Estafadores

Tal como habíamos pronosticado en nuestro editorial titulado “Repudiable destrucción de las instituciones republicanas”, publicado el 3 de junio pasado, en el que criticamos la decisión del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de habilitar para un “re-rekutu” (tres periodos) al intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, otros numerosos intendentes se consideraron beneficiados por la misma sentencia, y directa y tranquilamente inscribieron sus candidaturas para un tercer mandato municipal. Tras ser impugnada esta pretensión por el sector disidente del Partido Colorado, y luego de recorrer el expediente varias instancias, ahora el TSJE está a punto de pronunciarse al respecto.

Es decir, estos caraduras quieren que se “interprete” la ley a su conveniencia y, de esta manera, que los magistrados les otorguen una concesión que la ley no les da ni nunca quiso darles.

La fútil justificación que utilizaron los miembros del TSJE para legalizar el “re-rekutu” es tan falaz y oportunista como sencilla de entender: afirman que cuando la Ley 1830/01 fue sustituida por otra (la Ley Nº 5376/14), esta última norma abría un nuevo período político. Sin embargo, hay que fijarse qué decía la ley anterior y qué dice la nueva en relación con las reglas para las reelecciones.

La ley del año 2001 establecía que “el Intendente podrá ser reelecto en el cargo por una sola vez EN EL PERIODO INMEDIATO SIGUIENTE…”. La ley del año 2014 estableció: “El Intendente podrá ser reelecto por el voto popular por una sola vez, DE MANERA CONSECUTIVA O ALTERNADA”. (Las mayúsculas son nuestras).

¿Se nota alguna diferencia de criterio entre ambas en relación con la reelección? Ninguna. La frase agregada, “de manera consecutiva o alternada”, no se refiere al nudo de la cuestión, que es la reelección por una sola vez; lo único que hace esta frase es ampliar la posibilidad de esa segunda elección (una re-elección) para otro período que no sea el inmediato siguiente como prescribía la anterior.

Como se observa con claridad, entre una y otra norma legal, entre la de 2001 y la de 2014, el principio establecido para la reelección (ser electo solo por una segunda vez) de intendentes no se alteró en absoluto, no hubo cambio de base jurídica ni de talante político. No se ve por ninguna parte –como llamativamente hizo el TSJE– por qué hay que considerar que los dos períodos electivos ya cumplidos por los actuales intendentes deben ser puestos a fojas cero y comenzar a contar el tiempo de nuevo.

Como se está ante un asunto de eminente interés para los políticos, el caso autoriza a sospechar fundadamente que los magistrados del TSJE –Jaime Bestard, María Elena Wapenka y Alberto Ramírez Zambonini– no lo analizaron jurídicamente sino de acuerdo a conveniencias políticas coyunturales y que lo decidieron en ese sentido. Seguro que consultaron con sus referentes políticos, con las personas que desde el Congreso, el Poder Ejecutivo o las dirigencias partidarias suelen “bajar la línea política” a los magistrados y jueces.

Sea cual fuese el motivo de haberse violado tan flagrantemente la ley de limitar las reelecciones de intendentes municipales a una sola vez, ahora, luego de estos fallos, resulta que será fácil para estos funcionarios electivos quedarse en sus cargos de manera vitalicia. Para lograr esto va a ser suficiente que dentro de pocos años se vuelva a sustituir la ley que establece la limitación, agregando dos o tres palabras a sus disposiciones. Así, periódicamente, se tendrán leyes “nuevas” que, de acuerdo al criterio sentado por el TSJE, no podrán ser aplicadas retroactivamente. De modo que los plazos y las oportunidades comenzarán a correr de nuevo.

Es fácil entender por qué en países como el nuestro, con instituciones políticas raquíticas y frágiles, donde la certeza legislativa es mera ilusión y en las que en cada golpe de veleta se cambian las reglas de juego, se producen estos hechos. Hoy se allana el camino para que algunos intendentes municipales –generalmente los más inútiles y deshonestos– se queden veinte años en sus poltronas; mañana se podrá hacer lo mismo con el presidente de la República, los gobernadores o cualquier funcionario electivo que reúna suficiente fuerza como para conseguir enmendar la Constitución, promulgarse una ley para uso propio o siquiera una “interpretación” judicial como la que estamos repudiando.

Tomar muy en cuenta estos chanchullos debe servir a la ciudadanía para aprender más de nuestros políticos, de lo inescrupulosos que son capaces de ser y lo que de ellos se puede esperar. Nos enseña cómo funciona la maquinaria de conquista y conservación del poder en forma indebida, cómo se eliminan adversarios en la competencia y, sobre todo, cómo se cierran las puertas a las nuevas generaciones que aspiran a ocupar un lugar importante en la conducción política del país.

Ante esta situación queda actuar con firmeza y perseverancia para construir la institucionalidad que a nuestro país le falta tan urgentemente. Todos los paraguayos y las paraguayas debemos participar en la tarea de búsqueda de un sistema democrático sólido, que no sea tan fácilmente zarandeado por malos legisladores que legislan y peores jueces que interpretan a conveniencia de las circunstancias.

Sin embargo, nada de esto será posible si la población no se hace sentir con multitudinarias manifestaciones de repudio a estos estafadores de la fe pública que con sus desmanes siempre están manteniendo a nuestro país al borde del despeñadero.