Festín en las municipalidades

Varias municipalidades del país están presentando solicitudes de préstamos bancarios para cubrir salarios y jornales. Si esos rubros estaban previstos en los presupuestos, entonces se esfumaron antes de tiempo y los administradores comunales llegaron a fin de año sin dinero para remuneraciones, posiblemente por un significativo incremento de planilleros durante el periodo electoral. La propia Municipalidad de Asunción recurrió a dos préstamos por un valor total de nada menos que 56.000 millones de guaraníes. En estas entidades, los intendentes y concejales conformaron verdaderas bandas para disponer del dinero público para sus negocios particulares, sus campañas electorales y para conservar su clientela prebendada.

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Varias municipalidades del país están presentando solicitudes de préstamos bancarios para cubrir salarios y jornales. ¿Cómo es posible que estos rubros no hayan estado previstos en sus respectivos presupuestos? Lo que ocurre es que sí estaban previstos, porque esta previsión es algo que se produce mecánicamente al elaborarse estas ordenanzas, pero dichos fondos se esfumaron antes de tiempo y los administradores comunales llegaron a fin de año sin dinero para remuneraciones, posiblemente por un significativo incremento de planilleros durante el período electoral. Es lo que ocurrió en la Comuna asuncena, que se vio obligada a recurrir a dos préstamos para pagar a sus asalariados, por un monto total de nada menos 56.000 millones de guaraníes.

Entonces se pone a funcionar la maquinaria de corrupción conformada por los intendentes y los concejales que le dan su apoyo, conformando verdaderas bandas para disponer del dinero público para sus negocios particulares, sus campañas electorales y la conservación de su clientela prebendada.

La Ley Orgánica Municipal (LOM) establece un límite para que cada Municipalidad gaste en sueldos y salarios. Específicamente, su artículo 179 prescribe que “Las municipalidades no podrán gastar en servicios personales más del 60% de sus ingresos corrientes ejecutados, según el último informe anual de ejecución presupuestaria”.

Por otra parte, es obvio que las remuneraciones del personal municipal deben estar establecidas en la Ordenanza de Presupuesto, de acuerdo con las posibilidades económicas de cada Comuna; pero he aquí que los intendentes y concejales abarrotan sus instituciones de planilleros y contratados de diversos pelajes, a los cuales tienen que pagarles remuneraciones que superan ampliamente lo previsto en el presupuesto, además de violar flagrantemente la limitación establecida en el artículo 179 citado.

En este momento (antes hubo otras, como la de Villa Hayes, y, de seguro, luego se agregarán más) las municipalidades de Capitán Miranda y Ayolas ya se “organizan” para pagar sus salarios caídos y por recurrir a préstamos bancarios. En el caso de Ayolas, es la tercera vez que recurre a esta medida. Pero el pedido elevado a la Junta por el intendente de esa localidad ilustra el caso de manera muy sencilla: el intendente necesita plata para pagar salarios y aguinaldo de ¡111 funcionarios! Pero además, para dietas y gastos de representación de los doce concejales. ¿Le negarán su voto estos doce? ¿O pedirán la intervención de la Intendencia para que se averigüe por qué faltó el dinero? Con toda seguridad, ni lo uno ni lo otro, porque los concejales son tan corresponsables de los despilfarros.

Las administraciones municipales, en su gran mayoría, están viciadas con la más nauseabunda corrupción, a lo que se asocia un desorden administrativo inenarrable. Las disposiciones de la LOM referidas a los cuidados administrativos son pasadas por alto sin que haya sanción para ninguno, simplemente porque, en esto de robar o despilfarrar recursos, los concejales y los intendentes forman asociaciones de “ayuda mutua”. En estas condiciones, ¿quién va a vigilar a quién? ¿Quién va a investigar a quién? ¿Quién va a sancionar a quién?

El día que el país recupere a esa institución fundamental para él (en este momento perdida, anulada, inservible), que es la Contraloría General, y si se la pone en las manos correctas, entonces se podrá comenzar a soñar con que las municipalidades dejen de ser cuevas de políticos bandidos que se sirven de ellas para engordar sus propias fortunas y alimentar a su clientela partidaria electoral.

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