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En indignante escuchar hablar a los políticos en estos días. Como mercachifles negocian agitadamente los más altos puestos y responsabilidades del Estado. Reclaman cuotas en cargos y privilegios y canjean designaciones o promesas de ellas con total desparpajo. Ninguna duda cabe, escuchándolos expresarse en público, de que están íntimamente persuadidos de que, por ser dirigentes políticos con influencia o legisladores, disponiendo de algún asiento en el gran teatro donde se administra el poder, gozan de atribuciones ilimitadas para comerciar con las instituciones de la Patria.
Con motivo de la famosa reelección que está siendo impulsada contra viento y marea desde varios frentes de intereses partidarios y personales, resulta que el manejo y promoción de las necesidades y proyectos del país, obligaciones que deberían mantenerse activas en el seno del Gobierno (que para esto existe), quedan postergados porque los gobernantes no disponen de tiempo que les reste para ocuparse de eso. Para ellos, el mercadeo de cargos y nominaciones goza de la prioridad absoluta.
Actualmente, en el Paraguay la política se está manejando como una feria comercial, en la que se compran, venden y permutan “valores” en tal o cual proyecto personal o grupal. De esta suerte, se produce un tira y afloja permanente, con repugnantes transacciones tales como: “si me das tu voto para la enmienda, te asigno el cargo que pediste hace tiempo”, “si me das el contrato del que te hablé, voto a favor de tu proyecto”, “si acompañás mi propuesta ahora, yo apoyo la que estás por presentar”; y así sucesivamente.
Hasta las investiduras más altas y significativas de la República están sobre el mostrador del gran remate político para su comercialización. Allí se juega el futuro de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, del contralor general, del fiscal general, de magistrados, de ministros del gabinete, de la titularidad de las entidades “extrapoder”, en fin, de la creación de nuevos cargos públicos o la extinción de privilegios anteriormente dispensados en gratificación por actos de apoyo, votos favorables o de “lealtad partidaria”.
¿Qué discuten nuestros políticos en este momento con relación a la eventual modificación de la Constitución vigente? Esto puede saberse fácilmente por medio de la prensa. ¿Acaso debaten sobre cómo mejorar las instituciones creadas por ella y fallidas, la mayor parte de ellas? ¿Cómo poner un cerrojo más seguro sobre los intereses y recursos del erario? ¿Cómo mejorar el sistema democrático para impedir un retroceso? ¿Cómo combatir más eficazmente la corrupción en el seno de la administración pública y el tráfico de influencias perniciosas dentro de la actividad política? ¿Cómo clarificar el manejo administrativo del dinero público?
Nada de esto. No se escucha una sola palabra de estos temas. Lo que sí se ventila es el gran interés en un asunto: si se remueve o no el impedimento de la reelección presidencial y la de los gobernadores, y con cuáles modalidades. Y, conjuntamente con esto, si se facilitarán o se dificultarán los procesos para juicios políticos. Si se da más poder efectivo a los legisladores o se les recorta el amplio que ya tienen. Si se incorpora o no el régimen de la doble vuelta electoral y a cambio de qué contraprestación. Si con quiénes se va a integrar la Corte, de qué partido o sector serán los candidatos a la Contraloría General, al Ministerio Público, al Consejo de la Magistratura o a cualquier otro puesto que tenga incidencia directa o indirecta en el futuro de los políticos actualmente en el ejercicio de altas funciones públicas.
Porque cada uno de estos personajes aspira a mantenerse en el cargo que tiene ahora o ascender. Cada quien quiere asegurarse impunidad total por las tropelías cometidas o por cometer. Cada quien sueña con tener más influencia en las futuras decisiones capitales. Cada político pretende lograr adquirir el poder supremo de bajar la guillotina sobre el cuello de sus rivales, si fuese necesario. Esto es lo que les importa realmente y esto es lo que están debatiendo ardientemente en estos días. ¿El país y sus urgencias? Pueden esperar.
La mayoría de nuestros políticos en ejercicio del poder están poniendo sus esperanzas más acariciadas en los proyectos de enmienda de la Constitución. Quieren cambiar algún punto de la Carta Magna que les entorpece el andar o que impide la concreción de alguna ambición. Y los legisladores a la carrera, a quienes no les importa en absoluto estos asuntos porque de donde están al único lugar al que pueden ir es a la cuneta, no tienen la intención de dar su conformidad sin recibir a cambio alguna gruesa contraprestación.
Los legisladores, a su vez, tienen también su voto en oferta en la feria de valores, sobre el mostrador del remate. Se sabe que ya fueron negociados muchos votos, pero todavía faltan algunos. En este momento, la cotización económica de la voluntad de estos políticos se habrá incrementado en forma interesante; lo suficiente como para hacer que las resistencias que estuvieron oponiendo se vayan tornando cada vez más débiles.
Entretanto, mientras los políticos negocian las instituciones y sus cargos en su mercado de abasto, el país está siendo administrado en forma precaria y provisoria. La incertidumbre de los gobernantes y funcionarios que aún no saben qué les depara el futuro se traslada a su conducta y a sus decisiones. Los asuntos y problemas que son importantes y urgentes para la gente no lo son para ellos. Es así de simple y fácil de entender la realidad actual.
No es muy complicado vaticinar que la administración de los intereses del país, estando de este modo descuartizada y sin conducción, no va a producir ningún éxito digno de satisfacción ciudadana. La tal enmienda constitucional, como no está pensada para mejorar nada importante sino para intercambiar privilegios políticos, va a conducirnos a otra temporada de agitación electoral que demandará miles de millones en gastos superfluos y empeoramiento de la parálisis gubernamental en la que ya estamos inmersos.
¿Qué hacer? El mismo sistema político que tenemos no nos permite legalmente impedir lo que sucede, pero está en manos de los ciudadanos y las ciudadanas repudiar públicamente, con determinación y en forma sostenida, a las desfachatadas autoridades y a los indecentes políticos, allí donde se los encuentre, para hacerles saber que se está en contra de que la Patria sea rematada en el mercado de las bajas ambiciones partidarias o personales.