Exigir informes sobre Municipalidades

Este momento, en que en todas las localidades del país se están realizando los procedimientos administrativos para el traspaso de mando y responsabilidades a las autoridades recientemente electas, es adecuado para que la comunidad organizada haga uso de las facultades que le otorga la Ley N° 5282, “de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”, para saber cuál es el estado en que dejan a la institución los que van saliendo. Con toda seguridad, los vecinos de muchas localidades se encontrarán con una cloaca nauseabunda, cuyos responsables deber ir a la cárcel.

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Este momento, en que en todas las localidades del país se están realizando los procedimientos administrativos para el traspaso de mando y responsabilidades entre las antiguas y las nuevas autoridades municipales (excepto en los casos de “rekutu”), es el adecuado para que, en cada una de ellas, la comunidad organizada haga uso de las facultades que les otorga la Ley Nº 5282, vigente desde el 18 de setiembre de 2014, denominada “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”, para conocer cuál es el estado en el que dejan a la institución los que van saliendo.

Suele suceder que a la hora de quejarse verbalmente contra intendentes y concejales, contra funcionarios municipales inútiles o coimeros, nadie muestra pelos en la lengua ni retacea adjetivos, pero, cuando estas mismas personas, además de “plaguearse”, tienen en sus manos otros recursos, incluso mucho más efectivos y conducentes, como por ejemplo utilizar un instrumento legal para exigirles a dichos funcionarios que respondan por sus actos, parece que los críticos ya no se animan, les da pereza tomar la iniciativa legal o se inclinan por el mínimo esfuerzo.

La ley citada fue, en su momento, celebrada como un triunfo del espíritu democrático y de la lucha de la sociedad civil contra un Estado omnipotente que, desde tiempo inmemorial, se consideraba amo y señor de sus actos, decisiones y documentaciones, que no tenía por qué compartirlos con nadie, salvo decisión voluntaria, y que no podía ser compelido a ello por ninguna autoridad –como, desde luego, era cierto– dada la tradición de autoritarismo que reinaba en nuestro país.

Pero ahora tenemos la ley “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”, que hasta hoy, sin embargo, no logra, como es de desear, cambios en el cuadro general del ejercicio concreto de los derechos de la ciudadanía.

“Toda persona interesada en acceder a la información pública deberá presentar una solicitud ante la oficina establecida en la fuente pública correspondiente, personalmente, por correo electrónico, en forma escrita o verbal, y en este último caso se extenderá un acta”, establece esta disposición. ¿Qué herramienta más sencilla que esta se necesita para poner en marcha a las comunidades del país, a sus organizaciones civiles, a los dirigentes de partidos y movimientos políticos, a los líderes de organizaciones comunitarias o religiosas, para reclamar a sus autoridades municipales –antes de que se vayan a sus casas– informes detallados sobre los asuntos de interés común?

Podrían preguntarles en qué gastaron el dinero que debían dedicar a las escuelas y centros de salud, a tal o cual obra pública o a servicios especiales. Podrían averiguar directamente cuántos funcionarios contrataron, para qué cargos se los requería, qué tareas cumplieron, su asistencia y puntualidad, si rindieron informes de su trabajo o no. Averiguar sobre las licitaciones, concursos y contratos directos, quiénes fueron beneficiarios y cuántas veces seguidas. En fin, todo lo que fue oscuro o dudoso, hechos que se denuncian a diario, podría someterse a indagación y esclarecimiento empleándose el instrumento que provee la Ley Nº 5282.

Con toda seguridad, los vecinos de muchas localidades se encontrarán con una cloaca nauseabunda, cuyos responsables deben ir a parar a la cárcel.

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