Cargando...
La detención en Zúrich de Juan Ángel Napout, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), además de expresidente del Club Cerro Porteño y de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), es ocasión propicia para insistir en que la gestión financiera del deporte más popular en nuestro país sea transparentada. Esa necesidad ya había sido planteada cuando la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos solicitó la detención y posterior extradición de varios altos dirigentes del fútbol latinoamericano, debido al lavado de dinero en que habrían incurrido tras haber recibido sobornos en el marco de la venta de los derechos de televisación de la Copa América. Todo indica que en la Conmebol se vinieron realizando operaciones dolosas y que los delegados de las asociaciones que la integran no mostraban mucho interés en conocer el trasfondo de las jugosas contrataciones, por la simple razón de que recibían una parte de los pagos irregulares.
No debe excluirse que algo similar haya estado ocurriendo y ocurra en el seno de la APF. Ya el hecho de que la administración de sus fondos sea un coto cerrado, que escapa al control de los órganos del Estado, hace suponer que allí hay mucho que ocultar. Los dirigentes de los clubes tampoco muestran interés en averiguar lo que podría estar ocurriendo tras bambalinas, acaso porque también obtienen beneficios particulares, por temor a que sus entidades deportivas no reciban el dinero distribuido por la APF o porque se dejan seducir por prebendas como viajes a los congresos y campeonatos mundiales, con estadías pagas en lujosos hoteles.
En estas condiciones, los aficionados no tienen idea de las sumas que se manejan ni del destino de estas. Las sospechas vienen de hace mucho tiempo, y las respuestas invariables de Napout eran, palabras más, palabras menos: “Todo está claro, allí están los documentos”. Hoy los documentos dicen otra cosa, y conocemos algunos detalles por obra y gracia de la Justicia estadounidense.
El presidente actual de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Alejandro Domínguez, también acostumbra a responder de la misma manera ante las requisitorias periodísticas, por lo que, más que invocar de palabra la honorabilidad de su administración, debe abrir los documentos respaldatorios al escrutinio público.
Da para pensar que cuando, hace unos meses, el gerenciador del club Olimpia de Itá, José Roldán, reveló cuán exiguos son los aportes anuales de la APF a los clubes de la Primera B y de la Primera C, tanto que serían inferiores en total a lo que la selección paraguaya de fútbol gastó en Buenos Aires en solo dos días, el objetor fuera inmediata y arbitrariamente sancionado por la APF, lo que bien puede entenderse como un mensaje dirigido a todos aquellos que quieran meterse en lo que se desea ocultar.
Si los clubes y la opinión pública tienen derecho a saber, también lo tiene el Estado, porque el escándalo desatado a nivel mundial muestra que en nombre del fútbol se ha estado incurriendo en execrables delitos. Además, nuestra Ley del Deporte exonera del pago de impuestos nacionales a las entidades deportivas registradas en la Secretaría Nacional de Deportes (art. 24), entre las cuales figura la APF. Ellas “no podrán perseguir fines de lucro” (art. 33), pero como el fútbol profesional genera considerables ingresos, incluso para los jugadores profesionales, el Ministerio de Hacienda tiene derecho a verificarlos para la liquidación del impuesto a la renta, accediendo a los contratos respectivos.
De lo que se trata es de transparentar una administración opaca, que da pie a muy serias sospechas. Si quienes están al frente del fútbol paraguayo tienen las manos limpias, deben dejar de actuar en la oscuridad y poner todas las cartas sobre la mesa. Los propios clubes y hasta los jugadores deberían interesarse en el tema.