los lugares de reclusión?

También hay que considerar, por supuesto, el fenómeno de la corrupción. La mayoría de los grandes criminales disponen de fondos suficientes para sobornar a fiscales y magistrados, y algunos hasta para mover influencias políticas. Pero los delincuentes menores, como los “pirañitas”, “caballos locos”, “peajeros”, “motochorros”, no disponen de esos medios y, sin embargo, tampoco tienen problemas para actuar impunemente. El fenómeno es, por tanto, más complejo de lo que podría parecer, pues ni la supuesta falta de legislación adecuada ni de autoridades responsables, ni la venalidad ni la ineptitud explican por sí solas este problema.

Entretanto, el número de las víctimas de la delincuencia común continúa creciendo a un ritmo alarmante. Hay barrios por cuyas calles sus vecinos ya no circulan después de la puesta del sol. Hay zonas rojas dominadas por los asaltantes de peatones; lugares que dan la impresión de que están reservados para que los bandidos operen con más tranquilidad y rutina. Hay locales comerciales que fueron atracados tres o cuatro veces en corto tiempo. De los barrios marginales salen y entran libremente los niños y jóvenes que asaltan, hieren y roban en la vía pública y en los ómnibus; algunos de ellos hasta conforman pequeñas organizaciones que delimitan sus áreas de acción y “especialidades”.

¿Nada de esto saben los fiscales y jueces? ¿No leen diarios, no escuchan radios, no ven telenoticieros? En verdad, ellos no saben de estos peligros, pues se movilizan con guardias públicos o privados y sus residencias también están resguardadas. Para peor, las organizaciones de derechos humanos están más preocupadas por los delincuentes que por las víctimas.

La Asesoría Jurídica de la Policía anuncia que se dispone a investigar los casos en que los jueces liberan a criminales. Se trata, sin duda, de una medida necesaria y urgente. Cada magistrado que opera para favorecer a los delincuentes y no a la sociedad debería ser denunciado, su fotografía publicada en los medios, y procesado en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Si este organismo se ocupara de los fiscales y jueces que intervienen para que conocidos delincuentes queden libres, y los destituyera y sancionara como corresponde, gran parte de la criminalidad en nuestro país puede ser reducida.

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