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Violando el Código Procesal Penal, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por el ministro Sindulfo Blanco y por los camaristas Neri Villalba y Mercedes Buongermini, dispuso la libertad por resolución ficta de Carlos Sosa Palmerola, imputado por el desvío de catorce millones de dólares de la desvalijada financiera Ára. Al hacerlo, se arrogaron una facultad que compete a un juez o a un tribunal, violando así el art. 141 del citado cuerpo legal, que dice: “Cuando se haya planteado la revisión de una medida cautelar privativa de libertad o se haya apelado la resolución que deniega la libertad y el juez o tribunal no resuelva dentro de los plazos establecidos en este código, el imputado podrá urgir pronto despacho, y si dentro de las veinticuatro horas no obtiene resolución, se entenderá que se ha concedido la libertad. En este caso, el juez o tribunal que le siga en orden de turno ordenará la libertad”.
Los magistrados no solo se apartaron de la ley, sino que incurrieron en una grave contradicción al desviarse de sus propias resoluciones anteriores en este caso.
En efecto, el 9 de julio denegaron un recurso de hábeas corpus interpuesto por la defensa del imputado porque el tribunal de apelación no se habría expedido a tiempo sobre el recurso de apelación contra el auto de prisión preventiva, dictado por el juez penal de garantías. Fundaron el rechazo en que la mora no se había producido, pues ningún miembro de los tribunales de apelación había aceptado intervenir en la causa, por existir causales de inhibición. Y terminaron afirmando que “considerando, además, la elevada expectativa de pena (…) resulta un auténtico despropósito, a esta altura del proceso, conceder la libertad al procesado”. Como esta decisión fue confirmada el 15 de julio, la defensa interpuso de inmediato un recurso de queja por retardo de justicia. Al día siguiente, la Sala Penal borró con el codo lo que escribió con la mano, al ordenar la libertad del imputado con el argumento de que “el tribunal de apelaciones no se ha expedido sobre su competencia y, menos aún, sobre el objeto del recurso de apelación (prisión preventiva y otras medidas cautelares) dentro del plazo previsto en la ley”.
Es decir, aparte de usurpar la atribución de un juez o tribunal, en el lapso de solo una semana y para favorecer sospechosamente al imputado, los magistrados cambiaron diametralmente de opinión con respecto a la mora judicial. Una vez firmado el aberrante Auto Interlocutorio Nº 1213, el ministro Blanco abandonó raudamente el país, quizá para no dar explicaciones inmediatas sobre una actuación que debe ser investigada.
Considerando la cuantía de la enorme suma desviada de la financiera, en los corrillos de tribunales se comenta que no sería nada raro que haya habido intereses crematísticos para inducir al prevaricato. En este caso aparece de nuevo el nombre de Rodrigo Blanco, hijo del ministro que llevó la voz cantante en este escandaloso asunto: antecedentes del primogénito hacen presumir que bien podría haber actuado como intermediario en este escandaloso caso que involucra directamente a su padre.
A quienes dispusieron la libertad de Sosa Palmerola les costará mucho explicar por qué usurparon atribuciones y cambiaron de criterio. En nuestro país, un abultado monto en un cheque no pocas veces suele pesar bastante más que cualquier código.
Por de pronto, es digno de aplauso que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados ya haya pedido a la Corte Suprema de Justicia una copia del expediente en cuestión, para analizar el desempeño de los camaristas Villalba y Buongermini. Es atinado, también, que los senadores Miguel López Perito, Adolfo Ferreiro, Roberto Acevedo y Eduardo Petta hayan solicitado al presidente del Congreso que dé un nuevo impulso al demorado enjuiciamiento político de tres ministros de la Corte, entre los que figura una vez más el cuestionado Sindulfo Blanco. Si es indignante que los paraguayos no sean iguales ante la ley ni tengan igualdad de acceso a la justicia, es lo más deplorable que la cabeza del Poder Judicial sea sospechada –una vez más– de corrupción.
Estas lamentables decisiones judiciales dan la razón a quienes con frecuencia sostienen que, en nuestro país, el que roba millones de dólares recibe mejor tratamiento que un ladrón de gallinas. Por ejemplo, Sosa Palmerola fue procesado en el Brasil por lavado de dinero y remesas de fondos a los Estados Unidos, vía Brasil y desde Ciudad del Este, donde en 2006 se constató que había denunciado falsamente el robo de ciertos maletines, en el marco del esquema montado.
Ante tan bochornoso y cuestionable caso, es de esperar que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados vuelva a sesionar cuanto antes para estudiar a fondo este expediente y que el Congreso reactive el juicio político a miembros de la Corte Suprema, al menos para el ministro Blanco. Más aún, urge que el Ministerio Público investigue de oficio la presunta comisión del hecho punible de prevaricato, independientemente de cuanto hagan o dejen de hacer los otros órganos.
Una larga y triste experiencia ha enseñado a los paraguayos a desconfiar de la honradez de sus magistrados. Es hora de sanear la judicatura, empezando por su máxima autoridad, ya que, con decisiones tan vergonzosas como la adoptada por el ministro Blanco y los camaristas Villalba y Buongermini, el Poder Judicial ofende la conciencia moral de la nación, y plantea a la ciudadanía el desafío de movilizarse para depurarlo de los prevaricadores, los haraganes y los corruptos.