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La degradación moral de los políticos ha llegado a un punto crítico. Preocupado por la situación, el obispo de Caacupé, Mons. Claudio Giménez, los ha instado a que dejen de robar. Les ha pedido con ahínco que dejen de apropiarse del dinero de los ciudadanos para no impedir su progreso. La cuestión ahora es saber si a los ladrones de guante blanco les importan los efectos perjudiciales que su enriquecimiento ilícito tiene sobre los demás. Por lo que se ha venido observando, puede asegurarse que no.
El prelado se preguntó si a los “políticos” se les enseñó a ser honestos. Es seguro que sus padres les dieron buenos consejos, y que en la escuela aprendieron que está mal quedarse con bienes ajenos. Tuvieron clases de Educación Cívica y Moral –hoy Educación Ética y Ciudadana– y muchos de ellos hasta de Religión, así que también sabrán que el robo es un pecado capital. Se les inculcó ser honestos, solo que más tarde cayeron gustosos en las muchas tentaciones propias del ejercicio del poder. Instalan a parientes en el Congreso, exigen sobornos, comparten el sueldo de los recomendados, pagan a sus caseros o niñeras con fondos públicos y viajan a lugares de ensueño con los gastos pagos o se quedan con los viáticos sin haber viajado, so pretexto de una “comisión” parlamentaria: no pueden ignorar que estas son fechorías, lo mismo que saquear un banco o estafar a un cliente. La diferencia esencial es que ellos defraudan fondos públicos, en tanto que un delincuente común se apropia de fondos privados. Es imposible que no tengan conciencia del delito; así que solo cabe concluir que además son unos descarados que se creen impunes, y a quienes les importa un bledo lo que se pueda hacer en beneficio de la ciudadanía con el dinero que defraudan sin rubor.
La podredumbre no afecta solo a la clase “política”, sino, en general, a quienes ejercen la función pública. El obispo también aludió a los funcionarios, formulando la misma exhortación y haciéndose la misma pregunta. También podría haberse ocupado, por ejemplo, de algunos jóvenes de la más antigua universidad privada del país, la Católica, los que siguiendo el mal ejemplo que cunde en los más diversos ámbitos de la política y de la función pública, compraron la falsificación de sus notas, pese a que también allí se enseña a no delinquir.
Pero el obispo hizo bien al centrarse en los “políticos”, porque sus visibles inconductas afectan a toda la sociedad y porque la putrefacción instalada en la cabeza puede expandirse a todo el cuerpo social. El mensaje que desde allí se transmite a las nuevas generaciones, gracias a la impunidad reinante, es que para prosperar no hace falta instruirse ni producir, sino que basta con volcarse a la politiquería a la sombra de algún “líder”. Así se puede conquistar un jugoso escaño para hacer lo mismo que los mentores han venido haciendo, es decir, aprovecharse del dinero de todos. No es casual que uno de los imputados en el caso de las notas adulteradas sea un expresidente del Centro de Estudiantes de Derecho y acólito del senador Juan Carlos Galaverna.
Para hacer dinero fácil en este sufrido país no es imprescindible dedicarse al contrabando: también se puede fungir de “político”, es decir, de defraudador de la confianza ciudadana.
En el Paraguay de hoy se arriba a la función pública para saquear cuanto antes y a como dé lugar. La “alternancia en el poder” ha conducido a que haya mucho apuro por aprovecharse del cargo electivo. La avidez es tremenda, no solo porque los “representantes del pueblo” tienen hambre y ganas de recuperar con creces el dinero invertido en las campañas electorales o en la compra de un buen lugar en las listas de candidatos, sino también porque los parientes y la clientela les urgen para recibir su parte del botín.
A este paso, los paraguayos de bien podrían creer que las palabras “diputado” y “senador” son injuriosas, y negar que tengan alguna relación con un legislador. Varios de ellos ya sintieron el repudio ciudadano en lugares públicos, lo cual es muy saludable y alentador en el sentido de que la gente se está volviendo cada vez más intolerante con los malandrines que gozan de inmunidad. Por eso, estuvo atinado Mons. Giménez al referirse también a la creciente indignación de la gente ante los “excesos” cometidos con los fondos públicos. Es penoso que ya se haya llegado al extremo de que un “político” no se arriesgue a dar la cara porque teme que las personas decentes lo desprecien. De todos modos, es conveniente para el país que la espantosa degradación moral de la “clase política” vaya siendo cada vez más repudiada públicamente, y que no solo sea objeto de ácidos comentarios o de frívolos chistes.
Los paraguayos y las paraguayas decentes se ven cada vez más burlados y burladas por quienes pidieron su voto solo para lanzarse al latrocinio impune. Están advirtiendo que abusaron de su confianza y son cada vez más conscientes de que, en última instancia, la avidez de los dirigentes impide que los niños asistan a escuelas bien equipadas, los enfermos sean atendidos en hospitales dotados de medicamentos y los agricultores puedan utilizar caminos transitables durante todo el año. Están sabiendo que el dinero sustraído al erario sale de sus bolsillos. Ahora saben, gracias a la transparencia forzada por ellos mismos, lo mucho que se roba desde el Congreso, pero saben también que hasta el momento ninguno de los implicados en graves atropellos a la moral y a la ley ha hecho nada por corregirse, ni la justicia lo envió a la cárcel.
En las próximas elecciones, los electores deben valorar su voto y castigar a tantos delincuentes disfrazados de políticos. Hay que empezar por preguntarse si el aspirante a ocupar un cargo electivo está o no en condiciones de desempeñarlo con honradez. Ya no se debe seguir alimentando a una clase política voraz que se nutre de las necesidades del pueblo.